Estatuto Marco, Medicamento, Antitabaco y más: la agenda de Sanidad 25-26

El arranque del nuevo curso político coincide con los primeros pasos de la segunda parte de la legislatura, dando por hecho que agotará su vigencia canónica de cuatro años y teniendo en cuenta que el Gobierno no quedó constituido hasta noviembre de 2023. En todo caso, se trata esta de una etapa clave en materia legislativa, al menos en lo que al Ministerio de Sanidad se refiere. Así lo han dicho sus máximos responsables durante todo este año: en 2024 se asentaron las bases de los proyectos normativos y reformas que componen la agenda del equipo dirigido por Mónica García y en 2025 tienen que materializarse tales iniciativas. Una vez aprobada en el Congreso la Ley para crear la Agencia Estatal de Salud Pública, Sanidad regresa del parón veraniego con tres grandes objetivos en el horizonte más cercano. La propia titular del departamento ya puso una fecha aproximada a dos de ellos: la intención es que el proyecto de Ley de los Medicamentos vaya al Consejo de Ministros en segunda vuelta en septiembre -según reveló a preguntas de Redacción Médica tras el Consejo Interterritorial de primeros de julio- y que el proyecto legislativo de Estatuto Marco pase por Moncloa a lo largo del otoño, como muy tarde. A esas dos iniciativas capitales se suma otra, la Ley Antitabaco, que, según fuentes de Sanidad, llegará al Consejo de Ministros “próximamente”.

El Estatuto Marco de los profesionales sanitarios

La meta más complicada es la del Estatuto Marco. Tras dos años de conversaciones, el Ministerio de Sanidad y los sindicatos representados en el Ámbito de Negociación aún no han sido capaces de consensuar un texto legislativo que poder presentar en Moncloa antes de su tramitación en el Congreso. Según el ministerio, el nivel de acuerdo es alto, pero las organizaciones sindicales no comparten ese análisis de la situación. El último borrador entregado por los responsables de Sanidad a las centrales contiene mejoras respecto al actual Estatuto Marco -vigente desde 2003- como la limitación a 17 horas las guardias y a 45 horas el trabajo semanal, el compromiso de convocar Ofertas Públicas de Empleo (OPE) sanitarias con carácter bienal para reducir la temporalidad y la actualización de la clasificación profesional en base al Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje permanente (MECU). También se ha incluido un capítulo específico para reconocer las particularidades de los médicos, aunque ello no ha servido para satisfacer las reclamaciones de CESM, que pasan, entre otras cosas, por crear una nueva categoría A plus para el colectivo facultativo y por que las guardias sean voluntarias. El sindicato mantiene su convocatoria de huelga, que sería la segunda, para el 3 de octubre.

En cuanto al resto de sindicatos representados en la mesa, siguen demandando mejoras retributivas ligadas a la reclasificación profesional y cambios para mejorar la jubilación anticipada y parcial. En la última reunión del Ámbito, celebrada el 1 de agosto, Sanidad se comprometió a modificar su borrador en lo relacionado con el régimen de jubilación. De momento, las organizaciones siguen esperando una nueva propuesta. Ambas partes volverán a verse las caras, si no hay cambios, en la segunda quincena de septiembre. Ese fue el límite temporal que Satse, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde marcaron para estudiar la convocatoria de huelga si el ministerio no satisfacía sus peticiones.

La Ley de los Medicamentos

El anteproyecto de Ley de los Medicamentos y los Productos Sanitarios fue aprobado por el Consejo de Ministros en primera vuelta en abril. Según explicó García, la norma supondrá “modernizar el ecosistema de los medicamentos, incorporar todas aquellas lecciones que nos dejó la pandemia y mirar al futuro”. Entra otras medidas, se propone modificar el Sistema de Precios de Referencia para eliminar barreras para la competencia entre compañías y para reconocer la innovación incremental -algo ya incluido en la Ley de la Agencia de Salud Pública-. También se habilita a enfermeras y fisioterapeutas a prescribir medicamentos en el ámbito de sus competencias.

El documento recibió más de 1.000 aportaciones durante su fase de audiencia pública. La ministra confirmó en julio, también a preguntas de este periódico, que, finalmente, en el seno del Gobierno se había acordado que la reforma del copago farmacéutico planteada inicialmente por Sanidad -para hacer más progresivo el sistema- quedara fuera del texto que llegara a las Cortes. No es descabellado aventurar que, como mínimo, Sumar registrará una enmienda al articulado para tratar de que la medida acabe formando parte de la ley.

Ley Antitabaco, otra clave de la agenda sanitaria

Con Ley Antitabaco se busca, entre otras cosas, ampliar los espacios sin humo, restringir la venta de cigarrillos electrónicos y endurecer la regulación de la publicidad del tabaco y otros productos relacionados. En su fase de consulta pública, el anteproyecto recibió 853 aportaciones, según se informó desde el Gobierno el pasado noviembre. En mayo, el director general de Salud Pública, Pedro Gullón, confirmó que el proyecto normativo estaba “en fase media de redacción” y avanzó que entre sus postulados se incluirá la imposición de un empaquetado genérico al tabaco.

Las "tres leyes estrella de la sanidad pública"

Al margen de ello, en Sanidad confían en que se acelere la tramitación de las “tres grandes leyes estrella de la pública” en la que el equipo de García decidió dividir la fallida Ley Darias, denominada oficialmente Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), que caducó y cayó en saco roto por la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales en 2023. El trío para 'resucitarla' lo componen la Ley para consolidar la Equidad y la Cohesión del SNS, la Ley de Universalidad y la Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS. Esta última es la única que aún no ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros para iniciar su tramitación parlamentaria.

En el caso de la Ley de Equidad y Cohesión, se aprobó en Moncloa en junio de 2024 y, desde septiembre de ese año, su plazo de enmiendas a la totalidad en el Congreso ya acumula 37 prórrogas. El objetivo de la futura norma es “corregir las fragilidades estructurales” del sistema, para lo cual se quiere impulsar que todas las normativas, sean del ámbito que sea, incluyan “un impacto de los determinantes sociales de la salud” como vivienda, educación y salud laboral. Además, se busca incorporar la voz de los usuarios en el Foro Abierto de Salud como órgano permanente de asesoramiento.

En cuanto a la la Ley de Universalidad, uno de sus fines es ‘devolver’ la cobertura sanitaria a los migrantes en situación irregular después de que quedaran excluidos de esa asistencia con la Ley de Sostenibilidad del SNS de 2012. Además, se quiere potenciar la participación ciudadana en los órganos de asesoramiento del SNS y “evitar que puedan introducirse nuevos copagos”. Este medio avanzó en julio que los grupos parlamentarios de la Comisión de Sanidad ya habían iniciado los contactos, liderados por Sumar, para tratar de llegar a acuerdos de enmiendas de cara a aprobar la ley en la Cámara Baja. El proyecto recibió el visto bueno del Consejo de Ministros en mayo de 2024. De momento, el plazo de enmiendas a la totalidad suma más de 40 prórrogas.

Ley de Alcohol y Menores

Por último, en Sanidad también recuerdan que hay otra ley impulsada desde el ministerio que se encuentra en las Cortes. Se trata de la Ley de Alcohol y Menores, aprobada en el Consejo de Ministros del 11 de marzo. Desde el 8 de abril está abierto el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad, que se ha prorrogado, por ahora, 13 veces.

García definió como “pionera” esta ley, cuyo objetivo es prevenir el consumo de alcohol en menores de edad y protegerlos de sus efectos, crear entornos seguros y saludables para la infancia y la adolescencia y dotar de herramientas eficaces a los sectores que trabajan con personas de estas edades para promover hábitos saludables. “La evidencia científica es clara: no existe una cantidad segura de alcohol de cualquier tipo que no implique un impacto negativo en la salud. Beber alcohol de forma moderada no aporta ningún beneficio a la salud”, dijo la ministra en marzo.