El vaivén de la reforma fiscal deja en el aire la "singularidad" sanitaria

El economista español Ángel de la Fuente analiza en ‘¿Dónde estamos en la reforma de la financiación autonómica?’, un reciente informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) la evolución de la propuesta de reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), desde el acuerdo inicial entre PSC y ERC hasta el anuncio más reciente del Gobierno. Según el estudio, la posible eliminación o agilización del sistema de entregas a cuenta permitiría reducir el desfase temporal y mejorar la rendición de cuentas y la responsabilidad fiscal. De la Fuente advierte, sin embargo, que el Gobierno ha optado por ralentizar el proceso y parece dispuesto a diluir el acuerdo original, aunque sin renunciar a introducir ciertos elementos de singularidad aún por concretar. Una decisión que podría provocar la erosión del principio de caja única

El acuerdo con Cataluña sobre la financiación autonómica

La reforma del Sistema de Financiación Autonómica echó a andar en julio de 2024 con el acuerdo de investidura entre PSC y ERC que permitió la llegada de Salvador Illa a la Generalitat. Aquel pacto apostaba por un modelo “singular” para Cataluña, articulado sobre la idea de una supuesta soberanía fiscal y la necesidad de aumentar los recursos disponibles para la comunidad, bajo la tesis del “maltrato fiscal”. El esquema contemplaba la cesión progresiva del 100 por cien de los tributos estatales y su gestión por una Agencia Tributaria catalana, además de la aplicación estricta del principio de ordinalidad. Ya a comienzos de 2025, el catedrático Javier Suárez advertía de la complejidad de modificar un sistema en un país tan descentralizado como España, donde las autonomías asumen servicios esenciales como sanidad y atención social. 

Suárez alertó también de que una financiación “singular” para Cataluña podría dificultar una redistribución equitativa de recursos y, en consecuencia, la provisión homogénea de servicios públicos. El economista señaló que reducir la solidaridad apelando, a su juicio, a un principio de ordinalidad mal interpretado, limitar la capacidad del Estado para distribuir inversiones y entregar la ‘llave de la caja’ a las comunidades mediante sistemas similares al concierto constituye un mal negocio para la igualdad entre españoles. Advirtió además de que esta vía solo serviría para perpetuar las diferencias actuales entre territorios.

En este contexto, la creciente presión política y territorial llevó al Gobierno a frenar la iniciativa a finales de 2025. El Ejecutivo optó por diluir el acuerdo inicial sin renunciar del todo a ciertos elementos de singularidad. En noviembre, durante el CPFF, la ministra de Hacienda anunció que iba a presentar una propuesta integral a principios de 2026, con aplicación general para todas las comunidades. El plan en debate prevé una gestión tributaria en red, un aumento global de recursos, la reducción de desequilibrios territoriales, mayor capacidad normativa y una profunda reforma del sistema de entregas a cuenta, pero su evolución sigue generando críticas.

Luces y sombras del Sistema de Financiación Autonómica

Para Ángel de la Fuente, la evolución de la propuesta de reforma del Sistema de Financiación Autonómica refleja la voluntad de avanzar hacia un reparto más equitativo de recursos y reducir las amplias diferencias de financiación por habitante ajustado. Además, la posible eliminación o agilización del sistema de entregas a cuenta, que permitiría acortar desfases temporales y mejorar la rendición de cuentas y la responsabilidad fiscal, es un punto a favor. Sin embargo, advierte de que las debilidades del plan pesan más que sus fortalezas.

En su opinión, el debate abierto en torno a la reforma ha contribuido a reactivar y legitimar el relato independentista del supuesto “maltrato fiscal”, un discurso que, para él, el PSC-PSOE ha asumido parcialmente y que podría alimentar nuevas reivindicaciones de soberanía tributaria. También alerta del riesgo de erosión del principio de caja única: la apuesta por un modelo asimétrico y una gestión tributaria “en red” podría fracturar el sistema y dejar al Estado en una posición fiscal más frágil.

De la Fuente señala, además, los costes e ineficiencias derivados de repartir funciones de la Agencia Tributaria entre administraciones sin la necesaria escala o experiencia, así como el impacto que tendría una fuerte inyección de recursos adicionales sin exigencias claras de disciplina fiscal.