La Comisión de Salud Pública aprueba la estrategia, que ampara el regreso de las mascarillas en centros sanitarios

Luz verde al protocolo contra la gripe tras el 'sí' de las consejerías
Mónica García, ministra de Sanidad.


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Las comunidades autónomas han dado finalmente luz verde al protocolo común frente a la gripe, el covid y demás infecciones respiratorias, que establece diferentes niveles de medidas en función de la gravedad de la situación epidemiológica. “Dijimos que era necesario y posible. Y lo hemos logrado”, ha celebrado la ministra de Sanidad, Mónica García, tras confirmarse la aprobación de la estrategia en la Comisión de Salud Pública celebrada este miércoles. 

La balanza se ha inclinado finalmente a favor de este protocolo de este ‘documento marco de recomendaciones’ para el control de la gripe pese a la postura crítica de las comunidades autónomas, en su mayoría regentadas por el Partido Popular, que había advertido de que su apoyo al protocolo pendía de la “calidad del texto” que propusiera Sanidad. Aunque el pasado viernes, tras una sesión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), la propia ministra se mostraba confiada en que lograría amarrar el apoyo de las consejerías. Sobre todo, porque al texto final se han añadido muchas de sus alegaciones, además de ciertas dosis de “flexibilidad” en la aplicación de medidas. Esto significa, explicó la mandataria progresista, que la estrategia “se adapta a los escenarios reales de todas y cada una de las comunidades”. 

Claves del protocolo contra la gripe


Tal y como informó este periódico, el protocolo establece cuatro escenarios de riesgo (del cero al 3) determinados a partir de los niveles de transmisibilidad detectados, junto con la evaluación del resto de indicadores y el análisis del impacto en los recursos asistenciales y en la población susceptible. La estrategia abre la puerta a medidas como la obligatoriedad de la mascarilla en hospitales y otros centros sanitarios en caso de extrema gravedad.

El plan establece que las autoridades sanitarias autonómicas “podrán establecer medidas excepcionales para el control de la transmisión en determinados contextos o colectivos especialmente expuestos”.

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