Interna defiende la financiación de semaglutida en una obesidad "crónica"

"El Ministerio de Sanidad sabe que hay hoy en día tratamientos para la obesidad y que en algún momento tendrá que pensar en que se incorporen en la cartera de servicios", secunda desde el Área de Obesidad de la Sociedad Española de Endrocrinología y Nutrición (SEEN), Irene Bretón. 

El problema, según Michán, radica en que la obesidad no es considerada como enfermedad crónica no solo por "el Estado" sino también "por los propios profesionales sanitarios", lo cual, lastra un posible reembolso de los fármacos adelgazantes eficaces en su tratamiento. Algunos de ellos, estarían "financiados minoritariamente" pero la mayoría se cubren "para el tratamiento de la diabetes como manifestación en gran medida de la obesidad".

El internista habla en concreto de la semaglutida, principio activo de Wegovy e incluso de Ozempic -con indicación exclusiva para diabetes en España-. Esta clase de medicamentos, conocidos como agonistas de los receptores del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1), habrían  demostrado una disminución de la mortalidad y un aumento de la esperanza de vida en aquellas personas "obesas y no diabéticas" que tienen un infarto.

Algo especialmente importante, teniendo en cuenta "que este depósito de adiposidad en estructuras que no están diseñadas para ello, conlleva que estos órganos, bien sea el corazón, el páncreas o el hígado, no funcionen a la larga", por lo que, deberían estar ya financiados para este propósito, del mismo modo que "se demostró que dar un fármaco para el colesterol en personas que han tenido un infarto alargaba la supervivencia". 

"Cualquier médico que ve a una persona que ha tenido un infarto y no tiene estatina o no tiene bloqueado su sistema de renina-angiotensina, se pregunta por qué. Pues esa misma pregunta nos tenemos que hacer con estos fármacos, con la semaglutida", plantea el experto. 

Teniendo un arsenal farmacológico ya disponible "desde hace años", en el que se incluyen los agonistas duales de GLP-1 y GIP como Mounjaro, el papel actual de la Administración según Michán, es "valorar si lo que cuesta en euros ese medicamento es suficiente para lo que valoran que vale la vida de una persona en España", es decir, evaluar la rentabilidad y eficacia al incluir este tipo de medicamentos en la cartera pública de servicios a la vista del elevado coste que supondría para las arcas del Estado. 

Precisamente por tratarse de tratamientos muy costosos, Bretón es partidaria de establecer un sistema de financiación "ordenado" en el que se priorizara "a las personas que más se van a beneficiar" y mediante el que se establecieran protocolos y criterios homogéneos en todas las comunidades autónomas, dado que "hoy por hoy solamente lo pueden recibir las personas que tienen recursos económicos y eso genera una inequidad tremenda". 

De hecho, la obesidad es conocida como la 'enfermedad de la doble inequidad', al afectar en mayor medida "a las personas que viven en sectores más desfavorecidos, los cuales, tendrían un menor acceso al entorno sanitario y por supuesto a los tratamientos". Aunque, lo cierto, es que a día de hoy no se tiene información de acceso a intervenciones como la cirugía bariátrica ni de "las listas de espera que hay en una región de España y en otra". 

Por tanto, adherir la etiqueta de cronicidad a la obesidad, no solo permitiría el "acceso a una asistencia sanitaria en condiciones de equidad", sino también garantizar una atención adecuada "como ocurre en otras patologías" como la diabetes. De esta forma, defiende, estaría más presente en el proceso diagnóstico de los profesionales, puesto que ahora "se llega a olvidar". "Las medidas preventivas son importantísimas, obviamente, sobre todo en la infancia, pero ¿qué hacemos con las personas que ya tienen obesidad? Ese es el problema", explica Bretón. 

Además de una dotación específica presupuestaria, Bretón habla de la necesidad de trazar un plan estratégico dotado de indicadores para valorar su puesta en marcha y "qué objetivos se han conseguido". Mejorar su abordaje también pasa por dotar de recursos "a los servicios sanitarios para que puedan evaluar la enfermedad en Atención Primaria", según Bretón. Una puerta de entrada que permita al paciente seguir una ruta asistencial desde el momento en el que entre en contacto con el entorno sanitario. "Si se considera una enfermedad, no sería razonable que las listas de espera no fueran transparentes", cuestiona la especialista. 

Lo cierto es que Documento de Desarrollo 2025-2028, en el que basa su actualización la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS), ya s refiere a la obesidad como enfermedad crónica y la sitúa en la lista de problemas de salud prioritarios. En concreto, habla de la necesidad de reforzar la prevención y el control de esta patología, -clasificada como enfermedad desde la década de los 40 por la OMS- mediante programas de promoción de entornos, estilos y condiciones saludables, la valoración integral más allá del índice de masa corporal y la optimización del tratamiento individualizado, mediante la integración de equipos interdisciplinares y con la utilización de recursos comunitarios. 

"Nuestro grupo lleva ya décadas defendiendo que hay que considerar a la obesidad como lo que es, como una enfermedad. Y eso es clave para que nuestros ciudadanos puedan vivir más y sobre todo puedan vivir mejor", expone Michán.