Muface con cobertura privada: la España (rural) a la que menos seduce

Los meses de crisis le han pasado factura. Tres licitaciones, varias movilizaciones y una despedida han marcado una de las etapas más críticas de Muface, la mutualidad que dota de asistencia sanitaria a más de un millón y medio de funcionarios. A pesar de todo, el modelo se ha salvado, pero todo lo sucedido en los últimos meses ha hecho mella dentro del propio sector del mutualismo, que durante los periodos de permutas de mayo y junio fue el encargado de dibujar la nueva ‘balanza sanitaria’ de la mutualidad. El resultado: 64 por ciento a favor de la cobertura privada, 36 por ciento a favor de la pública. En otras palabras, el modelo público ‘robó’ a cerca de 65.000 afiliados. Unas cifras que dejan otra idea: la asistencia privada no ha sido capaz de seducir a la España rural.

Esa es una de las conclusiones que se extrae del análisis de ese nuevo mapa de Muface. Un dibujo que la Dirección General de la mutualidad, encabezada por Myriam Pallarés, hizo público durante su último Consejo General. De hecho, como ha podido saber Redacción Médica, a lo largo de esta reunión los sindicatos presentes en la cita hablaron de una tendencia del mutualismo hacia la sanidad pública, que según ellos es un hecho que se ha consolidado en los últimos años. No obstante, y a pesar de todo ello, la asistencia sanitaria privada sigue liderando entre los funcionarios.

No es así en el caso de la España rural. Las últimas cifras de Muface son un reflejo de ello. Las cinco provincias que menos mutualistas tienen adscritos a este modelo disponen de una cartera de 17.083 afiliados a Asisa y a Adeslas. Un número bastante inferior al de Madrid (171.643), que se sitúa en cabeza del uso de la sanidad privada de Muface.

Concretamente, dentro de estas zonas rural, la primera de ellas es Huesca. La provincia cuenta con 4.144 afiliados entre Adeslas y Asisa. La segunda, cuya cifra no dista demasiado de la del territorio aragonés, es Gipuzkoa (4.036). Por su parte la tercera es Teruel (3.742) a la que prosiguen Soria (2.956) y Álava (2.205).

La ‘cara B’ de la crisis Muface

Esta falta de atracción de la España rural por la cobertura privada es uno de los efectos de la crisis de Muface. Un hecho que se suma a ese ‘robo’ de mutualistas de la sanidad pública a la privada tras los periodos de permutas de mayo y junio.

Esa nueva balanza, no obstante, ya ha sido objeto de debate dentro del sector sanitario. La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la patronal del sector, fue una de las primeras en alzar la voz. "El incremento puntual de cambios registrados entre diciembre de 2024 y junio de 2025, que afectó a más de 64.650 mutualistas, responde a factores ajenos a la prestación asistencial, entre ellos las dificultades e incertidumbre generadas durante el proceso de renovación del concierto sanitario, así como a la reconfiguración del mapa de entidades participantes en dicho acuerdo", explicó.

Las declaraciones de la organización presidida por Carlos Rus no se quedaron ahí. La patronal calificó de "fenómeno extraordinario de movilidad" lo sucedido durante los últimos meses de la crisis de Muface, una de las etapas más intensas de la mutualidad en sus 50 años de historia. "No puede interpretarse como un reflejo estructural de insatisfacción con la sanidad concertada", concluyó.

Más allá de los datos, lo cierto es que Muface ha sobrevivido a su crisis. Tres licitaciones, varias protestas y una despedida después, la mutualidad seguirá adelante hasta 2027, el año en el que las aseguradoras y el Gobierno volverán a reunirse para negociar el destino del modelo. Hasta entonces, el mutualismo tiene su asistencia sanitaria asegurada.