La reforma farmacéutica europea será más dura con el suministro de fármacos

La obligación (introducida por los colegisladores, no por la Comisión Europea) de que los laboratorios deban comercializar sus medicamentos bajo petición de cualquier Estado miembro es un mecanismo pensado para reducir desigualdades entre países, pero que ha generado inquietud en la industria, especialmente en mercados pequeños o sujetos a mayor incertidumbre en sus procesos de precio y reembolso.

Bruselas marca distancia. "La obligación de los fabricantes para abastecer medicamentos bajo petición de un Estado Miembro es un nuevo elemento introducido por los colegisladores y no era parte de la propuesta inicial de la Comisión ni tampoco era parte de su análisis de impacto", señalan fuentes de la Comisión, preguntadas por Redacción Médica.

Por ello, el Ejecutivo señala que, "en este punto de las negociaciones interinstitucionales, no podemos comentar sobre su contenido", evitando posicionarse sobre un aspecto que no diseñó y cuya viabilidad técnica no había sido evaluada en su propuesta original.

Mientras el Consejo mantiene una postura más neutral en materia de periodos de protección regulatoria y el Parlamento reclama más modulación, este nuevo elemento se ha convertido en un obstáculo adicional para el avance del trílogo.

Un objetivo prioritario

La Comisión Europea ha respondido con prudencia al creciente bloqueo en torno a uno de los puntos más sensibles del paquete farmacéutico. La propuesta, impulsada durante los trílogos, de obligar a las compañías a lanzar sus medicamentos en todos los Estados miembros y someterse a un posible régimen sancionador si no cumplen con esta obligación.

Un planteamiento que ha tensado las conversaciones y que ya ha sido señalado tanto por la industria como por varios grupos políticos como uno de los principales focos de resistencia.

A preguntas de este medio sobre cómo valora el Ejecutivo comunitario este atasco, la Comisión recalca que el acceso de los pacientes a medicamentos en todos los países es un objetivo importante compartido por la Comisión, por Consejo y el Parlamento", subrayan.

¿Acuerdo antes de fin de año?

Sobre la posibilidad de que la falta de consenso en diciembre retrase la reforma hasta 2026, la Comisión evita confirmar escenarios alternativos. No obstante, envía un mensaje claro de voluntad negociadora: “La Comisión comparte la intención de los colegisladores de alcanzar un acuerdo político en este dossier para el final del año y trabaja para alcanzar esta meta”.

Esto ocurre mientras los grupos parlamentarios españoles ya han empezado a marcar posiciones. La Comisión, por ahora, evita alimentar el ruido y se mantiene dentro de su papel institucional: marcar objetivos, dejar la negociación política a los colegisladores y trabajar para que, pese al bloqueo, la reforma pueda cerrarse antes del final de año.