La disparidad de métodos de aborto en el SNS limita su accesibilidad

La heterogeneidad entre comunidades autónomas vuelve a ser una realidad cuando se trata de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La disparidad en el acceso a centros públicos se ve reflejada en el método aplicado, esto es, farmacológico o quirúrgico, con grandes diferencias en procedimientos disponibles entre un territorio y otro. Por tanto el camino a seguir, según la Sociedad Española de Contraconcepción (SEC) debe pasar por armonizar la oferta dentro de la sanidad, de manera que, la paciente, siempre pueda elegir. En otras palabras, "que no se abogue ni por un método ni por otro en exclusiva".

Para ello, la Administración debe poder garantizar ambos métodos y corregir dichas diferencias, apunta Abel Renuncio, ginecólogo y portavoz de la entidad. "Cualquier otra cosa ya sería un ofrecimiento sesgado a las mujeres. Se las está privando incluso de ejercer esa libertad de poder decidir". Y es que hay comunidades autónomas en las que "no se les ofrece en la sanidad pública ni un método ni otro". "Partimos de una inequidad tal entre territorios que el gran problema, a nuestro punto de vista, es que no hay una homogeneidad", reitera. 

Las cifras son claras, en este sentido. En estos momentos, el método farmacológico resulta predominante en las comunidades con mayor proporción de IVE en centros públicos, como Cantabria (86,4 por ciento), Navarra (76,5 por ciento, La Rioja (68,2 por ciento) y Galicia (68,1 por ciento), frente al predominio del método quirúrgico en Andalucía y Madrid, donde la prestación recae mayoritariamente en centros privados.

El especialista niega por tanto, tal y como apuntaban algunas voces asociativas, que las mujeres rechacen el método farmacológico ya que "optan por ambos tratamientos". De hecho, se ha visto un auge de este procedimiento -con un aumento del 31 por ciento en sintonía con el crecimiento del abordaje en la pública del 22 por ciento- dadas las ventajas que ofrece. Renuncio habla en concreto de los riesgos quirúrgico-anestésicos que se evitan al no haber una intervención, de su alta eficiacia y la levedad de los efectos secundarios. "Lo que se suele notar es el dolor y el sangrado que puede acompañar al tratamiento. La mayoría de las veces es algo manejable ambulatoriamente con una analgesia oral". 

Mayor intimidad y accesibilidad 

De hecho, según el facultativo "hay mujeres que lo prefieren porque hablan de que es algo más fisiológico, en el sentido de que puede simular un aborto espontáneo que puedan tener", detalla. Además, el hecho de optar por una medicación en vez de realizar una intervención, puede faciltiar también la accesibilidad en palabras del experto, puesto que la paciente no tiene por qué estar en un centro hospitalario y por tanto, no se necesita disponibilidad de quirófano. "En una consulta en el centro de salud al que la paciente acude normalmente, se podría hacer el tratamiento. No requiere una infraestructura y se evitan posibles demoras", argumenta, a pesar de que este tipo de intervenciones siempre están clasificadas como urgentes. 

Más allá de la logística, este escenario, no solo permite a las mujeres mayor "intimidad y discreción", sino que evita un posible desplazamiento, especialmente importante en el caso de aquellas mujeres "que no disponen en una cercanía próxima de un centro sanitario o de una clínica concertada", y con ello, complicaciones derivadas a nivel laboral, familiar o en relación a los cuidados. "Muchas mujeres optan por el farmacológico porque lo pueden hacer ellas mismas en su domicilio, acompañadas también por quien ellas deseen y recibiendo apoyo". 

Control posterior 

Sin embargo, mientras el tratamiento quirúrgico es inmediato, estos casos requieren un control posterior para confirmar, a partir de los 7 días posteriores como mínimo, que se ha producido ya la finalización del embarazo y que puede servir también para evitar futuros embarazos no deseados. Además, señala como "pequeño inconveniente" tiene que ver con la posibilidad mínima - en torno al 1 por ciento - de que el tratamiento falle, lo cual podría requerir "una segunda dosis o en última instancia en algún caso, un tratamiento quirúrgico". 

En cualquier caso, de lo que se trata, afirma Renuncio, es de "establecer circuitos efectivos, circuitos que no sean ineficaces y no creen disparidades también entre unos centros y otros dentro de la misma comunidad autónoma o provincia". 

El experto considera que sería positivo contar con un refuerzo legal, como ha hecho Francia al blindar el aborto en la Constitución, de cara a aumentar la visibilización. Uno de los principales problemas que adolece la interrupción del embarazo, ya que sigue siendo un proceso estigmatizado, incluso entre aquellos profesionales que lo realizan "por una falta de normalización y visibilización. "Por otro lado, también contribuiría a normalizar la interrupción de embarazo dentro de los derechos que deben garantizarse a la población y a las mujeres", destaca.