Mesas sectoriales, eje del Estatuto Marco contra el acoso sexual en sanidad

Casi la mitad de las enfermeras y fisioterapeutas en España ha sufrido situaciones que podrían constituir acoso sexual, según revela una reciente encuesta del Sindicato de la Enfermería (Satse). Los testimonios son variados: desde actitudes inapropiadas hasta coacciones para ser besadas por compañeros, pacientes o superiores. Las historias se repiten con mucha frecuencia, aunque solo en el 15 por ciento llegan a ser notificadas al centro sanitario o denunciadas. En este contexto, varios sindicatos que forman parte del Ámbito de Negociación consideran que el Estatuto Marco de la Sanidad es una herramienta clave para combatir la violencia y el acoso por razón de sexo en el ámbito sanitario. La llamada Carta Magna de la Sanidad ya abordaba esta cuestión, aunque, según han trasladado, de forma "muy deficiente". La nueva actualización, sin embargo, incorpora importantes avances. Entre ellos, la obligación de negociar los planes de igualdad y los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo en las mesas sectoriales de cada comunidad autónoma.

Un cambio en el trato de la violencia machista en el Estatuto Marco

Paloma Repila, secretaria de Estado de Acción Sindical de Satse, ha cargado duramente contra la falta de blindaje que ofrecía el Estatuto Marco de la Sanidad frente al acoso sexual hasta su última reforma. "Estaba muy desactualizado en este sentido. Partíamos de una herramienta muy deficiente porque no se había contemplado nada", ha asegurado en una llamada con este periódico. Explica que ni siquiera se recogía el “acoso por razón de sexo" y que el régimen sancionador tipificaba el acoso como falta muy grave o grave, pero sujeto a interpretación.

En esta línea, desde Comisiones Obreras (CCOO) señalan a este medio que el borrador de la reforma legislativa sigue considerando el acoso sexual como falta muy grave, pero añade otros tipos de acoso en el epígrafe: moral, por razón de sexo, discapacidad, edad u orientación sexual. Además, se eleva el nivel de gravedad del acoso que genere un entorno laboral hostil para la persona afectada, aunque se habla, en general, de acoso laboral, no específicamente de acoso sexual.

Asimismo, en el apartado de derechos individuales del personal estatutario se propone agregar el derecho al "respeto a la intimidad, orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, características sexuales, diversidad familiar y propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso laboral o sexual y por razón de sexo". En el artículo relativo a los derechos ejercidos colectivamente se plantea contar, por un lado, con "un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI” y, por otro, con “un protocolo contra el acoso y la violencia por orientación sexual, expresión de género, identidad de género, características sexuales y diversidad familiar".

En este punto, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) destacan el artículo 56, que establece que las mujeres víctimas de violencia de género o sexual que se vean obligadas a abandonar su puesto de trabajo en la localidad donde ejercen, para garantizar su protección o su derecho a recibir asistencia, tienen derecho a ser trasladadas a otra plaza de la misma categoría profesional sin necesidad de que exista una vacante previa. "Si una mujer, por el acoso sufrido, necesita trasladarse para protegerse, no hace falta que haya una vacante concreta: se le buscaría otra plaza en su categoría profesional", explican. Añaden, además, que "las comunidades autónomas facilitarán la movilidad entre los servicios de salud para asegurar este derecho efectivo a la movilidad". En este sentido, subrayan que las autonomías, tal y como recoge el texto actual del Estatuto, están obligadas a coordinarse entre sí para identificar plazas disponibles y garantizar este derecho.

Las mesas sectoriales de las CCAA, clave en la actualización

Pese a los múltiples cambios, CCOO y Satse coinciden en que la obligación de negociar los planes de igualdad y los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo en las mesas sectoriales de cada comunidad autónoma es una de las novedades más relevantes. "Nosotros incidimos en esa obligatoriedad", señalan desde CCOO. Por su parte, Repila añade que, hasta ahora, se trataba de una recomendación que, aunque deseable, no se ponía realmente sobre la mesa. "Hay sistemas de salud que no tienen nada, ni siquiera un borrador en este sentido, y esto lo obliga. Que ya esté por escrito que tiene que haber una negociación de planes de igualdad con una serie de consideraciones muy tasadas legalmente da la herramienta para hacer un seguimiento y denunciarlo donde corresponda", asegura.

No obstante, insiste en que aún quedan retos pendientes: "Tienen que quedar muy claros los circuitos, tiene que quedar muy claro cómo aterrizas el protocolo en el centro para que no se quede en teoría. Tiene que llegar a los profesionales y, además, los mandos intermedios deben estar muy sensibilizados en este tema". Desde el Sindicato de Enfermería subrayan también que, pese a que el Estatuto Marco incorpore la obligatoriedad de los planes de igualdad en todos los servicios de salud, es esencial desarrollar e implementar los protocolos. "Una de las características de los planes de igualdad es que deben estar actualizados y acompañarse de un informe con una cronología. Se elabora un diagnóstico y se tienen que diseñar medidas de mejora. Y creo que ahí, en la difusión y en el aterrizaje de algo tan teórico en cada centro de trabajo, los sindicatos tenemos un papel fundamental", sentencia Repila. En la misma línea, la Confederación Intersindical Galega (CIG) insiste no solo en la necesidad de unos protocolos claros, sino también en la aprobación "de medidas preventivas adaptadas a cada situación, tanto organizativas y estructurales como formativas".

Por su parte, CSIF pone el foco en la labor de las comunidades autónomas. En referencia al artículo 31 de la norma marco de la sanidad, recuerdan que el Estatuto Marco es una ley de mínimos. "Luego son las comunidades quienes tienen que desarrollarlo. Son ellas las que, cuando se apruebe, deberán recoger sus pactos y llevarlos a cabo”, insisten. Por ello, aunque permanecerán vigilantes respecto a la implantación de los nuevos protocolos, reconocen que la reforma “les parece bien". Sin embargo, matizan que será necesario estudiar "cómo se puede reforzar la protección contra el acoso".