López aleja el 'salto' a fijo del interino del SNS: "No es constitucional"

Óscar López ha vuelto a alejar la conversión directa en fijos de los interinos de larga duración en el ámbito público, incluida la sanidad, para reducir la temporalidad en la Administración. “Queremos una función pública fuerte, de calidad, pero tampoco lo vamos a hacer a costa de la Constitución Española”, ha dicho en respuesta a una interpelación urgente en el pleno del Congreso de Podemos, a través del Grupo Mixto. El ministro de Función Pública ha respaldado, así, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que considera “contrario a la Constitución” conceder la condición de “funcionario o equiparable” a alguien, sea interino o no, que no haya aprobado un proceso selectivo que respete los principios de igualdad, mérito y capacidad. López ha dicho que la solución del problema pasa por aprobar la Ley de Función Pública que se tramita actualmente en las Cortes, pero sin concretar medidas, algo que le ha afeado la diputada de Podemos Noemí Santana: “La única salida es la fijeza. Falta voluntad política de poder dar la solución esperada a esos trabajadores públicos que tanto tiempo llevan esperando”.

El debate ha tenido lugar casi una semana después de que el abogado general de la Unión Europea, Rimvydas Norkus, hiciera pública sus conclusiones sobre la cuestión prejudicial planteada por el Supremo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las medidas necesarias para paliar el abuso de temporalidad en la Administración española. Según Santana, Norkus fue “cristalino” al apuntar que, “como España no ha adoptado ninguna medida efectiva para sancionar los abusos, la única opción conforme a derecho europeo es transformar la relación temporal abusiva en fija”. Pero López ha negado la mayor: “No dijo que hubiera que convertir a fijos directamente a los trabajadores en abuso de temporalidad para cumplir con la directiva europea”.

En efecto, en su documento de conclusiones -que no son vinculantes, por lo que hay que esperar a la sentencia definitiva del TJUE, que llegará en primavera-, el abogado lituano recordó que “la conversión de sucesivos contratos de duración determinada en un contrato o relación de empleo por tiempo indefinido no es obligatoria para los Estados miembros”: “De ello resulta claramente que -el TJUE- jamás ha exigido, o siquiera sugerido, que se reconozca la condición de personal laboral fijo […] a un trabajador en la Administración Pública sin que haya superado previamente los procesos selectivos o los concursos, oposiciones o concursos-oposiciones previstos, de conformidad con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”.

Lo que sí dijo es que España tiene que articular, por un lado, un sistema que permita reparar “íntegramente” los “perjuicios” sufridos por un empleado del ámbito público, incluida la sanidad, “a causa del uso abusivo de contratos de duración determinada sucesivos”, y por otro, un mecanismo de sanción de “la Administración pública responsable” que sea “suficientemente concreto, previsible y aplicable” y que “no se limite a una mera posibilidad abstracta o puramente teórica”. Norkus dejó en el tejado del Supremo la responsabilidad de decidir si el ordenamiento jurídico español ya cuenta con esas herramientas para sancionar “eficazmente” los abusos de temporalidad.

¿Ha funcionado la ley para estabilizar sanitarios?

Para Santana, la respuesta está clara: a pesar de que el Gobierno impulsó hace cuatro años la ley 20/21 para reducir la temporalidad en el sector público al 8 por ciento -precisamente con Podemos como socio de Ejecutivo del PSOE-, no se ha logrado reducir la precariedad. “Lo único que se ha hecho es redistribuir la injusticia”, ha dicho. López, sin embargo, ha asegurado que, si el “problema estructural” del abuso de temporalidad se ha “agravado” en España ha sido por culpa de los “años de recortes del anterior Gobierno del PP”: “Entre 2012 y 2018, la plantilla de la AGE se redujo en 70.000 puestos de trabajo”.

El ministro ha defendido la gestión del Gobierno desde 2018 y ha señalado a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas como incumplidores de la ley 20/21: mientras que la tasa de temporalidad en los primeros y en los segundos es del 35,8 por ciento y del 40,3 por ciento, respectivamente, en la Administración General del Estado (AGE) es, según López, del 4,7 por ciento. “La gran parte del problema está precisamente en la sanidad y en la educación que prestan las comunidades autónomas”, ha lamentado.

El titular de Función Pública también ha sacado pecho por las cifras de estabilización: 377.000 plazas, pese a que el compromiso con Bruselas era de 300.000 a 31 de diciembre, de las que el 60 por ciento son de los ámbitos docente y sanitario. Además, ha cifrado en 505.847 las plazas convocadas desde la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de un total de 543.206 ofertadas por todas las administraciones públicas.

Para López, el siguiente paso para solventar la situación de forma definitiva ya está cocinándose en el Congreso: “Este Parlamento tiene una Ley de Función Pública encima de la mesa, con unas enmiendas que tienen que ser la solución, y yo espero, de verdad, la corresponsabilidad de todos. Yo apelo al espíritu de consenso. El problema es de todos, y hay que ver si la voluntad de resolverlo también es de todos o no”.