Sumar exige al PSOE el desarrollo de la Ley ELA para salvar la legislatura

Sumar se ha puesto serio con su socio de Gobierno, el PSOE, por el escándalo de supuesta corrupción en contratos públicos que, de momento, ha llevado al exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán, a prisión provisional. Representantes de ambos partidos -entre ellos, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, como miembro de Sumar- se han reunido este miércoles para analizar el estado de su pacto de Gobierno, un encuentro que ha durado dos horas y media y tras el que el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha acusado al PSOE de "inmovilismo" y de no ser consciente "de la gravedad de la situación". Esa actitud socialista, ha dicho, es "el mayor riesgo de que la legislatura embarranque". Para 'resetearla', el socio minoritario del Ejecutivo ha puesto sobre la mesa del PSOE un documento que recoge una propuesta de compromisos a "activar con urgencia junto al resto de fuerzas progresistas", una batería de medidas entre las que se encuentra el desarrollo de la Ley ELA -vigente desde el 1 de noviembre pero aún sin financiación- con una inyección de 900 millones de euros en 2025 a la Ley de Dependencia, a través de la cual se nutre financieramente la anterior.

Esos 900 millones no se dedicarían por entero a sufragar las medidas incluidas en la Ley ELA, sino también a "atender las obligaciones derivadas del sistema de dependencia", de acuerdo al texto planteado por Sumar. En todo caso, el partido de Yolanda Díaz sí reconoce de forma expresa que, "en un contexto de incremento de necesidades", la "necesidad de atender las obligaciones" derivadas de la propia Ley ELA es una de las prioridades. En todo caso, llama la atención esa exigencia monetaria porque choca, en cierto modo, con la reciente postura del Ministerio de Derechos Sociales, del que depende directamente el desarrollo de la normativa.

A primeros de mayo, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales trasladó a Redacción Médica que este año se dedicaría al sistema de dependencia "una cantidad similar" a la de 2024, que fue de 3.411 millones de euros. Según las mismas fuentes, las medidas recogidas en la Ley ELA se cubrirían a través de ese presupuesto: "La financiación de la Ley ELA está plenamente asegurada", subrayaron a este periódico desde el ministerio, que, en todo caso, apuntó que se estaban identificando "otras vías complementarias para mejorar la calidad de vida de las personas con ELA, tanto dentro del Sistema Nacional de Salud como a través del refuerzo del sistema de atención a la dependencia".

Plan de choque para pacientes críticos de ELA

Una de esas medidas alternativas es el plan de choque anunciado por el Ministerio de Sanidad a primeros de junio. Dotado de 10 millones de euros, se articulará a través de un Real Decreto dirigido nominalmente a la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA), que actuará como mero canalizador de ayudas para sufragar los cuidados sociosanitarios de los pacientes más graves: aquellos que necesitan ventilación mecánica las 24 del día o sufren disfagia severa. Se trata, no obstante, de un 'parche' a la espera del despliegue total y definitivo de la ley, que, en principio, será a partir de octubre de 2026. El primer paso para cumplir la hoja de ruta será la aprobación del plan de despliegue que el Ministerio de Derechos Sociales presentará a las comunidades autónomas en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Será el próximo 31 de octubre, tal y como avanzó Redacción Médica este martes.

Medidas de relanzamiento social y anticorrupción

En líneas generales, Sumar habla en el documento entregado al PSOE de "actuar con firmeza": "La corrupción no puede volver a ensuciar las instituciones ni generar más desafección entre quienes confiaron en este camino de transformación", señala en referencia al acuerdo de investidura de 2023. Por ello, además de exigir "medidas de relanzamiento social" entre las que se encuentra el desarrollo de la Ley ELA, también ha demandado a los socialistas que se ponga en marcha una batería de "medidas de regeneración democrática" encabezada por una Ley integral anticorrupción.

En el PSOE han recogido el guante de su socio y se han comprometido a estudiar las medidas, si bien han dejado claro que algunas propuestas "ya están en marcha".