Ébola 2.0: el protocolo que aleja a España de la crisis de 2014

Han pasado más de 10 años desde que España se enfrentara a una de las mayores crisis sanitarias de su historia con el primer positivo en ébola de la enfermera Teresa Romero. Un suceso que, igual que hiciera la pandemia a gran escala y pese al éxito logrado en el caso de la paciente, apretaría las costuras del Sistema Nacional de Salud, visibilizando vulnerabilidades logísticas y formativas en torno a la gestión de enfermedades infecciosas. Desde entonces, se ha trabajado intensamente en el refuerzo de dichos puntos débiles con ampliación de recursos, estrategias específicas y formación de los profesionales. 

El 'Protocolo de actuación frente a casos sospechosos de enfermedad por virus ébola', aprobado en la Comisión de Salud Pública de 2015 y actualizado a inicios de 2020 ya apostaba por eliminar posibles escenarios de improvisación fijando directrices cerradas para todos los niveles asistenciales, desde la desinfección hasta el manejo de cadáveres, para "garantizar la detección y el diagnóstico precoz de un posible caso de Enfermedad por Virus Ébola".  

En abril de este mismo año, la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional Salud (Cisns) aprobaba la que sería la última versión disponible del texto y unificado con el virus de Marburgo (EVM), como parte de los Protocolos del Sistema de Vigilancia de las Enfermedades Transmisibles de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública. Dado que tanto la EVM como la Enfermedad del Virus del Ébola (EVE) son enfermedades sin transmisión documentada en España, el protocolo establece que "la detección de un caso en el territorio nacional se consideraria una alerta a efectos de notificación, investigación epidemiológica e intervención sanitaria". La amenaza de salud píblica es clara teniendo en cuenta, dicta el documento, "su capacidad de propagación, la gravedad de la enfermedad que provocan y la dificultad para su diagnóstico y tratamiento".

Cuarentena en casos específicos 

El control de posibles brotes establece de igual forma "la búsqueda de las personas que han estado en contacto con el caso (desde inicio de síntomas y las 24h anteriores)". Sin embargo, a diferencia del texto aprobado antes de la pandemia, esta estrategia no recomienda cuarentena para las personas que sean contacto de alto riesgo de un caso confirmado, por lo que no habría restricción de movimientos o trabajo, aunque se recomienda limitar las relaciones sociales. "Los contactos podrán llevar una vida normal, en familia, con amigos y, en general, en el ámbito laboral". 

Aún así, previamente se hará una valoración individualizada de cada situación "adaptando las recomendaciones a cada caso específico teniendo en cuenta aspectos sociales, culturales o sanitarios que puedan hacer recomendable un cese temporal de las actividades laborales" y determinando la necesidad o no de cuarentena en domicilio o en instalaciones sanitarias. 

Lo que sí se determina es una "vigilancia activa supervisada durante los 21 días posteriores a la última fecha de exposición posible a la infección". En este periodo de tres semanas, "se recomienda tomarse dos veces al día la temperatura (mañana y final de la tarde)" y notificarlo a la "persona/institución responsable de su seguimiento para investigar la presencia de cualquier síntoma".

El rastreo se extiende a los medios de transporte. Si el paciente ha realizado un viaje en avión en fase de transmisibilidad, Sanidad exige identificar a los "viajeros sentados en un radio de +1/-1 asiento (en todas direcciones)" y a la "tripulación que haya atendido el área donde estaba sentado el caso índice".

Atención Primaria como filtro

De acuerdo con el documento, la detección inicial recae sobre los centros de Atención Primaria o las urgencias generales. La instrucción inmediata al detectar síntomas compatibles es el "aislamiento estricto del caso en el punto de atención sanitaria hasta su traslado a una Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (Uatan)". 

En este primer escalón asistencial, los facultativos deben "descartar inicialmente el paludismo mediante una prueba rápida que se recomienda realizar a la cabecera del caso" para evitar traslados de muestras que amplíen el riesgo de exposición. Quedan, así mismo, vetadas prácticas rutinarias: "No se recomienda hacer frotis/gota gruesa debido al riesgo de generación de aerosoles".

Traslados blindados y Unidades de aislamiento

En caso de un positivo, el objetivo será evitar, por cualquier medio y  tal y como sucedió con el hantavirus, posibles brechas de seguridad. Para ello, "el traslado deberá realizarse en una ambulancia especialmente acondicionada con separación física entre la cabina donde va la persona que conduce y el área donde va el caso".

Una vez en las Unidades de Aislamiento de Alto Nivel (uatan), "los casos confirmados deberán ingresar en habitación individual con presión negativa, en una zona poco transitada, con baño propio de uso exclusivo por el caso, puerta cerrada y con acceso restringido, sólo permitido a personal esencial".

Supervisión obligatoria del personal

La protección de los trabajadores también será clave. En este sentido, el documento exige el uso de "equipo de protección individual (EPI) de contacto y de transmisión por gotas" y añade que "se recomienda utilizar en estos, protector respiratorio al menos con mascarilla FFP2". Para anular el error humano, "la puesta y retirada de los EPI será realizada siempre bajo supervisión y, si es necesario, con ayuda". Las analíticas deben confinarse: "Las muestras clínicas se deben procesar en un laboratorio P3".

El virus persistente tras el alta

El alta hospitalaria no cierra el riesgo biológico. Sanidad advierte sobre la persistencia viral en fluidos de sitios inmunológicamente privilegiados. Por ello, "se recomienda que los hombres que se han recuperado de EVM o EVE se abstengan de tener relaciones sexuales sin protección durante al menos 12 meses tras el inicio de síntomas", salvo que acrediten dos pruebas PCR negativas en semen.