Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
El Gobierno trabaja a contrarreloj para poner en cuarentena la enmienda de totalidad de Junts per Catalunya contra la Ley de
reducción de la jornada laboral de 40 a 37 horas y media. Las expectativas no son buenas, pues la formación de Carles Puigdemont se mantiene en su negativa, esencialmente, por el impacto que tendría sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes) del territorio, incluidas las de salud. El propio sector de la
sanidad privada ha exteriorizado sus recelos en torno a una norma que considera que
“afectaría gravemente” a su actividad dado que agravaría las consecuencias del déficit de profesionales.
La Ley de reducción de la jornada laboral llega herida de muerte a la votación de las enmiendas de totalidad de este miércoles. A las presentadas por
PP y Vox se sumó una tercera de
Junts, que, de obtener los apoyos suficientes, devolvería la norma a Moncloa. Ante esa previsión, el Ministerio de Trabajo ha confirmado ya su intención de reiniciar la tramitación del proyecto e incluso de activar algunas de sus herramientas, como el
registro horario digital, que podría aprobarse mediante decreto ley sin necesidad de pasar por el Congreso de los Diputados.
Claves de la Ley de reducción de la jornada laboral
Fue el pasado junio cuando el Consejo de Ministros dio luz verde a este
proyecto de Ley de reducción de jornada, un paso previo a su remisión al Congreso de los Diputados. “Damos un
paso decisivo para mejorar la vida a millones de personas trabajadoras en nuestro país, un impulso nuevo a la agenda social”, celebró entonces la ministra de Trabajo,
Yolanda Díaz.
El proyecto se sustenta sobre el pilar de un registro de jornada interoperable. Se trata, asume el Gobierno, de un instrumento esencial para garantizar el cumplimiento de la normativa de tiempo de trabajo. Por otro lado, se pretende garantizar de manera más efectiva el derecho a la
desconexión digital a fin de evitar que pueda exigirse el desarrollo de la prestación fuera de los horarios pactados.
De salir adelante la Ley, los convenios
colectivos que en la actualidad amparen jornadas de más de 37,5 horas (o 1.711 horas anuales, dado que se tendrá en cuenta un cómputo anual) habrán de adaptarse mediante
comisiones negociadoras. Esta reducción no afectaría al salario de los profesionales, lo que implicaría una
revalorización de su sueldo por hora.
La jornada de 37,5 horas se modulará a través de la reforma del
artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. Las fuentes sindicales y gubernamentales consultadas por
Redacción Médica ratificaron que los efectos de la Ley también se percibirían en la sanidad privada, dado que “atañe a todos los sectores salvo a aquellos que, por su propio convenio o normativa reguladora, tuvieran reconocida una jornada inferior a la que ahora se acuerda con carácter general”.
Aunque el texto legislativo
no contempla en sí mismo las circunstancias ‘especiales’ de la sanidad, como las guardias. Tal y como informó a este periódico el secretario de Estado de Trabajo,
Joaquín Pérez Rey, ello dependerá de un desarrollo normativo posterior.
Recelo de la sanidad privada a las 37,5 horas
Lo cierto es que
las 37,5 horas generan dudas en el sector de la sanidad privada, que ha echado en falta más tiempo para negociar el texto normativo. La patronal pone el foco, en esencia, sobre la
escasez de trabajadores tanto en Medicina como en Enfermería.
“La situación no tiene visos de mejora sin medidas urgentes que permitan mitigar el problema a corto plazo, por lo que esta legislación laboral provocaría una enorme adversidad”, advirtió, en declaraciones a este periódico, el presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE),
Carlos Rus.
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