La intrahistoria de los fondos ELA: plazos, partidas y mucha burocracia

Casi un año le ha costado al Ejecutivo dar con la tecla para acabar aprobando este martes en el Consejo de Ministros un Real Decreto-ley que dota de 500 millones de euros adicionales al sistema de dependencia para financiar la Ley ELA, en vigor desde noviembre de 2024. Más allá del montante, partidos como PP, Junts, Podemos, ERC y Compromís han coincidido en criticar que la medida llega “tarde” tras meses de exigencias e hipótesis en torno a los fondos. En ese ínterin, el Ministerio de Sanidad vino a echar un cable al departamento de Pablo Bustinduy impulsando una subvención nominativa de 10 millones de euros a la Confederación Española de Entidades de ELA (ConELA) para poder empezar a atender a los pacientes que requerían cuidados sociosanitarios las 24 horas del día. Fue en julio, pero, tres meses después, la Confederación aún no ha recibido el dinero del plan de choque por diversas trabas burocráticas -relacionadas, sobre todo, con aspectos económicos-. En Sanidad confían en contar pronto con el visto bueno para liberar la partida y aclaran que la aprobación de la partida de 500 millones de euros no influye en la concesión de la ayuda.

Fuentes de ConELA no ocultan su satisfacción tras el visto bueno del Gobierno a la inyección de 500 millones para la Ley ELA y al reconocimiento del nuevo grado de dependencia III+. En todo caso, indican que será necesario analizar la letra pequeña del Real Decreto-ley, una vez cuenten con el texto completo, para tomar posibles decisiones en base a la nueva situación, sobre todo, por las complicaciones administrativas que está conllevando la tramitación de la ayuda de 10 millones de euros.

Dificultades en el plan de choque para críticos de ELA

La entidad aprovechó la inactividad en el Gobierno durante el parón veraniego para diseñar jurídicamente el proceso de concesión de ayudas a los potenciales beneficiarios. En septiembre remitió su propuesta a Sanidad, cuya Secretaría de Estado respondió con una resolución que, según interpretaba ConELA, obligaba a la Confederación a asumir posibles sobrecostes en el caso de que las ayudas solicitadas en el futuro superaran los 10 millones de euros, algo probable, de acuerdo los cálculos de la propia entidad.

Lo cierto es que no se cuentan con datos certeros sobre personas afectadas de ELA en estadios avanzados. En la presentación del plan de choque, en junio, se habló de unas 500. ConELA calcula que los cuidados que necesitan estos pacientes suponen al año algo más de 180.000 euros, lo cual elevaría el coste del plan de choque a más de 90 millones de euros, si se cumpliera la previsión de potenciales solicitantes de ayudas. La Confederación entendió en un primer momento que la Resolución de la Secretaría de Estado le obligaba a cargar con ese posible sobrecoste de 80 millones de euros, algo inasumible para la entidad. Sin embargo, el ministerio reculó y descartó esa opción. En el horizonte sigue quedando lo más difícil: salvar el último escollo burocrático para que el dinero empiece a llegar a los pacientes que más lo necesitan.

Un año de especulaciones sobre la financiación de la Ley ELA

El Real Decreto-ley aprobado este martes en el Consejo de Ministros pone fin a más de un año de especulaciones en torno a la financiación de la Ley ELA. Desde el primer momento en el PP se empezó a cifrar en algo más de 200 millones de euros el montante necesario para aplicar las medidas previstas en la norma, pero fuentes de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales vinieron a decir en mayo a este periódico que la financiación de la Ley ELA estaba “plenamente asegurada” sin necesidad de ampliar el presupuesto con el que el sistema de dependencia contó en 2024, algo más de 3.400 millones de euros. Poco después Bustinduy comenzó a deslizar públicamente que el despliegue de la Ley ELA requería una financiación extra de 200 millones.

A primeros de julio, en plena crisis en el Gobierno tras el escándalo de corrupción Cerdán-Ábalos-Koldo, Sumar llegó a reclamar al PSOE una inyección de 900 millones de euros para la Ley de Dependencia que ayudara a sufragar no sólo la Ley ELA, sino también a “atender las obligaciones derivadas del sistema de dependencia”.

El Congreso: la financiación de la Ley ELA llega "tarde"

Fuentes del PP lamentan que, desde la aprobación de la Ley ELA hasta ahora, han sido más de 1.100 personas afectadas las que han fallecido sin llegar a tener acceso a las ayudas: “Lo que hoy nos ha anunciado -el Gobierno- no es más que la muestra de su urgencia electoral ante la presión que asociaciones, sociedad civil y hasta el Partido Popular venimos ejerciendo para que cumpla con la Ley ELA. Además, lo que demuestra es que siempre tuvo los recursos y la disponibilidad: lo que le faltaba era voluntad, compromiso y humanidad con los pacientes de ELA”.

En el PP urgen al Ejecutivo a especificar cuántos de esos millones se van a dedicar de forma expresa a la Ley ELA y cuántos al resto del sistema de dependencia: “Mezclar ambas cosas no es más que intentar confundir para evitar cumplir con unos y con otros. Si quiere hablar de Dependencia, el Gobierno debería empezar pagando todo lo que debe a las comunidades autónomas, cumpliendo con la ley y sufragando el 50 por ciento de la financiación para esta materia, que actualmente soportan en casi tres cuartas partes las autonomías”.

Los populares no han adelantado el sentido de su voto cuando el Real Decreto-ley se debata en el Congreso, al igual que Junts y Podemos. Según la diputada del partido nacionalista catalán Pilar Calvo, todo dependerá de la letra pequeña del texto normativo y de cuántos recursos se destinen a la Ley ELA y cuántos a las comunidades autónomas: “Los recursos deben canalizarse, como dice la ley, a través de los departamentos autonómicos de derechos sociales”.

Para la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, los 500 millones están “muy lejos de lo que permitiría atender no solo a las personas con ELA, sino también a todas las que sufren enfermedades degenerativas o situaciones de discapacidad”, por lo que ha pedido “dejar de gastar dinero en armas y tanques” para invertirlo en los cuidados que necesitan las personas con discapacidad y las personas mayores.

En el caso de Compromís, Àgueda Micó ha adelantado que votará a favor del Real Decreto, aunque ha lamentado su retraso: “Obviamente llega tarde, casi con un año de retraso. Cuanto antes llegue, antes lo votaremos y entrará en vigor”. Por su parte, ERC asegura que, si aún no se ha desplegado la Ley ELA ha sido por "falta de voluntad política". El partido también votará a favor del Real Decreto-ley en el hemiciclo: "Por Esquerra no quedará que se proteja a los afectados por esta y otras enfermedades raras".