La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La antesala de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) es la aprobación de la senda de estabilidad, que se ha convertido en el principal foco del Consejo de Ministros de este martes. La propuesta del Gobierno lleva adjunto un
margen de déficit del 0,1 por ciento del PIB para las comunidades autónomas, lo que, sobre el papel, se traduce en 5.485 millones de euros que se podrán utilizar para partidas de gasto. Desde el Ministerio de Hacienda apuntan a Redacción Médica que las regiones dispondrán de
“más capacidad” económica “para destinarla al Estado del Bienestar”, incluida la sanidad, aunque fuentes del ámbito económico matizan que solo podrán hacerlo aquellas que se encuentren por debajo del límite de gasto. Y solo un pequeño puñado de CCAA ‘cumplen’.
En efecto, el Ejecutivo central ha dado este martes luz verde al techo de gasto y los objetivos de déficit y deuda pública de 2026, algo preceptivo para poder presentar el
proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Según los cálculos del Ministerio de Hacienda,
las Cuentas no llegarán a las Cortes Generales hasta, como mínimo, principios de año o durante el primer trimestre del mismo. Se da de esta forma cierto margen para limar las diferencias que a día de hoy hacen imposible un acuerdo de mínimos en el Congreso. "Todavía se requiere de mucha intensidad de diálogo con el conjunto de los partidos políticos", ha reconocido
María Jesús Montero, titular de Hacienda, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Aunque ya ha puesto sobre la mesa medidas destinadas a desatascar las conversaciones con las comunidades autónomas.
Una de ellas pasa por elevar el objetivo de déficit al 0,1 por ciento del PIB. Fuentes del departamento de Montero apuntan que este movimiento “permite a las CCAA tener más capacidad de gasto”, por ejemplo, para destinarlos al refuerzo de los sistemas de salud, aunque delegan a las propias regiones la decisión.
'Límites' al gasto autonómico para sanidad
Los expertos ponen matices al anuncio del Gobierno. Según ha afirmado a
Redacción Médica la analista de investigación de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada
Carmen Martín, “el
mayor objetivo de déficit que pretende aprobar el gobierno no supone que las comunidades puedan gastar más, pues su límite de gasto se rige por la
Regla del gasto”. Una norma que deben cumplir todas las regiones, aunque en su mayoría no se suele respetar rigurosamente.
De hecho, “solamente podrán aumentar el gasto en inversión las comunidades que estén gastando por debajo del límite del gasto”. Y es que solo cuatro de las que conforman el territorio nacional no superan esta barrera. Por ello, basándonos en datos de 2024, solo
Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias podrían beneficiarse de esa relajación de objetivos de déficit.
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Solo Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias cumplirían, a priori, con los mínimos para beneficiarse del objetivo de déficit
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Tal y como consta en el ‘Informe sobre el cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria, y de deuda pública y de la regla de gasto del ejercicio 2024’, año pasado el gasto computable aumentó en un 5,1 por ciento y el objetivo era 2,6 por ciento. Una tasa de variación que contempla los empleos no financieros, los intereses, los
gastos financiados por la Unión Europea, los gastos financiados por otras Administraciones, las transferencias al Estado por Sistema de Financiación, las transferencias a corporaciones locales, los gastos por la DANA de octubre de 2024, los cambios normativos con incrementos de recaudación permanentes y transferencias de capacidad de gasto de otras Administraciones Públicas y las inversiones financieramente sostenibles.
Como se ha mencionado anteriormente ese
límite de gasto del 2,6 por ciento ha sido respetado por muy pocas autonomías. Por su parte, Andalucía se mantiene con un -0,7 por ciento de tasa de variación, siendo la única que ha invertido menos en 2024 que en 2023.
Por otro lado, Extremadura le sigue muy de cerca con un 0,1 por ciento. El tercer lugar lo ocupa
Castilla-La Mancha, con un 2,2 por ciento, y el cuarto, con un 2,4 por ciento, Canarias.
No obstante, las comunidades que están más cerca de verse beneficiadas por esa relajación de déficit son la
Región de Murcia (5,2 por ciento), la
Comunidad de Madrid (5,3 por ciento), la
Comunidad Valenciana (5,4 por ciento) y
Euskadi (5,7 por ciento).
En el otro lado de la balanza se encuentran las Islas Baleares, que quintuplica la regla del gasto superando el 14 por ciento; La Rioja, con un 13,9 por ciento; la Comunidad Foral de Navarra, con un 10,1 por ciento; y el Principado de Asturias, con un 9,3 por ciento.
Cuatro CCAA 'beneficiadas' por el margen de déficit
Las cuatro 'beneficiadas' por el nuevo margen de déficit viven actualmente contextos muy dispares. La Extremadura de
María Guardiola se enfrentará el próximo 21 de diciembre a una cita electoral que marcará un antes y un después en sus políticas sanitarias.
A poco más de un mes para las elecciones, se queda en duda la ejecución de la licitación del nuevo Hospital Universitario de Cáceres, el nuevo calendario de vacunación o la reducción de la edad en el cribado de detección prevoz de cáncer de mama a partir de los 47 años en 2026. Algo similar ocurre en Andalucía, una comunidad que se someterá a la decisión de la ciudadanía el próximo 2026.
En su caso, la crisis de los cribados ha ocupado todo el foco mediático y, sin duda, el resultado de las urnas se verá afectado por la situación por la que está pasando el
Servicio Andaluz de Salud (SAS), que se está reestructurando por completo. Primero fue la dimisión de la
exconsejera de Salud y Consumo Rocío Hernández, sustituida por Antonio Sanz. Después, un conjunto de destituciones y nuevos cargos que pretenden dar la vuelta a una crisis que no consigue ver la luz.
Por otro lado, Castilla-La Mancha vive un momento muy importante. Su Estatuto de Autonomía está en plena actualización. Una renovación que recoge el derecho a la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y una atención sanitaria de calidad en todas las etapas y condiciones de la vida. Pero no solo eso, ya que, después de seis años, la región ha modificado su mapa sanitario, lo que cambiar por completo su organización administrativa sanitaria.
También cambiará el rumbo de la carrera profesional en Canarias, otro de los territorios que podrían invertir en sanidad con la relajación del déficit. Y es que la sanidad insular
destinará 11 millones de euros a su quinto grado profesional, con las
resoluciones de una 'macroOPE' pendientes de resolverse.
Cuatro escenarios distintos. Cuatro realidades sanitarias que podrían verse reforzadas si su gasto autonómico sigue el mismo camino. Aun así, todavía queda un mes y medio para 2026, un año decisivo en el que muchos presupuestos autonómicos cuelgan de un hilo, igual que los PGE.
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