Moncloa amplía la formación en cuidados como complemento a las ayudas ELA

La estrategia interministerial del Gobierno para asegurar el despliegue de la Ley ELA incluye también el refuerzo de la profesionalización de los cuidados sociosanitarios. El Ministerio de Educación ha impulsado recientemente la creación de dos certificados de profesionalidad a través de sendos reales decretos: uno de cuidados a personas en situación de dependencia y/o discapacidad, y otro de atención a personas no dependientes con necesidades de cuidados en su entorno diario. Fuentes del departamento confirman a Redacción Médica que la iniciativa no abarca sólo la atención a la ELA, sino “a todas aquellas enfermedades que conlleven una dependencia”. En todo caso, el inicio de los trámites para aprobar las dos normas se produjo un día después de que, el pasado 19 de noviembre, el pleno del Congreso convalidara el Real Decreto-ley que inyecta 500 millones de euros al sistema de dependencia para asegurar la financiación de los servicios previstos en la Ley ELA.

La fase de consulta pública de los dos proyectos de Real Decreto elaborados por Educación concluirá el próximo 4 de diciembre. El objetivo de ambas normas es “establecer el marco de referencia que permita la implantación y desarrollo de las enseñanzas” ligadas a cada uno de los dos certificados profesionales. Se trata, en definitiva, y según trasladan a este periódico fuentes del ministerio de Pilar Alegría, de “actualizar la formación en la atención que se debe dar, desde el nivel más asistencial a los cuidados más sociales”.

“Se está enfocado a la atención de todas las personas dependientes, por lo que se aplica a la ELA, pero también a todas aquellas enfermedades que conlleven una dependencia”, subrayan las mismas fuentes. Es decir, que también cabe encuadrar la medida en el plan del Ministerio de Sanidad para “elaborar un modelo consensuado de referencia para el desarrollo de las profesiones de los cuidados y la mejora de los resultados en salud para toda la población”, tal y como se recoge en el prólogo del Marco Estratégico para los Cuidados de Enfermería (MECE), aprobado por el Consejo Interterritorial en diciembre de 2024.

Actualmente, en el catálogo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no se recoge ningún certificado de profesionalidad de cuidados auxiliares dentro de la familia profesional sanitaria. De hecho, por ahora sólo existen tres de estos certificados ligados a la sanidad: atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes, transporte sanitario -ambos englobados en el área de atención sanitaria- y tanatopraxia -en el área de servicios y productos sanitarios-.

Financiación de cuidados sociosanitarios para la ELA

Una de las novedades que conlleva el Real Decreto-ley de despliegue de la Ley ELA es la creación de un nuevo grado de dependencia extrema, el III+, para aquellas personas afectadas de la enfermedad en fase avanzada. Para esos casos, el Estado reconoce unas ayudas mensuales de 9.859 euros para financiar servicios de ayuda a domicilio y asistencia personal. De ese montante, la Administración General del Estado (AGE) asumirá, como mínimo, la mitad, es decir, 4.930 euros.

Educación también confirma que, con la creación de los certificados de profesionalidad para atender a personas dependientes y no dependientes, se busca complementar este Real Decreto-ley para asegurar, en última instancia, que haya suficientes cuidadores sociosanitarios que puedan prestar esos servicios.

A la espera de definir qué es ELA avanzada

No obstante, para que empiecen a llegar las ayudas, el primer paso es establecer unos criterios unificados para definir qué es ELA avanzada y, así, poder reconocer el grado de dependencia III+ a las personas que lo soliciten. El Ministerio de Derechos Sociales ya trasladó a Redacción Médica que, por el momento, se trabaja con las comunidades autónomas para desarrollar el nuevo grado de dependencia extrema, algo que, en cualquier caso, es competencia de las autonomías, según subrayaron las fuentes del departamento dirigido por Pablo Bustinduy consultadas por este medio.

Lo único que dejan claro en el ministerio, tal y como publicó este periódico, es que el reconocimiento del grado III+ dependerá de que un profesional sanitario certifique “una condición médica” que “sea coherente” con “la definición de ELA” incluida en el artículo primero del Real Decreto-ley. En la norma sólo se habla de ELA avanzada como la fase de la enfermedad que “determina una dependencia completa para actividades básicas de la vida diaria, así como asistencia instrumental y personal derivada de problemas respiratorios y disfagia”, una descripción que, según la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA), es “vaguísima” y demasiado amplia.