"No volver con el agresor": la urgencia médica tras un abuso infantil

Uno de cada 5 menores en España es víctima de violencia sexual. Sin embargo, según datos de la asociación Redime, solo el 50 por ciento de los menores abusados revela su situación. Ante este panorama, las consultas de Pediatría se convierten en un enclave imprescindible en la detección de posibles casos de abuso sexual infantil (ASI). “La Atención Primaria es el nivel clave para la detección precoz y el acompañamiento longitudinal. Actúa como nexo, registra síntomas, deriva a servicios especializados y mantiene el seguimiento y la protección de derechos tras la intervención”, explican a este medio José Ignacio Pérez, coordinador del grupo de Pediatría Social y Comunitaria de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), y Aitor San Martín, pediatra y miembro del Grupo de Pediatría Social y Comunitaria.

En la misma línea, son muchos los menores que encuentran en su enfermera escolar la confianza necesaria para contar el abuso. “El niño o la niña empieza el colegio a los tres años y se va a los 18. Todo ese recorrido la enfermera lo hace con él, por eso es más frecuente que pueda tener confianza con ella y decírselo”, explica Natividad López, presidenta de la Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar (Amece), a Redacción Médica.

Cómo detectar el abuso sexual infantil desde la Atención Primaria

“La enfermera está formada para ello. Suele ser una herramienta para detectar todo tipo de abusos”, explica López, que insiste en la importancia de prestar atención a los cambios contextuales. “Muchas veces duerme mal, está triste, no quiere contar nada y se encierra sobre sí mismo”, asegura. Por su parte, en el plano emocional los pediatras hablan de conductas sexualizadas no acordes con la edad o el desarrollo evolutivo, retraimiento, ansiedad, depresión, cambios bruscos de humor, insomnio o pesadillas, miedos inusuales, regresión, bajo rendimiento escolar, autolesiones o intentos de fuga, hipervigilancia o pánico ante determinadas personas o entornos. Asimismo, ponen el foco en lo que ellos pueden detectar en consulta: las señales físicas. “Lesiones anogenitales inexplicables, infecciones de transmisión sexual (ITS), dolor o sangrado sin causa clara y embarazo precoz”, enumeran.

Sin embargo, pese a los posibles indicios, la psicóloga especialista en Psicología Clínica, Gloria Bellido, confiesa que es “muy difícil” detectar el abuso. Por ello, en el momento en el que o bien se produce una revelación por parte del menor o en el que se empiezan a detectar posibles indicios, es fundamental tener claro cómo actuar para minimizar al máximo el daño al niño o la niña. “Es importante que el profesional sepa que no tiene que ponerlo en duda, que no lo tiene que cuestionar, que no le tiene que hacer muchas preguntas, sobre todo aquellas que le puedan hacer sentir incómodo o sentir culpable, evitando el ‘por qué no lo han dicho antes’ o ‘por qué te comportas de esta manera’”, subraya. “Muchas veces los propios niños no saben muy bien por qué han podido actuar así en algún momento. A ellos les cuesta mucho entenderlo”, agrega. Por otra parte, cuenta que hay que tratar de recoger la revelación de la manera más textual posible de lo que dice el niño con las palabras que él utiliza.

Sobre esto, Natividad López subraya la importancia de mantener el vínculo de confianza con el menor para lograr conocer el mayor número de detalles posible y, al mismo tiempo, evaluar su estado psico-físico. Mientras tanto, José Ignacio Pérez y Antón San Martín nos hablan del deber del profesional. Este incluye garantizar la seguridad y contención emocional de la persona menor de edad; registrar objetivamente cualquier relato o hallazgo, sin interrogar ni presionar, para evitar la revictimización y preservar el valor de la prueba; en casos de agresión sexual con penetración ocurrida en los últimos diez días, la derivación hospitalaria inmediata es prioritaria para la recogida de evidencias biológicas y la profilaxis postexposición; notificar de forma inmediata y obligatoria la sospecha a los Servicios Sociales de Protección de Menores y a la Fiscalía de Menores, conforme a la Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI) y al Protocolo Común Sanitario del SNS; avisar a las fuerzas de seguridad o derivar al hospital si existe riesgo vital, lesiones, riesgo de pérdida de pruebas o la persona presuntamente agresora pertenece al entorno familiar o conviviente. Sobre esto, matizan la necesidad de “no informar a familiares ni a la persona sospechosa si esto puede poner en peligro a la persona menor de edad”. En este sentido, según los datos del reciente informe de Save the Children Por una justicia a la altura de la infancia, en 8 de cada 10 casos de abuso sexual infantil la persona agresora es conocida, en mayor o menor grado, por los niños y las niñas, y más del 40 por ciento corresponden al entorno familiar.

“No será lo mismo si es una persona con la que el niño o adolescente no convive. En este último caso será más sencillo poder informar a los padres o a los cuidadores de la situación y ponerles en preaviso para que puedan proteger al menor y evitar el contacto con esta persona”, relata Bellido. No obstante, la situación se complica cuando el agresor convive con el niño. “Son las situaciones más urgentes, porque la idea sería que si la víctima hace una revelación en un hospital o ante un profesional, ese niño no tenga que volver en ningún caso a casa con esa persona agresora, sino que se pueda buscar alguna solución inmediata. Por eso es importante, si se detecta esta situación, intentar llamar inmediatamente a los servicios de protección”, añade.

Servicios especializados como clave para tratar el abuso sexual infantil

Por su parte, los pediatras vuelven a insistir en su papel de enlace entre servicios y en su capacidad no solo de dar la voz de alarma, sino de seguir la evolución de los menores. “Toda sospecha se comunica formalmente a protección de menores y Fiscalía, coordinándose con trabajo social sanitario. Se activa la unidad de salud mental, hospitalización o recursos policiales/judiciales según la urgencia y gravedad”, explican. La Fiscalía y los servicios de protección a la infancia reciben siempre la notificación oficial ante toda sospecha de abuso sexual infantil, activando cuando procede la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Además, en varias comunidades autónomas se está pilotando el modelo Barnahus (Casa de los Niños y Niñas), que integra en un mismo espacio sanitario, judicial y social la atención a las víctimas. “Aquí trabajan, sobre todo, pediatras y psicólogos clínicos. El pediatra se encarga de valorar si hay algún tipo de enfermedad médica, alguna enfermedad de transmisión sexual, algún problema a nivel ginecológico, por ejemplo, y hacer el tratamiento que corresponda. El psicólogo clínico trata de valorar si hay un trastorno de estrés postraumático o algún otro trastorno derivado de la situación de violencia sexual vivida por el niño para hacer el tratamiento psicológico”, cuenta Bellido, que insiste en que este es un modelo recomendado por la Unión Europea para evitar la revictimización de los menores.

Finalmente, los cuatro profesionales entrevistados por este periódico coinciden en que, a pesar de haberse producido avances en este sentido, es necesario continuar mejorando. Bellido apuesta por el desarrollo de programas como los modelos Barnahus. “Los profesionales de Atención Primaria tienen que saber de muchísimos temas y el hecho de que haya servicios especializados a los que se pueda consultar de forma rápida para mí es lo fundamental para que los puedan guiar. Son situaciones que nos pueden generar mucha duda, mucha angustia, porque son muy duras. De ahí la importancia de que exista una guía”.

Además, la formación se sitúa como un elemento clave de esta educación. “Muchos profesionales no dominan las claves de la entrevista, el registro, la notificación ni la coordinación con protección. La formación continuada y la simulación de casos son áreas críticas a reforzar”, defienden ambos pediatras, que también señalan la importancia de aplicar estructuras como el Programa de Identificación del Riesgo Biopsicosocial (PIRB), para detectar precozmente situaciones de riesgo. Sobre esto, Natividad López destaca la necesidad de impulsar la figura de la enfermera escolar en todos los centros educativos. “Ayudaría a tenerlos controlados diariamente, ya no solo en la visita que haga el pediatra, sobre todo en el tema de la educación”, concluye.