El cribado neonatal "sin desigualdades" logra su primer 'ok' del Congreso

La proposición de ley del PSOE para garantizar la homogeneización del cribado neonatal en España inicia su tramitación parlamentaria después de que, este martes, el pleno del Congreso haya aprobado su toma en consideración por 307 a favor, 7 en contra y 33 abstenciones. Los grupos parlamentarios ajenos a los dos socios de Gobierno, el propio PSOE y Sumar, han anunciado que registrarán enmiendas. Los grupos regionalistas han advertido del riesgo de invasión competencial a las comunidades autónomas y Vox, en el otro extremo ideológico, ha abogado por un sistema sanitario centralizado para solucionar las inequidades territoriales en los programas de cribados.

En esencia, el proyecto normativo busca unificar los programas de cribado neonatal para, así, evitar las “desigualdades importantes” que existen entre las comunidades autónomas y que afectan, especialmente, a las enfermedades raras. En la exposición de motivos se recuerda que, a raíz de la reforma en 2012 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), las regiones “pueden incorporar en sus propias carteras de servicios una técnica, tecnología o procedimiento no contemplado en la cartera común, estableciendo para ello los recursos adicionales necesarios”.

Eso implica que, además de las 12 enfermedades incluidas en los paneles de detección de los programas territoriales, las autonomías hagan cribados de otras patologías incorporadas en sus respectivas carteras de servicios, lo cual aumenta el número de enfermedades a 43, según el último informe de seguimiento del programa, que data de 2023.

La proposición de ley socialista plantea reformas en la Ley de Cohesión y Calidad del SNS y en el Real Decreto de la cartera de servicios comunes “que buscan garantizar la actualización y mayor cohesión de los cribados neonatales en España, asegurando efectividad clínica, equidad territorial y formación a los profesionales”.

Choque entre el Gobierno y el PP por la gestión de cribados

Se trata, según la diputada socialista Inés Plaza, de una iniciativa “esencial para la salud pública y la equidad territorial”. “La equidad se construye, la salud se defiende y la vida de un recién nacido no admite desigualdades”, ha dicho la portavoz del partido en la Comisión de Derechos Sociales, que ha aprovechado la ocasión para atacar al Gobierno andaluz por la crisis de los cribados de cáncer de mama: “Es violencia institucional hacia las mujeres”.

Antonio Cavacasillas, del PP, ha defendido la gestión del caso por parte de la Junta de Andalucía, a través de su plan de choque y la depuración de responsabilidades, y ha acusado al PSOE de querer “marcar la agenda” de la ministra de Sanidad, ligada a Sumar. De paso, ha arremetido contra la propia Mónica García: “Defender el cribado es defender la equidad, la cohesión territorial y la justicia social, no desde el activismo que promueve la ministra de Sanidad, sino desde el rigor técnico y la gestión responsable que defiende el PP”.

Cavacasillas ha lamentado que la proposición de ley carezca de “dotación presupuestaria revisable” y de “avance en la coordinación entre administraciones”, y ha echado en falta medidas para que “el avance técnico y científico no dependa de la voluntad política”.

Alda Recas, de Sumar, ha reconocido la “necesidad de agilizar los procedimientos” para ampliar programas de cribados, pero ha defendido la gestión del Gobierno en los últimos años recordando que, en el último año y medio, se ha pasado de contar con siete patologías obligatorias en los programas de cribado neonatal a 22: “La última vez se incorporaron 10, en el Consejo Interterritorial en el que huyeron los consejeros del PP”.

Preocupación por la "invasión" competencial a las CCAA

Al respecto de la financiación, Etna Estrems, de ERC, ha criticado que el PSOE no haya construido su propuesta tras dialogar con las comunidades autónomas: “Si ustedes hacen unas bases y nosotros financiamos, esto no es coordinación, es centralización encubierta”. En la misma línea, Joseba Agirretxea, del PNV, ha mostrado su “preocupación” por la “capacidad que se autoadjudica el Estado” para “evaluar a las comunidades autónomas”, con el riesgo de “interferir” en su “autonomía”. Su partido registrará enmiendas para evitar esa invasión competencial, al igual de Bildu, según ha anunciado Marije Fullaondo.

La portavoz más crítica en este sentido ha sido Pilar Calvo, de Junts, que ha acusado al PSOE de una “doble invasión competencial”: a las competencias de Cataluña y a Sumar, ligado al Ministerio de Sanidad: “No sabemos si es que le están leyendo la cartilla a Mónica García”.

Vox exige una sanidad centralizada para asegurar la equidad

En el caso de Vox, María Ruiz ha alertado de la “grave injusticia social” en el acceso a cribados neonatales a causa del “fracaso del Estado de las autonomías”: “De los polvos de la descentralización de la sanidad pública vienen estos lodos”. Según Ruiz, “sólo la centralización de la sanidad pública” puede “garantizar que todos los españoles tengan derecho a una sanidad equitativa y de calidad”.

La diputada conservadora ha avanzado el apoyo de su partido a la iniciativa del PSOE, pero también el futuro registro de enmiendas. Además, ha acusado a los socialistas de querer “capitalizar” el trabajo de las asociaciones como la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder) para “colgarse una medalla que no se merece”.

Por último, ha augurado que las medidas que se aprueben en este sentido no podrán ponerse en marcha por la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE): “¿Qué van a hacer las comunidades autónomas que no tienen recursos pero sí van a tener la obligación de implantar esta ley?”

¿Qué plantea el PSOE para unificar cribados neonatales?

El PSOE plantea en su proposición de ley que el Ministerio de Sanidad, “en coordinación con las comunidades autónomas”, garantice la “evaluación periódica” del programa de cribado neonatal de enfermedades congénitas en prueba del talón cada dos años, como mínimo. Para ello, propone que se incluyan, “al menos”, criterios de “efectividad, clínica, calidad, equidad territorial, coste-efectividad y actualización de enfermedades incluidas”.

Además, se sugiere que sea la Ponencia de Programas de Cribado Poblacional la que evalúe el programa al menos cada dos años, “considerando la experiencia de las comunidades autónomas con programas más amplios”. Además, se propone que, en el plazo de un año, el Gobierno apruebe un reglamento para desarrollar “el procedimiento especifico, criterios y requisitos de evaluación del cribado neonatal”, previa consulta al Consejo Interterritorial.

Se propone ese mismo plazo, un año, para que el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas y la Ponencia de Programas de Cribado revisen los programas en las comunidades autónomas para actualizar la cartera común de servicios e incluir “todas las enfermedades que cumplan en estos momentos criterios de efectividad clínica, coste-efectividad y ética-legal”.