Sánchez exige crear el registro de objetores del aborto a cuatro CCAA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a los presidentes autonómicos de Aragón, Islas Baleares, la Comunidad de Madrid (los tres del PP) y Asturias (del PSOE) a crear el registro de objetores de conciencia para practicar el aborto, algo a lo que obliga la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, cuya última modificación data de 2023. El protocolo específico para ello lo aprobó el Consejo Interterritorial en diciembre de 2024, y, en su misiva, Sánchez hace alusión precisamente a ese año de retraso que llevan las cuatro regiones cuyos máximos mandatarios han recibido sendas cartas.

“La falta de este registro limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley. El respeto a la objeción de conciencia de los profesionales nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres”, apuntan fuentes del Ejecutivo citadas por diversos medios. En las misivas, Sánchez advierte de que, en el caso de que las autonomías no hayan creado el registro, “se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento”.

Madrid "protegerá" a los profesionales objetores

El pasado vierntes, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, se comprometió a "proteger" a los profesionales sanitarios y no sanitarios que "han pedido ser objetores". "Tengo que protegerlos y cumplir su derecho a la objeción de conciencia por motivos éticos, morales, filosóficos o religiosos", dijo en un desayuno con los medios.

En febrero, la Asamblea de Madrid, con los votos de PP y Vox, se opuso a crear el registro, pero Matute recordó la semana pasada que su obligación "como Administración" es "cumplir la ley". Eso sí, dejó claro que no permitirá "que se señale a nadie", tanto si es objetor como si no. En todo caso, para la consejera de Sanidad madrileña, crear una lista de objetores es "inútil" y lo que se debería hacer es lo contrario, es decir, un registro de profesionales que no se nieguen a practicar el aborto: "Si tengo que proveer el servicio, necesito saber cuántas personas están dispuestas a hacerlo".

Sanidad revisará el cumplimiento de la Ley del Aborto

En julio, el Ministerio de Sanidad ya comunicó por carta con las comunidades autónomas su intención de “revisar” el grado de cumplimiento de la Ley del Aborto ante la certeza de que hay mujeres que aún “no tienen garantizado ese derecho”. La ministra de Sanidad, Mónica García, recordó entonces que la propia ley establece que se tiene que hacer un informe anual de su grado de ejecución.

“Lo que les hemos dicho (a las autonomías) es que nos faciliten los datos para que, realmente, nos garanticen que se está cumpliendo la ley y, en caso de que no sea así, nosotros, desde el Ministerio de Sanidad, tomaremos las medidas oportunas a través de la Alta Inspección y de los mecanismos que tenemos a nuestro alcance”, dijo García en verano, antes de un pleno del Consejo Interterritorial.

Redondo pide blindar el derecho al aborto en la Constitución

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha insistido este lunes en que sigue habiendo mujeres que no tienen acceso al aborto en los hospitales públicos: "Lo que se está haciendo es requerir a las comunidades autónomas para que cumplan con el registro de objetores, pero también para que cumplan con los requisitos legales que permiten a las mujeres realizar su interrupción voluntaria del embarazo con normalidad en la pública y por supuesto también con todas las garantías", ha dicho unas declaraciones a RNE.

Según Redondo, "el momento de dar un paso más" y de garantizar el derecho al aborto en la Constitución Española a través del artículo 167, "una modificación menos agravada que, por supuesto, exigiría como tres quintas partes de las cámaras". En la ponencia marco de su 41º Congreso Federal, celebrado a finales de 2024 en Sevilla, el PSOE se comprometía a blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución “frente al avance de la ultraderecha”, pero sin concretar cómo.

Los padres de la Constitución dejaron abierta la posibilidad de que, en el futuro, el derecho al aborto quedara reflejado en el artículo 15 de la Carta Magna, que es el que asegura el “derecho a la vida y a la integridad física y moral” de todos los españoles. Al tratarse de un derecho fundamental, su reforma implicaría el apoyo de dos tercios del Congreso y del Senado, la disolución de las Cortes de forma “inmediata” y la convocatoria de elecciones. Tras ello, dos tercios de los nuevos integrantes de las Cámaras habrían de ratificar la decisión previa. También sería obligatorio que la reforma fuera apoyada en referéndum.

La propuesta de Sumar para blindar el aborto en la Constitución

En febrero, Sumar registró una Proposición de Ley para blindar el derecho al aborto en la Constitución acudiendo a una vía de reforma más sencilla. Para ello se basó en un cambio de concepto: la interrupción del embarazo no desde el derecho a la vida, sino desde el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

El grupo parlamentario planteó incluir un nuevo apartado en el artículo 43 de la Carta Magna en el que se reconozca “el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo que sea libre, informada, plena y universal”. También propuso que los poderes públicos garanticen ese derecho “con absoluto respeto a la autonomía física”.