Reparto de 46 millones de la 'pharma' en un nuevo Interterritorial online

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas abordarán el reparto territorial de 46 millones de euros aportados por la industria farmacéutica en un nuevo pleno extraordinario del Consejo Interterritorial, que se celebrará este miércoles de forma telemática. Con la distribución de esos fondos, aprobada por el Consejo de Ministros en septiembre, se busca “apoyar el desarrollo de políticas de cohesión sanitaria, la formación continuada de profesionales del sistema público de salud y el fomento del uso racional de los medicamentos, así como reforzar los planes nacionales de donación de médula ósea y sangre de cordón umbilical”, según explicó Sanidad tras el visto bueno de Moncloa.

El pleno tendrá lugar después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigiera este lunes crear el registro de objetores de conciencia para practicar el aborto -tal y como dicta la ley específica- a los presidentes de la Comunidad de Madrid, Aragón, Asturias e Islas Baleares. Sánchez ha dado tres meses a los máximos responsables autonómicos para ello. A esa circunstancia hay que añadir la tensión por la reforma del Estatuto Marco. Mónica García se verá las caras con los consejeros de Sanidad y Salud -aunque sea de forma online- casi una semana después de la celebración del Foro Marco para el Diálogo Social entre el ministerio, los sindicatos del Ámbito de Negociación y los responsables técnicos de las comunidades autónomas.

También cabe recordar que la propia García envió este lunes una carta a la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, para pedirle “la máxima transparencia y coordinación entre las administraciones” para “garantizar que se ponen en marcha las medidas necesarias para disminuir los posibles efectos” de los retrasos de pruebas diagnósticas en el programa de detección precoz del cáncer de mama en la región andaluza, que afecta a 2.000 mujeres.

Quien no estará en el pleno será el consejero de Salud de Euskadi. A finales de septiembre, Alberto Rodríguez anunció que dejaría de acudir a las cumbres entre Sanidad y las comunidades autónomas en protesta a la negativa del ministerio a tener en cuenta las propuestas del Departamento de Salud del País Vasco en un contexto de "falta de profesionales sanitarios", como el reconocimiento del euskera en la convocatoria MIR. Sanidad considera que ello "crearía una doble vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad". El País Vasco ya cumplió su amenaza la semana pasada: fue la única comunidad autónoma ausente en la reunión del Foro Marco para el Diálogo Social.

Así se repartirán los 46 millones de la industria farmacéutica

La distribución de los 46 millones de euros de la industria 'pharma' entre las comunidades autónomas y el Ingesa da cumplimiento a la disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, que obliga a las empresas fabricantes, importadoras o comercializadoras de medicamentos y productos sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) a realizar aportaciones periódicas al Estado.

"Estas contribuciones, calculadas en función del volumen de ventas mediante receta oficial o dispensación, tienen como finalidad principal reforzar la equidad en el acceso a la atención sanitaria, impulsar la formación de los y las profesionales del SNS y fomentar un uso más eficiente, seguro y racional de los medicamentos", detalló Sanidad en septiembre.

La mayor parte del presupuesto, algo más de 43,1 millones de euros, se va a destinar a la implementación de programas de atención farmacéutica, sistemas de información sanitaria, sostenibilidad del SNS, farmacovigilancia, prevención de resistencias a antibióticos, optimización de terapias de alto impacto y formación sanitaria continuada.

El reparto se divide entre una cantidad fija, igual para cada región y el Ingesa, y una cantidad variable asignada según criterios poblacionales basados en el censo oficial del Instituto Nacional de Estadística de 2024. También se tiene en cuenta el grado de ejecución de los fondos asignados en el ejercicio anterior y la memoria de actuaciones presentadas. A ello hay que sumar 200.000 euros para el programa de calidad y seguridad para la obtención y el trasplante de órganos humanos y otros 250.000 euros para la optimización de los Sistemas de Información.

Criterios de la Ley ELA

La sesión extraordinaria del Consejo Interterritorial también contempla un punto en el orden del día relacionado al proyecto del Real Decreto por el que se regula el reglamento que establece los criterios que definen los procesos irreversibles y de alta complejidad de cuidados que conforman el ámbito de aplicación de la Ley ELA.

El pasado mes de julio, Sanidad sometió a trámite de audiencia pública -hasta el 5 de septiembre- la modificación de este Real Decreto, que tiene por objetivo definir los criterios previstos para mejorara la vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y enfermedades de alta complejidad y curso irreversible. Este proyecto normativo no supondrá un incremento del gasto público ni afectará a los ingresos del Estado, según el análisis económico que presenta el texto, ya que se financiará con dotaciones presupuestarias ya existentes, sin generar costes adicionales.