La profesión médica española afronta una situación de profunda injusticia en materia de jubilación. Lo que en muchos países europeos se entiende como una medida de reconocimiento al esfuerzo y la penosidad del ejercicio profesional, en España se traduce en penalizaciones y obstáculos que desincentivan el retiro digno de quienes han dedicado su vida entera al cuidado de los demás.

Según el reciente informe del Sindicato Médico Andaluz, elaborado por el doctor Vicente Matas, coordinador jubilado de su Centro de Estudios, el sistema de jubilación anticipada para los médicos estatutarios y laborales acogidos al régimen general de la Seguridad Social impone recortes desproporcionados. Un médico con menos de 38 años y seis meses cotizados puede ver reducida su pensión hasta en un 21% si decide jubilarse dos años antes de la edad legal. Incluso quienes han superado los 44 años y seis meses de cotización sufren reducciones de hasta un 13%.

A estos recortes se añade un factor corrector adicional cuando la pensión resultante supera la cuantía máxima, lo que agrava aún más la penalización. En la práctica, la jubilación anticipada para un médico en España es casi imposible sin asumir un perjuicio económico notable. Una situación que contrasta con la de otras profesiones de alta exigencia o riesgo —como las fuerzas y cuerpos de seguridad, los bomberos, los marinos o los mineros—, que cuentan con coeficientes reductores de edad.

El ejercicio médico implica altos niveles de responsabilidad, presión asistencial, estrés continuado, turnos nocturnos y guardias de 24 horas, que se prolongan durante años o incluso décadas. Es una labor que exige una fortaleza física y emocional sostenida, y que comporta una clara penosidad. Resulta incomprensible que estas condiciones no se traduzcan en un reconocimiento efectivo dentro del sistema de jubilación.

"El ejercicio médico implica altos niveles de responsabilidad, presión asistencial, estrés continuado, turnos nocturnos y guardias de 24 horas, que se prolongan durante años o incluso décadas"


Además, como destaca el informe, las guardias obligatorias —que suponen un número muy elevado de horas adicionales a lo largo de toda la carrera— no cotizan a la Seguridad Social al superar el tope máximo permitido. No computan como tiempo trabajado, pese a que constituyen una parte esencial y estructural de la actividad médica. Su retribución, además, es inferior a la hora ordinaria y su tratamiento fiscal penaliza al profesional: lo que finalmente percibe el médico en su nómina puede ser poco más del 50% del importe bruto por hora.

A partir de 2025 se añade la nueva cuota de solidaridad sobre los ingresos que superan el tope de cotización, que implicará mayores aportaciones sin generar derecho a pensión. Es decir, se cotiza más, pero no se recibe más. Todo ello conforma un marco que ni es justo ni reconoce adecuadamente la contribución de los médicos a la sociedad.

Perdida de poder adquisitivo


A esta situación se suma la pérdida de poder adquisitivo en el momento de la jubilación, que alcanza el 35% respecto al salario en activo y supera el 50% en quienes continúan realizando guardias. La posibilidad de retrasar voluntariamente la jubilación —la llamada jubilación demorada— puede paliar parcialmente esta pérdida, pero no puede ser la única vía para garantizar un retiro digno. Muchos profesionales, exhaustos por la presión asistencial y las condiciones actuales, se ven obligados a adelantar su jubilación, con las graves consecuencias económicas que ello comporta.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 15 de mayo de 2025, que extiende el complemento por brecha de género también a los hombres, representa un avance hacia la igualdad. Pero queda mucho por hacer. El sistema de jubilación español no refleja aún la singularidad del ejercicio médico, ni el valor social ni el desgaste personal que implica.

Desde la Organización Médica Colegial de España consideramos necesario abrir un debate riguroso y constructivo que conduzca a una reforma del modelo de jubilación médica. Esta reforma debería reconocer la especificidad de la profesión y establecer un factor corrector que permita una jubilación voluntaria flexible entre los 60 y los 70 años, con condiciones equitativas y sin penalizaciones excesivas.

La sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud no puede basarse en prolongar sin límite la vida laboral de los médicos, sino en garantizar condiciones dignas, justas y motivadoras. Ello implica también reforzar el compromiso presupuestario con la sanidad pública: elevar la inversión hasta alcanzar y superar el 7% del PIB y destinar al menos un 20% a la Atención Primaria, auténtico pilar del sistema.

Reconocer el derecho de los médicos a una jubilación justa no es un privilegio corporativo, sino una exigencia ética y social. Significa cuidar a quienes han cuidado, proteger a quienes han sostenido la salud de todos. Porque solo con profesionales respetados, valorados y justamente tratados podremos garantizar el futuro de la medicina y del propio sistema sanitario público.
Tomás Cobo Castro.