El Tribunal de Cuentas urge a centralizar en Sanidad la homologación médica

El Tribunal de Cuentas recomienda al Gobierno que, ante el “déficit existente para cubrir determinados puestos de profesionales reguladas”, simplifique el proceso para convalidar títulos de especialista extracomunitario en las ramas de Ciencias de la Salud, entre otros sectores. Actualmente, para solicitar la convalidación de una especialidad sanitaria es necesario homologar previamente el título universitario a la titulación que se requiere en España para acceder a la especialización. La convalidación depende del Ministerio de Sanidad y la homologación, del de Ciencia, Innovación y Universidades. Teniendo en cuenta que, en 2024, se superaba con creces el plazo máximo de seis meses para resolver las homologaciones, el órgano fiscalizador aboga, en un informe, por obviar ese requisito previo para que las solicitudes puedan agilizarse remitiéndose directamente al Ministerio de Sanidad.

Eso sí, la propuesta se limita a casos en los que el solicitante demuestre “una experiencia profesional formalmente reconocida” de entre cinco y quince años en su país de origen, “en función del tipo de profesión o naturaleza de la actividad a ejercer”. “Dado que los requisitos incluidos en los procedimientos existentes para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, especialmente en las profesiones sanitarias, son muy exigentes, esta opción podría reducir los plazos que actualmente se derivan de la necesidad de realizar dos procedimientos ante la administración (homologación y reconocimiento de cualificaciones profesionales)”, reza el informe.

El Tribunal de Cuentas también abre la puerta a que se puedan establecer requisitos adicionales al de la experiencia profesional para filtrar los casos susceptibles de resolverse sin acudir a la homologación previa. En el documento se cita como ejemplo “la universidad de la que proceda el solicitante u otros similares” que ya se tengan en cuenta normalmente en los procesos actuales de homologación que gestiona Ciencia, Innovación y Universidades.

Escasez de profesionales sanitarios

Desde la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), Europa cuenta con un marco común de compatibilidad de títulos y sistemas educativos entre los Estados miembro. En España, la internacionalización del sistema universitario vino de la mano de la Ley Orgánica de 2023 que, entre otras cosas, fomenta la acreditación internacional de los planes de estudios en el EEES, todo ello entroncando con el principio de libre circulación de trabajadores en la Unión Europea (UE).

Según recuerda el Tribunal de Cuentas, la UE estableció “principios, procedimientos y criterios comunes” para el reconocimiento de cualificaciones profesionales entre los ciudadanos de los países comunitarios. Sin embargo, la escasez de trabajadores cualificados está afectando “de manera significativa” a la atracción del “talento adecuado necesario para el crecimiento sostenible y la competitividad en la UE”, lo cual ha motivado “una preocupación por los procedimientos establecidos que afectan al reconocimiento académico de terceros países”.

En estos casos, tal y como se destaca en el informe, se reconoce que esos procesos “suelen ser más complejos y costosos que los aplicados a ciudadanos de la Unión”. De ahí que se recomiende a las autoridades nacionales mejorar “su capacidad para simplificar y acelerar los procedimientos de reconocimiento y proporcionar la ayuda y la información pertinentes a los nacionales de terceros países”.

Homologación vs convalidación: claves y diferencias

En España hay que diferenciar entre el proceso de homologación de títulos extranjeros y el de reconocimiento de cualificaciones profesionales. El primero se rige por un Real Decreto de 2022 -que vino a sustituir otro de 2014- y lo gestiona el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El segundo no cuenta con “una definición única”, sino que depende de “distintas normativas sectoriales”, y en cada uno de los casos la competencia le corresponde a “los distintos ministerios tutores, según la materia de que se trate y la procedencia del título”. En resumen, la convalidación de títulos de especialistas en Ciencias de la Salud depende del Ministerio de Sanidad.

Ha habido intentos de implantar un reconocimiento automático, electrónico y unificado de las cualificaciones profesionales en el caso de ciudadanos comunitarios a través de la “tarjeta profesional europea”, pero “no han dado los resultados esperados”, según el Tribunal de Cuentas. En España, sólo se aplica a cinco profesiones de acuerdo a la normativa nacional, y tres son sanitarias: Enfermería, Fisioterapia y Farmacia.

En lo que concierne a los profesionales no comunitarios, también se les aplican diversas normativas que dependen de distintos ministerios. En las profesiones sanitarias, el proceso para el reconocimiento profesional lo regula un Real Decreto de 2010. Para obtener la convalidación, primero hay que homologar el título extranjero al que se requiere en España para acceder a la formación especializada -lo cual depende de Ciencia, Innovación y Universidades- y, una vez conseguido, ya se puede cursar la solicitud de convalidación de la especialidad que gestiona Sanidad.

El plazo para resolver homologaciones médicas no se cumple

El plazo máximo para que Ciencia, Innovación y Universidades cite y notifique la resolución de homologación es de seis meses. Sin embargo, en el informe se advierte de que, en 2024, ese plazo “sigue incumpliéndose”. Según los datos del Tribunal de Cuentas, el departamento dirigido por Diana Morant tardaba en resolver los expedientes una media de 212 días, es decir, un mes más de lo establecido por norma. En ese balance no se tiene en cuenta el número de solicitudes no resueltas al amparo de la regulación actual, que “no sólo no disminuyó en 2024, sino que se incrementó de forma considerable”. Si se sumaran al cómputo, “la efectividad en el cumplimiento de la obligación de dictar en plazo quedaría muy afectada”.

A pesar de que una Orden ministerial estableció en octubre de 2024 un plazo máximo de una semana para comprobar si los expedientes reúnen los requisitos de la normativa, “con carácter general se ha observado una inacción en la apertura de expedientes”. De acuerdo a los datos del informe, de las 29.343 solicitudes iniciadas el año pasado, 25.136 permanecían en estado de “preapertura” a 31 de diciembre.

Entre 2023 y 2024, Ciencia, Innovación y Universidades recibió 66.846 solicitudes de homologación. Más de la mitad -el 63 por ciento- se correspondían con títulos de Medicina -36.163- y Enfermería -5.826. Entre las diez profesiones con mayor demanda de homologación también estaban psicólogo general sanitario, en tercer lugar con 3.623; dentista, en cuarto lugar con 3.319; y fisioterapeuta, en sexto lugar 1.954 solicitudes.

Otras medidas para agilizar la homologación

“Como consecuencia de la complejidad del procedimiento de homologación y la dilación en la resolución de los expedientes recibidos, así como la necesidad […] de atraer talento pero sin merma de la capacidad y exigencia de las cualificaciones requeridas”, el Tribunal de Cuentas propone “extender la normativa aplicable a los nacionales de países de la UE a los solicitantes extracomunitarios, ante el déficit existente para cubrir determinados puestos de profesiones reguladas, cuando estas se consideren de especial necesidad”. Para ello, “debiera valorarse en el seno de la citada Comisión Interministerial las necesidades de determinados profesionales, y una vez analizada su conveniencia obviar el requisito de la previa homologación a fin de dirigir estas solicitudes ante el departamento ministerial competente”.

En el informe también se señala que, “con carácter general”, no existen “manuales integrales aplicables en los procedimientos de homologación y equivalencia de títulos universitarios extranjeros”, lo cual “genera riesgos relevantes en la gestión administrativa” como “la discrecionalidad en la actuación de los tramitadores y la ausencia de una guía estandarizada que oriente tanto la toma de decisiones como los procesos de formación del personal encargado de la tramitación”. En el caso del ámbito sanitario, esa carencia sí que se trata de suplir con “manuales específicos para la revisión documental” y con guías dirigidas a “determinadas profesiones técnicas” como la Psicología Sanitaria, entre otras de distintas ramas.

No obstante, el Tribunal de Cuentas “aprecia un cambio de tendencia importante” en la agilización de los trámites de homologación durante el primer semestre de 2025: “Es la primera vez que se han resuelto más expedientes de la nueva normativa que la de 2014 y que el número de resoluciones supera al de las entradas”. De ello ha sacado pecho en varias ocasiones la ministra Morant.