El Congreso avala por unanimidad el despliegue financiero de la Ley ELA

El pleno del Congreso ha convalidado este miércoles por unanimidad el Real Decreto-ley que inyecta 500 millones de euros al sistema de dependencia para permitir el despliegue de la Ley ELA, vigente desde el 1 de noviembre de 2024. La norma, a la que el Consejo de Ministros dio luz verde hace un mes y que se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, también contempla la creación del grado de dependencia extrema III+ para las personas con ELA en “fase avanzada” y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible que requieran asistencia sociosanitaria “completa” para las “actividades básicas de la vida diaria”. Todos los grupos parlamentarios han valorado el impulso del Real Decreto-ley, pero la mayoría ha lamentado una vez más que las medidas llegan “tarde” y siguen generando algunas dudas sobre su implantación.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha defendido la norma en base a tres ejes: uno estructural, centrado en la creación del grado de dependencia III+; otro específico, referido a la prestación de cerca de 10.000 euros por paciente para asegurar “el derecho a una atención constante y compleja”; y otro financiero, vinculado a la “importante inversión” de 500 millones de euros adicionales para un sistema de dependencia “lastrado por una década de infrafinanciación estructural”. El ministro ha apelado al espíritu de consenso que hubo en el pleno cuando se aprobó la Ley ELA en octubre de 2024. El objetivo del Real Decreto-ley, ha dicho, es “materializar el apoyo de la sociedad a las personas con ELA y fortalecer nuestro sistema de la dependencia, pero también nuestro Estado social y nuestra democracia en su conjunto”.

Los dos partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, han valorado el fondo del Real Decreto-ley, que, según la socialista Maribel García, “financia convenientemente la Ley ELA, amplía una cobertura esencial para que todas las personas vivan con dignidad y vertebra a todo el Estado español reforzando el Sistema Nacional de Salud y el sistema de dependencia”. El portavoz sanitario de Sumar, Rafael Cofiño, ha reconocido que “todos llegamos tarde” a la hora de impulsar medidas legislativas que atiendan las necesidades de las personas afectadas de ELA, pero ha aplaudido el trabajo desempeñado durante esta legislatura para actuar “lo más rápido posible”.

Los retos pendientes: qué es ELA avanzada y burocracia

No obstante, la oposición y algunos de los socios del Ejecutivo, como el PNV, han advertido de que el Real Decreto-ley que se ha debatido este miércoles tiene aún detalles por pulir. La portavoz sanitaria del PP, Elvira Velasco, ha lamentado que no quede claro qué pacientes podrán beneficiarse del grado III+, tampoco el “grado de informe médico para pasar de un grado de dependencia a otro” ni “qué se entiende por ELA avanzada”. Son, según Velasco, “preocupaciones de las comunidades autónomas, independientemente de su color político, para evitar desigualdades injustificables”.

Pilar Calvo, de Junts, ha acusado al Gobierno de abandonar “a su suerte” a “los ciudadanos más vulnerables”: “Los ministerios no han hecho su trabajo, ahora piden a las comunidades autónomas definir atención y qué es ELA avanzada”. La diputada catalana ha lamentado que circunstancias como esa vayan a retrasar hasta enero el desarrollo de las nuevas medidas aprobadas: “Es un nuevo incumplimiento de Pedro Sánchez, que dijo hace un mes que movilizaba de manera inmediata 500 millones de euros. No sigan ahogando a golpe de burocracia a los enfermos de ELA”. En esa línea, Maribel Vaquero, del PNV, ha pedido “aclarar” a “las administraciones competentes” los “claroscuros” de la norma para “que la aplicación práctica mejore la vida de los pacientes, sus cuidadores y sus familiares”.

La bancada más crítica con el Gobierno ha sido la de Vox. Rocío de Meer ha denunciado la “hipocresía” del Ejecutivo recordando que, hace dos años, el Congreso “vetó” la Ley ELA propuesta por su partido “por motivos presupuestarios”: “El 90 por ciento de quienes sufren ELA no puede permitirse vivir, y ustedes llevan años dejándolos tirados”. De Meer también ha apuntado que son 1.000 las personas que mueren cada año por esta enfermedad. “Llegamos tarde, llegamos mal, miles se han ahogado por el camino, y si ustedes -en referencia al Gobierno- es gracias a todos los que les han apretado contra viento y marea”, ha sentenciado.