21 julio 2021. 13.50H
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La crónica de la pandemia pasa una vez más durante las últimas semanas por los tribunales, bien sea el Constitucional y su tardío dictamen sobre el estado de excepción y el de alarma, bien los tribunales superiores de justicia de las distintas comunidades ante los que se solicitan autorizaciones para implantar restricciones de movilidad, con resultados incomprensiblemente contrapuestos, que inevitablemente acabarán en el Supremo. Como puede verse, todo muy sanitario.

Subyace en este gobierno de los jueces la cada vez más escandalosa ausencia de una legislación estatal de salud pública, que permita dar una cobertura adecuada a situaciones tan extraordinarias como la que ha representado y aún representa la actual pandemia y eventualmente podrían significar otras venideras. No cabe tanto focalizar el problema en la tendencia de los magistrados a las decisiones caprichosas (qué gran ejemplo de variabilidad de la práctica clínica en su versión judicial, y que poco ejemplo de armonización), sino más bien en una dejación de responsabilidades por parte del poder legislativo que radica en el parlamento, y también del ejecutivo que, pese a haberla prometido, no ha planteado alternativa legal alguna después de año y medio de pandemia.

A esta carencia de herramientas legales adecuadas para afrontar el día a día cabe atribuir una parte nada desdeñable de los errores que han presidido la gestión de toda la crisis y desde luego lo sucedido en la generación de la quinta ola que ahora padecemos. Coincidiendo con el final del estado de alarma, decíamos en estas líneas que con ser las vacunas nuestra gran esperanza de recuperación no podía fiarse todo a las mismas, dejando de lado el resto de las medidas. Concluíamos que al menos en aquellos momentos era una grave irresponsabilidad que podría acarrear serias consecuencias.

Pero los mensajes triunfalistas del gobierno (“el estado de alarma es el pasado, las vacunas son el futuro” y similares), una vez más no presagiaban nada bueno. Toda la gestión de la crisis por parte del gobierno se concentró en la vacunación al tiempo que se relajaban tanto los mensajes como las demás medidas de control de la pandemia. Esta tendencia culminó con la eliminación de la obligatoriedad de las mascarillas al aire libre, una medida probablemente razonable, pero que se acompañó de muy poca pedagogía en cuanto a qué situaciones permitían su retirada y cuales aconsejaban su permanencia por imposibilidad de mantener las distancias. Eso sí, acompañada de una nueva tanda de mensajes de luz y de color y no demasiado prudentes (“las mascarillas dejan paso de nuevo a las sonrisas” …). 


"Se transmitió a la opinión pública que la pandemia estaba prácticamente controlada gracias al buen ritmo de la vacunación [...] Solo que estos mensajes tienen puntos débiles"



Con todo ello se transmitió a la opinión pública que la pandemia estaba prácticamente controlada gracias al buen ritmo de la vacunación y que en muy poco tiempo llegaríamos a la famosa inmunidad de grupo y nos podríamos olvidar definitivamente de los tiempos difíciles.

Solo que estos mensajes tienen puntos débiles. Es cierto que el ritmo de vacunación está siendo excelente tras unos comienzos titubeantes, lo que muestra el temple de nuestro sistema nacional de salud a pesar de lo sufrido durante la pandemia, llegando a superar las 700.000 dosis en un solo día de manera que solo el ritmo de suministro desde la Unión Europea condiciona ahora una velocidad incluso mayor. A día de hoy han recibido la primera dosis más del 60% de la población y más del 50% cuenta ya con las dos dosis, lo cual está muy bien y es mejor que lo que está ocurriendo en la mayoría de los países desarrollados gracias en gran medida a la escasa incidencia de los antivacunas entre nosotros.

Avance de la variante delta en España


Sin embargo, la inversa también es cierta: un 40% de la población no ha recibido ninguna vacuna y un 50% no ha recibido la pauta completa. Nos falta bastante para la inmunidad de grupo que además y por la irrupción de la variante delta, no se va a alcanzar con el 70% de la población, sino que será preciso subir al menos hasta el 80% (la verdad es que nadie puede fijar la cifra exacta). Además, según datos del ministerio, se han contagiado más de 26.000 personas que habían ya recibido la pauta completa, un porcentaje bajo pero que pone de manifiesto que el riesgo de contagio y de seguir contagiando no desaparece con la vacunación, aunque si el riesgo de muerte o enfermedad grave.

El resultado de la relajación de las medidas preventivas, especialmente entre los jóvenes que son precisamente quienes no están vacunados, con eventos tan previsibles como los fines de curso, las fiestas de San Juan, la llegada de más turistas y un largo etcétera, ha desembocado en una quinta ola que crece en todas las comunidades sin visos de control a corto plazo y con unas previsiones del ECDC de superar los 2.000 de incidencia acumulada a principios de agosto. Las altas cifras de vacunación entre las poblaciones de más edad están condicionando afortunadamente una morbimortalidad que nada tiene que ver con la de olas previas, pero que en modo alguno es desdeñable y el altísimo número de infectados está condicionando un número también importante y creciente de ingresados, fallecidos y con secuelas crónicas.

Resulta penoso comprobar cómo tras año y medio de pandemia, y a pesar de las vacunas, caemos una y otra vez en los mismos errores de imprevisión, triunfalismo injustificado, descoordinación, falta de liderazgo y ausencia de herramientas legales que nos permitan combatir eficazmente al virus. Decididamente, no progresamos adecuadamente.