Derechos Sociales "pelea" por la financiación 'extra' para la Ley ELA

Restan cuatro meses para la cumbre entre el Gobierno y las comunidades autónomas en la que el Ejecutivo presentará su plan de despliegue de la Ley ELA, y aún no está claro cuánto dinero se pondrá sobre la mesa para financiar todas las medidas que contempla la norma. Desde el primer momento, en el PP se habló de algo más de 200 millones de euros, cifra que los ministerios de Derechos Sociales y de Sanidad ya han exigido al de Hacienda, según anunció el titular del primero de los departamentos, Pablo Bustinduy, a mediados de junio. El último en pronunciarse al respecto ha sido Sumar. En su reunión con el PSOE la semana pasada, el partido -del que forma parte Busdintuy- trasladó a su socio una serie de exigencias para salvar la legislatura a raíz de la investigación por corrupción que salpica a los socialistas, entre las que se encuentra una inyección de 900 millones de euros para la Ley de Dependencia en 2025, de cara a hacer frente no sólo a la Ley ELA, sino al resto de servicios del sistema. Pero en Derechos Sociales rehúsan cualquier vinculación con esa propuesta e insisten en que se sigue “peleando” para ampliar el presupuesto de dependencia: “No hay nada más que añadir a las palabras del ministro”, trasladan fuentes del departamento a Redacción Médica.

Lo cierto es que, antes de que Bustinduy hablara públicamente de esos 200 millones, desde la Secretaría de Estado de Derechos Sociales se afirmó a este periódico que la financiación de la Ley ELA estaba “plenamente asegurada” sin la necesidad de aumentar este año la cuantía asignada al sistema de dependencia respecto a 2024. El año pasado, el montante fue de 3.411 millones de euros. “Este año se dedicará una cantidad similar. Es con este presupuesto con el que se van a cubrir estos servicios”, aseguraban estas fuentes en mayo en referencia a las medidas previstas en la Ley ELA, que habrán de financiarse a través de la Ley de Dependencia. En todo caso, las mismas fuentes ya hablaban de que se estaba trabajando en otras vías "complementarias". Dos meses después, el discurso del ministerio ha variado ligeramente: “En el contexto actual en el que nos encontramos, con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados, seguimos peleando para ampliar el presupuesto en dependencia y seguir mejorando las prestaciones e intensidad de las mismas para todas las personas que están dentro del sistema, tal y como ha hecho el Gobierno de coalición desde su inicio en 2019”, dicen a este medio desde el departamento gubernamental.

ConELA pide un registro estatal de pacientes

Fue el 19 de junio cuando Bustinduy explicó a los medios, tras el Consejo Territorial de Derechos Sociales que se celebró en el Imserso, que su ministerio y el de Sanidad ya habían enviado al de Hacienda una propuesta para incorporar la Ley ELA al sistema de dependencia con una financiación adicional de 200 millones de euros. “Espero que podamos obtener su respuesta lo antes posible, para garantizar que esté en tiempo y forma, como prevé la ley”, dijo el titular de Derechos Sociales.

Sin embargo, para la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA) no tiene sentido hablar de 200 millones de euros o de otra cantidad hasta que no se sepa cuántas personas padecen la enfermedad en España. Para ello no basta, dicen, basarse en estudios independientes, sino obtener la cifra a partir de los datos proporcionados por las comunidades autónomas. Sólo así será posible, insisten desde la Confederación, elaborar un presupuesto adaptado verdaderamente a las necesidades. Por ello, tal y como avanzó Redacción Médica, el colectivo va a poner sobre la mesa la necesidad de que cada región impulse los estudios necesarios para conocer cuántos afectados hay en su territorio.

En principio, será en el Consejo Territorial de Derechos Sociales del próximo 31 de octubre cuando el Gobierno presente a las comunidades autónomas su propuesta de plan de despliegue de la ley, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2024. La idea es que ese plan se ponga en marcha un año después, en octubre de 2026. Hasta entonces, los pacientes de ELA que sufran la enfermedad en las fases más avanzadas tendrán asegurados sus cuidados sociosanitarios las 24 horas del día a través del plan de choque del Ministerio de Sanidad, presentado a primeros de junio pero que aún no ha entrado en vigor -será, en teoría, a lo largo de julio-. Dotado de 10 millones de euros, estará vigente durante todo lo que queda de 2025, aunque podrá prorrogarse en 2026 hasta que la ley cuente con presupuesto propio.