Septiembre, punto de partida para impulsar el plan para críticos de ELA

La Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA) ultima la base legal para poder sufragar los cuidados de alta complejidad derivados del plan de choque de 10 millones de euros elaborado por el Ministerio de Sanidad. La medida, aprobada en julio por el Consejo de Ministros y cuya vigencia se prolongará hasta diciembre de 2026, permitirá contratar a hasta cinco cuidadores sociosanitarios por cada paciente en fase avanzada que requiera atención las 24 horas del día. ConELA es la encargada no sólo de gestionar las solicitudes, sino también de financiar y prestar esos servicios. Su idea, según indican fuentes de la entidad a Redacción Médica, es subcontratar a empresas, y lo hará a través de una licitación privada, no porque esté obligada a ello, sino porque se considera la mejor opción para dotar al proceso de la mayor transparencia posible. Los abogados de ConELA trabajan actualmente para rematar tanto el régimen de protección de datos de los futuros demandantes de las ayudas como los pliegos de la licitación. El objetivo es que a partir de septiembre se puedan licitar los servicios y, a partir de ahí y si no hay problemas en la adjudicación de los contratos, se abra la puerta a la solicitud de las prestaciones, que se tramitarán a través de las propias empresas subcontratadas.

Cabe recordar que este plan de choque es sólo una medida complementaria al despliegue total y definitivo de la Ley ELA, vigente desde el 1 de noviembre de 2024. La prestación de todos los servicios contemplados en la norma han de financiarse a través del sistema de dependencia, del que es responsable el Ministerio de Derechos Sociales. Lo que hizo Sanidad impulsando el plan de choque fue echar un cable al departamento dirigido por Pablo Bustinduy, que en varias ocasiones ha cifrado en algo más de 200 millones de euros el presupuesto necesario para costear las obligaciones derivadas de la Ley ELA, una cantidad que coincide con la demanda del principal partido de la oposición, el PP. En principio, Derechos Sociales planteará a las comunidades autónomas su propuesta de plan de despliegue el próximo 31 de octubre, en el pleno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. La intención del Gobierno es que la Ley ELA esté totalmente implementada un año más tarde, a partir de octubre de 2026.

Los cuatro requisitos para acceder a las ayudas

A las ayudas del plan de choque podrán optar aquellos pacientes que necesitan ventilación mecánica las 24 horas del día o que sufren disfagia severa. Los solicitantes habrán de cumplir cuatro requisitos, avanzados por Redacción Médica el 23 de junio y confirmados justo un mes después, con la publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La primera condición es tener derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos por parte del Sistema Nacional de Salud. La segunda, estar diagnosticado de ELA “en cualquiera de sus fenotipos”.

El tercer requisito es padecer “debilidad muscular grave” que afecte a los miembros superiores, a los inferiores, o a ambos, “con pérdida total de la autonomía, y que provoque una situación de gran dependencia para las actividades básicas de la vida diaria”. Y el cuarto, necesitar soporte ventilatorio continuo durante 16 horas al día como mínimo y/o necesitar aspiración de secreciones al menos una vez cada ocho horas, “con riesgo vital por colapso de la vía aérea”.