Varios testimonios explican lo caro que resulta usar este servicio ajeno al mutualismo concertado

El coste de usar el 112 en la concertada de Muface a través de siete casos
Exteriores de Muface.


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El ritmo acelera. Cada vez son más las novedades que lo rodean. El mutualismo administrativo pretende dejar atrás su crisis sin precedentes atando algunos de los cabos sueltos que dejó este trance ya histórico. La implantación total de la receta electrónica concertada o la vigilancia al sector asegurador apuntan a ser dos de las principales líneas de acción para este año. A ellas se sumará otro de los propósitos del mutualismo, que suma a un millón y medio de personas según los últimos datos. El modelo se encuentra negociando la inclusión del teléfono 112 en la asistencia sanitaria concertada de Muface, algo que los propios funcionarios llevan meses solicitando, y es que han tenido que pagar facturas por el uso de este número que oscilan entre los 100 y los 15.000 euros, tal y como ha podido esclarecer Redacción Médica.

El uso del teléfono 112, un número universal para la sanidad, es una de las últimas peticiones de los mutualistas. En este punto cabe señalar que aquellos que optan por el modelo sanitario concertado (en el que les dota de asistencia Asisa o Adeslas) no disponen de ese sistema. O, al menos, no con esas cifras. En su caso, las propias entidades les proporcionan un teléfono distinto, más largo (de nueve números), al que realizar una llamada en caso de urgencia.

Es precisamente aquí donde llega el problema. Los propios funcionarios, que en los últimos meses han explicado el asunto a Redacción Médica (y que incluso han reunido más de 15.000 firmas para solicitar este sistema), inciden en que, si utilizan el 112 y los médicos no califican su urgencia como “vital”, deberán abonar de su propio bolsillo las facturas emitidas por el sistema sanitario público. Un monto económico que puede oscilar, dependiendo del tipo de pruebas y de la consecuente asistencia sanitaria, desde los 100 hasta los 15.000 euros. Por lo general, no obstante, estas se sitúan cerca de los 1.000.


Las facturas del Muface concertado por el 112


Redacción Médica ha tenido acceso a siete de estas facturas procedentes de los sistemas sanitarios públicos de al menos cuatro comunidades autónomas. Estas se corresponden con urgencias de la talla de casos de ansiedad, caídas o problemas cardíacos no severos. También hay, no obstante, algunas referidas a patologías consideradas de gravedad, como infartos, y cuyo coste ha sido abonado por las compañías. 

Una de ellas se corresponde con el uso de una ambulancia medicalizada a causa de una arritmia por un coste de 1.266 euros en la cobertura de una funcionaria de 72 años. Otra, por un amago de infarto de un hombre de 56 años por valor de 867 euros (transporte y pruebas incluidas). 

La tercera a la que ha tenido acceso este periódico se refiere a una mujer de 87 años pagó un monto de 165,20 euros por una caída. Una situación similar la vivió un hombre de 64 años donde la cuantía ascendió a 1.144 euros por las pruebas realizadas en uno de sus ojos.

El resto de facturas se corresponden con casos distintos una pertenece a un hombre de 75 años que tuvo que pagar un total de más de 15.000 euros (entre pruebas diagnósticas y otros servicios por el sangrado consecuencia de un cáncer) y que hizo uso de este sistema durante varias ocasiones. A él se suman dos mujeres, de 54 y 62 años respectivamente, cuyo abono se sitúa en los 888 y 1.276 euros por ansiedad y sus posteriores pruebas diagnósticas.

En varias de ellas han sido los propios mutualistas los que han tenido que pagar de su propio bolsillo los costes de su asistencia sanitaria. Y es que ese Muface de opción concertada, que según los últimos datos publicados dispone de un total del 64 por ciento del total de adscritos a la mutualidad, no puede hacer uso del 112 salvo en caso de que exista lo que el propio modelo denomina una “urgencia vital”.


El uso del 112 en la sanidad concertada de Muface depende del término 'urgencia vital'



Así lo especifica el último concierto sanitario, que cuenta con la rúbrica de Asisa y Adeslas y que fue firmado el pasado 30 de abril. Fue entonces cuando ambas entidades pusieron punto y final a la crisis sin precedentes de Muface, y comenzaron una nueva etapa que se alargará, por lo menos, hasta diciembre de 2027.

Esa denominación, la de urgencia vital, ha sido una de las más sonadas en los últimos meses. Los propios mutualistas, que en este momento se aglutinan en plataformas como Muface-Sí (que aúna a funcionarios de Muface, Isfas y Mugeju), han clamado por una definición exacta de este término.

Este periódico ha logrado acceder a uno de los documentos de Muface en los que se explica qué es esa urgencia vital. Esta es, en palabras de la mutualidad liderada por Myriam Pallarés, “aquella en que se haya producido una patología cuya naturaleza y síntomas hagan presumible un riesgo vital inminente o muy próximo, o un daño irreparable para la integridad física de la persona de no obtenerse una actuación terapéutica de inmediato”.

“Sí tengo un infarto, se considera urgencia vital, pero si lo confundo con ansiedad, por ejemplo, tengo que pagar”, explica uno de los funcionarios que en los últimos meses ha reclamado la integración del 112 en la sanidad concertada de Muface.

Es en este punto donde empiezan a surgir los problemas. Al menos para los mutualistas. En el caso de que esta asistencia sanitaria no sea calificada como urgencia vital, serán ellos mismos los que tendrán que hacer frente a los gastos derivados de la cobertura en la sanidad pública. Sin embargo, sí esa asistencia si es de urgencia vital, será la entidad aseguradora a la que esté adscrito el titular en cuestión la que tendrá que abonar el pago.


Muface negocia con las comunidades la inclusión del 112 en su modelo concertado



En el caso de las facturas a las que ha tenido acceso Redacción Médica, la mayor parte de ellas han sido recurridas ante la pertinente Comisión Mixta provincial de Muface. En esos casos, los propios funcionarios han tenido que realizar el pago de su bolsillo, ya que una vez cubierta su asistencia y realizadas las consecuentes pruebas, es donde ha entrado el quid de la cuestión.

Si bien esta cobertura no es urgencia vital y, además, las pruebas diagnósticas pueden realizarse en un medio de la red de centros de asistencia concertada de la entidad a la que se encuentren adscritos, la Comisión Mixta de Muface y las propias compañías pueden denegar el abono de estas cuantías económicas. De hecho, este tema se encuentra inmerso en diversas instancias judiciales, y es que han sido distintos los mutualistas los que han optado por elevar el ‘no’ de Muface y las aseguradoras ante la Justicia.

La inclusión del 112 en el modelo de asistencia sanitaria concertada de Muface apunta a ser uno de los propósitos para este 2026. Por el momento, la mutualidad dirigida por Myriam Pallarés ya ha dado los primeros pasos, y ha avanzado que Muface volverá a sentarse en la mesa de negociación con las comunidades autónomas para valorar que el millón de mutualistas y beneficiarios presentes en el modelo concertado de la mutualidad puedan hacer uso de este teléfono de urgencias.

Los funcionarios, por su parte, son partidarios de esta medida. Así lo han mostrado en varios de los reportajes publicados por Redacción Médica, en los que mutualistas de diferentes partes de España han clamado por la inclusión del 112 en su sanidad. Un paso para el que también han dado sus propios movimientos, y es que en los últimos meses de 2025 han realizado una recogida de firmas presencial y digital (con la plataforma Change.org) que ha aglutinado más de 15.000 rúbricas que ya han sido enviadas a Muface.

El 112 busca su hueco en el debate de Muface este 2026. Al igual que lo serán otros aspectos como la digitalización (de la mano de la receta electrónica concertada o la extensión de la historia clínica digital), la vigilancia al sector asegurador o el fomento de determinados medicamentos (como biosimilares o genéricos). A todo ello se suman el Estatuto de Muface y la rúbrica de contratos para la supervisión de las prestaciones sanitarias, así como distintos contratos para la cobertura en zonas rurales o el refuerzo del control financiero de la mutualidad.
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