Carlos Rus, presidente de ASPE
Tocado y hundido. El proyecto estrella del Ministerio de Trabajo, la
ley de jornada laboral reducida, que propone rebajar el tiempo de trabajo de 40 a 37,5 horas,
ha salido con graves heridas del Congreso. La Cámara Baja ha tumbado la norma después de que se aprobasen las enmiendas de totalidad presentadas por PP, Vox y Junts. Un rechazo que, apenas unas horas después de hacerse realidad, ha sido tratado con optimismo por la
sanidad privada, que ha avanzado es que
su deseo es que “la ley vuelva al cajón del Congreso”. Una declaración de intenciones que llega tras las continuadas negativas del sector privado por la “falta de profesiones” y el aumento de costes que derivarían en caso de que la esta reducción laboral saliese a flote. A ello se suma una petición: que las negociaciones sean
decisiones que se tomen dentro de cada sector.
Junts era la última pieza que faltaba por encajar en el tablero. Tras varios
meses de intensidad en los diálogos, el partido catalán mostró su negativa unos días antes de que la votación se hiciese oficial, y lo ratificó este miércoles, cuando alegó que la medida tendría un
fuerte impacto sobre las pequeñas y medianas empresas, incluidas las del sector sanitario.
La privada, contra la jornada laboral reducida
La
sanidad privada, que ha seguido de cerca las conversaciones de este trámite parlamentario en la Cámara baja, se ha mostrado optimista ante los resultados de la votación que tuvo lugar este miércoles. La Associació Catalana d'Entitats de Salut (
ACES), la patronal del sector en Cataluña, ha sido tajante. Fuentes de la organización han explicado a
Redacción Médica que en este momento, lo que debe hacer Moncloa es
“dejar la competencia de la negociación colectiva a las mesas negociadoras”. En otras palabras, que cada colectivo negocio las condiciones que mejor puedan apartarse a su sector.
El sector sanitario privado vive una situación especial. Al menos así lo concluye ACES, que tiene una postura idéntica a la que ha mostrado la Alianza de la Sanidad Privada Española (
ASPE), durante los últimos meses. “La reducción de jornada conllevaría la
necesidad de incorporar más profesionales para dar cobertura a los servicios actuales”, explican las voces de la patronal catalana. Así, ponen sobre la mesa el mismo asunto que ha debatido ASPE en los últimos meses: la norma estrella del Ministerio de Trabajo acrecentaría el
déficit de profesionales de la sanidad privada.
“Tenemos un déficit estructural de profesionales, sobre todo de
médicos especialistas y enfermeras y las proyecciones actuales confirman que será muy difícil solventar las necesidades futuras de una población envejecida que cada vez necesitará más servicios sanitarios”, apunta ACES. De hecho, también hace hincapié en la
colaboración público-privada, ese sistema que ha salido a relucir en los últimos debates sanitarios de estos meses. De esta forma, inciden en que
la privada ayuda a “descongestionar” a la sanidad pública, por lo que ese déficit afectaría a “todo el sistema en su conjunto”.
Ese, no obstante, no es el único asunto que preocupa a la sanidad privada. La patronal catalana explica que la implantación de esta
rebaja de 40 horas a 37,5 implicaría la reducción de una jornada de trabajo. Esto provocaría
“un incremento de costes de más del 1 por ciento”. “Supondría una mayor dificultad operativa y organizativa para las empresas”, subrayan fuentes de ACES.
El retorno a las mesas negociadoras
Los ‘dardos’ de la sanidad privada catalana apuntan al Gobierno. “Varios países de la comunidad europea debaten la
ampliación de la jornada laboral ante la falta de profesionales, para generar mayor actividad económica y, por tanto, ingresos adicionales mediante impuestos y cotizaciones sociales y
mientras en España debatimos sobre la reducción laboral”, relatan. Así, llegan a una conclusión clara: “Consideramos que sería un contrasentido reducir la jornada laboral que afectaría a la productividad en muchos sectores y empresas”.
En este punto,
Redacción Médica también se ha puesto en contacto con la
patronal del sector privado a nivel nacional, la Asociación de la Sanidad Privada Española (ASPE). La organización, presidida por
Carlos Rus, ha decidido acogerse a un comunicado conjunto con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
“Defendemos que la reducción de jornada, como cualquier mejora en las condiciones de los trabajadores,
debe hacerse mediante la negociación colectiva, equilibrando las necesidades de empresas y trabajadores”, apunta el documento. A ello, suma: "Animamos a retomar cuanto antes las mesas de negociación y a reactivar la negociación colectiva, ralentizada por la insistente injerencia del Ministerio de Trabajo".
Del "regalo envenenado" al déficit de profesionales
Los primeros meses de 2025 han estado marcados por las negociaciones sobre la implantación de la
jornada laboral reducida. El
proyecto estrella del Ministerio de Trabajo, capitaneado por Yolanda Díaz, ha llegado finalmente al Congreso de los Diputados con graves heridas. Junts ya había anunciado su 'no', y hacerlo realidad era la
puntilla final para dar por finalizado, por el momento, el trámite parlamentario en la Cámara Baja.
Rebajar la jornada de 40 horas a 37,5 horas también ha sido objeto de debate entre los
profesionales del sector privado. Algunos de ellos, de hecho, ya hablaron de que podría llegar a ser
"un regalo envenenado" si
no se ampliaban las plantillas. De hecho, reiteraron las mismas palabras que han abordado tanto ASPE como ACES en los últimos meses: de aplicarse, la jornada laboral reducida incrementaría el déficit de profesionales en la sanidad privada.
Los
siguientes pasos aún están por conocerse. Por el momento, el sector sanitario privado ya ha mostrado su interés en que las negociaciones sobre este asunto vuelvan a las mesas de negociaciones de cada sector, donde se decidirá el futuro final de esta rebaja de la jornada laboral.
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