"Hemos intentado remover trabas para que el acceso a fármacos sea más ágil"

El Ministerio de Sanidad de Mónica García se propuso, entre sus objetivos fundamentales para esta legislatura, agilizar el proceso para decidir qué medicamentos financia el Estado. Según los datos presentados por el propio departamento en abril, el tiempo promedio desde que la Unión Europea autoriza un fármaco innovador hasta que España decide si lo financia se redujo en 2023 hasta 344 días, aproximadamente 175 menos que en 2020. García ha sacado pecho de ello durante su entrevista en el Café de Redacción organizado por Redacción Médica con la colaboración de BeOne y Gilead.

Café de Redacción con la ministra de Sanidad, Mónica García.

En todo caso, el Ministerio quiere que el plazo quede recortado a 180 días una vez se implanten las reformas pretendidas a través de la futura Ley de los Medicamentos y los Productos Sanitarios. Es una norma fundamental en la hoja de ruta ministerial. A la espera de conocer las aportaciones aceptadas tras su fase de audiencia pública, en el borrador se dota a las enfermeras y a otras categorías profesionales de más poder en la gestión. En el horizonte queda pendiente la posibilidad de reformar el copago farmacéutico para hacerlo “más progresivo”. Ese es, al menos, el deseo de Sanidad.

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Uno de los puntos clave de la legislatura es la llamada Ley del Medicamento. El anteproyecto de reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios pasó ya por el Consejo de Ministros en primera vuelta y se hicieron muchísimas aportaciones. ¿Qué cambios se van a incluir finalmente en el texto que vaya a la segunda vuelta sobre copago y prescripción enfermera, entre otros temas?

Es un texto cuya reforma llevaba pendiente desde el año 2015, aunque había tenido alguna reformulación. Ha habido un trabajo ingente con la industria farmacéutica, con las organizaciones profesionales y con todos los actores que están involucrados en una ley que lleva diez años sin tocarse.

Mónica García, ministra de Sanidad.

Ha habido puntos que han tenido más debate como el sistema de precios seleccionados, sobre el que hemos estado hablando y dialogando constantemente para que haya predictibilidad. Para que esa predictibilidad de los precios seleccionados para la industria esté en consonancia con la sostenibilidad del sistema, nosotros nos tenemos que mover siempre en las diferentes fases de la vida del medicamento, en las que entran en juego elementos del mercado, de protección de nuestro sistema y de protección de los precios.

El sistema de copago lo hemos dejado para el trámite de enmiendas parlamentarias. A nosotros nos gustaría que fuera un sistema más proporcional y más justo del que tenemos. Actualmente pagan lo mismo los que tienen una renta de 18.000 euros que los que tienen una renta de 100.000 euros. Esto no tiene mucho sentido esto. Lo que nos dice la evidencia social o científica es que los pacientes que están teniendo más dificultades o más barreras para acceder a los medicamentos son aquellos que son activos con bajas rentas. Es decir, hemos protegido a los jubilados con unos topes y, sin embargo, las personas que están teniendo dificultades para acceder a los medicamentos o que no se los pueden pagar son las que están en activo pero que tienen bajas rentas. A estos también los tenemos que proteger porque tenemos un sistema universal y accesible, esperemos que para todo el mundo.

Pregunta de Cristina García Medinilla, directora general de BeOne para España y Portugal:

Somos una compañía centrada en cáncer, con un modelo único de investigación y desarrollo y un foco muy importante en el acceso, en la rapidez de los pacientes para conseguir el acceso a la innovación terapéutica. Hemos roto los moldes en cuanto a los tiempos de acceso y conseguido que el acceso nacional sea muy rápido para nuestros fármacos, pero, cuando hemos ido al ámbito regional para mejorar estos plazos, no lo hemos conseguido. ¿Cómo nos podrían ayudar desde el Ministerio o qué consejos podría dar a compañías como BeOne, que desde el principio han apostado por esta rapidez?

Una de las cosas en las que nos hemos centrado desde la Dirección General de Cartera y Farmacia es en agilizar esos plazos y, de hecho, hemos reducido en seis meses los plazos desde que se aprueba un fármaco hasta que se financia. Hablamos de dos cosas diferentes. Una cosa es la financiación y otra cosa es la aprobación.

Todo esto tiene un trámite muy garantista, y a veces es verdad que ha sido poco ágil. Hemos intentado remover todas esas trabas para que la toma de decisiones sea más ágil. Yo puedo responder de lo que hacemos en el Ministerio, aunque en muchas de las decisiones participamos diferentes ministerios y también las comunidades autónomas, por ejemplo, en el Comité Interministerial de Precios de los Medicamentos se hace una evaluación de la eficacia y también una evaluación de la eficiencia. Hemos intentado separar esos dos tipos de decisiones. El que evalúa la eficacia del medicamento no es el mismo que el que evalúa la eficiencia y la sostenibilidad del sistema.

¿Qué podemos decirles a las comunidades autónomas? Que agilicen también estos procedimientos. Nosotros lo hemos hecho, hemos reducido en seis meses, y trabajaremos con las comunidades autónomas. Una de las cosas que hacemos muy bien a través de nuestros directores generales -que son absolutamente maravillosos, gente con un compromiso y una vocación de servicio público incalculable- es trabajar muy bien con las comunidades autónomas.

Incluso las comunidades autónomas trabajan muy bien entre ellas. Son los propios técnicos y técnicas las que hacen ese benchmarking o aprendizaje de las mejores prácticas de lo que están haciendo las comunidades de al lado. Nosotros ponemos encima de la mesa guías de buenas prácticas en lo que a acceso de medicamentos se refiere. Seguimos empujando y haciendo el trabajo que nos corresponde: el de coordinación y colaboración con todas las comunidades.

García apuesta por el diálogo con las CCAA para reducir los tiempos de acceso a nuevos medicamentos.

Pregunta de Jesús Sanz Villorejo, presidente de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE):

Estamos de acuerdo en que la clasificación competencial se realice en base a la formación. Creemos que es algo absolutamente razonable y nos parece bien que ese sea el enfoque que se recoja en el Estatuto Marco. En cuanto a la Ley de los Medicamentos y al tema controvertido de la prescripción enfermera, ¿podría ampliar los planteamientos actuales?

Creo que en los planteamientos hemos sido cristalinos. Queremos darle a cada uno de los profesionales el máximo valor de las competencias y de los conocimientos que tiene para darle a cada uno de los pacientes el profesional que mayor valor le va a proporcionar para su necesidad. Una de las cosas que incluye el Estatuto Marco es la profesionalización de la gestión.

Tú puedes ser enfermera, anestesista, médico, pediatra o lo que sea, y otra cosa son los conocimientos adquiridos que tengas en lo que a gestión se refiere. Ha habido muchos años con dudas sobre si las enfermeras pueden o no ser gestoras. Claro que pueden ser gestoras. También hay economistas que son gestores. También hay juristas que son gestores. Gestor y directivo será será aquel que tenga los conocimientos y la formación para poder ejercer la gestión.

Creo que es uno de los debes que le tenemos al sistema sanitario: una profesionalización de la gestión. Había una encuesta de Sedisa de hace muchos años que decía que el 70 por ciento de los gestores y directivos lo eran por su color político. No nos podemos permitir esto porque, al final, no estás evaluando la gestión como una ciencia más y una disciplina más que puede ser ejercida de manera transparente y a través de conocimientos de gestión.

Creo que en nuestro Ministerio hemos apostado por todas las profesiones médicas y hemos puesto especial también énfasis en, por ejemplo, la estrategia de cuidados y en el papel de la Enfermería en nuestro sistema. Lo hicimos a través de una encuesta en la que decía, por ejemplo, que sólo el 30 por ciento de las enfermeras especialistas trabajan en su área. Esto es una pérdida de talento. Si tú tienes una enfermera especialista en Atención Primaria o en Pediatría o en Salud Mental, pero no acaba trabajando en su especialidad, estamos tirando el talento.

Todo esto lo estamos intentando trabajar con las comunidades autónomas, porque son ellas las que tienen que diferenciar estas diferentes especialidades de Enfermería. Nosotros hacemos una apuesta por que las enfermeras tengan toda la capacidad de ejecución de su profesión, que sean capaces de dar de sí todo lo que da su conocimiento.

Y esto no va en detrimento del conocimiento de otros profesionales. Es absolutamente complementario. Es más, creo que muchos facultativos y facultativas, y así nos lo han trasladado a raíz de las reuniones con las sociedades científicas, demandan aquellas otras profesiones que se complementan en los equipos multidisciplinares para así poder desarrollar el máximo de nuestro valor añadido dentro de nuestra profesión.

Pregunta de Félix Benguria, senior director government affairs de Gilead:

Tengo que reconocer que el esfuerzo que está haciendo este Ministerio en la lucha frente al VIH es enorme. Y no solamente eso, sino que, además, está comprometido de una manera especial con la salud global y el abordaje global del VIH.

Recientemente hemos recuperado peso en la gobernanza de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El Ministerio mantiene unas relaciones extraordinarias estrechas con Onusida, la entidad que está más firmemente apostando por la eliminación del VIH. En ese contexto, ¿cuál cree que debe ser el papel de España y del Ministerio en ese esfuerzo global por acabar con la epidemia del VIH y conseguir que el sida deje de ser un problema de salud pública en 2030?

Desde el Ministerio hemos recuperado no solamente ese puesto en la OMS, que llevaba 20 años sin ocuparse, sino también una posición desde la que queremos liderar la transformación de nuestro sistema de salud global, que se ha visto amenazado por la estampida o la desfinanciación de la Administración Trump poniendo en riesgo muchos de los programas y proyectos que se llevaban en el Sur Global, por ejemplo, para prevenir el VIH y para detener el sida.

No sé cuál va a ser el cálculo de esa decisión del señor Trump de cortar los hilos que nos llevaban a la prevención de determinadas enfermedades como tuberculosis, malaria y VIH en el Sur Global, pero va a tener un coste en millones de vidas. Estamos intentando abordarlo considerándolo una oportunidad para establecer una nueva arquitectura de la salud global. En eso estamos trabajando activamente desde el Ministerio de Sanidad y también desde el Gobierno de España junto al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Nos hemos propuesto liderar esa multilateralidad y esa salud global que se está poniendo ahora en cuestionamiento. Nos hemos remangado con todos los actores necesarios y con todas las organizaciones que están alrededor, como Onusida, que están desde hace tantos años trabajando por y para la erradicación del sida en el mundo. Vamos a seguir dándolo todo para que así sea y para volver a poner en el centro algo que aprendimos en la pandemia, pero olvidamos muy rápido, que es que no vamos a estar seguros ninguno hasta que no estemos seguros todos.

En ese aspecto, por ejemplo, en el tratado de pandemias y en todos los tratados internacionales en los que hemos participado, España ha tomado un papel relevante a la hora de defender la salud global y los intereses en salud del Sur Global frente a algunos intereses mercantiles del Norte Global. No vamos a estar a salvo de pandemias y de epidemias si no somos capaces de atender estas enfermedades en los lugares de origen.

Mónica García y Esther Ortega en el plató de Redacción Médica.