Sara García Espada, consejera de Salud de la Junta de Extremadura.
La
Junta de Extremadura ha solicitado al Gobierno de España que se prorrogue el plan que permite actualmente a los médicos de Atención Primaria y a los pediatras
prolongar su edad de jubilación hasta los 72 años para garantizar la actividad asistencial. La normativa, que lleva tres años en marcha, vence el próximo
27 de diciembre, lo que amenaza con forzar el retiro profesional de cerca de un centenar de facultativos que se encuentran en esta situación en la región.
Extremadura trasladó esta petición al Ministerio de Sanidad en el último pleno de la
Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) pero todavía está a la espera de recibir una respuesta final por parte del equipo de Mónica García. A su juicio, si finalmente no se permite extender la medida más allá del año 2025 se producirá un
“impacto negativo” para el sistema público extremeño.
La jubilación médica activa se aprobó a través de una modificación de la
Ley General de la Seguridad Social en diciembre de 2022. Desde entonces arrancó una prueba piloto que perseguía analizar los efectos de facilitar que los médicos del primer nivel asistencial pudieran
compatibilizar su pensión con el trabajo hasta los 72 años. Según los cálculos de los sindicatos, son más de
1.100 los médicos que se han acogido a esta medida desde que se puso en marcha.
El impacto de la jubilación médica activa
Extremadura no es la única que ha solicitado con urgencia que se prolongue a partir de 2026 este modelo de jubilación médica activa. Tanto los sindicatos del área de la sanidad como la
Organización Médica Colegial (OMC) ya habían advertido de la importancia de mantener a este importante volumen de médicos en activo para evitar problemas a la hora de
cubrir las vacantes en los diferentes puntos del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Fuentes del Ministerio de Sanidad ya apuntaron a este periódico que la ampliación de la medida estaba incluida en el proyecto de ley de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2026. Sin embargo, la aritmética parlamentaria complica las posibilidades de que el Gobierno de Pedro Sánchez sume la mayoría necesaria para sacar adelante las cuentas, especialmente después de
la ruptura consumada con Junts y las reticencias mostradas por Podemos.
Ante las dificultades para sacar adelante los PGE, las posibilidades pasan por
elaborar una nueva norma que permita modificar de nuevo la Ley de Seguridad Social una vez que venza el plazo acordado. O bien, como segunda opción, se puede plantear su prórroga a través de un Real Decreto.
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