Nuevo rumbo de Muface con control financiero y un convenio sanitario rural

Cambio de ciclo. Nuevo capítulo. La crisis sin precedentes de Muface, que se alargó durante más de siete meses, ha supuesto un punto de inflexión para el mutualismo administrativo. Tanto que la mutualidad capitaneada por Myriam Pallarés ha dado luz verde a un nuevo plan de acción de cara a este 2026, entre los que incluirá una vigilancia al sector asegurador, cambios en materia farmacéutica y la expansión de proyectos digitales de la talla de la receta electrónica concertada. Pero no son los únicos cambios, y es que Muface ha intensificado su control financiero con un nuevo contrato y ha prorrogado, junto a sus 'hermanos' Isfas y Mugeju, el convenio para dotar de asistencia sanitaria a los mutualistas de las zonas rurales de Castilla y León. 

Esos son dos de los principales hitos con los que comienza el año la mutualidad de los funcionarios. Un modelo que ha sobrevivido al que probablemente haya sido el mayor trance histórico desde su creación hace ya 50 años. Y ese escenario, el de la reestructuración tras la crisis, es el que tiene ante sí el sistema encargado de dotar de asistencia sanitaria a más de un millón y medio de personas (entre titulares y beneficiarios). 

El control financiero de Muface

La situación financiera de Muface ha sido una de las más acusadas en los últimos Consejos Generales de la mutualidad. La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), una de las bases económicas del país, ha supuesto ampliaciones de crédito y polémicas dentro del modelo. Sin ir más lejos, el final del 2025 llegó con un comunicado por el monto destinado al pago de la farmacia comunitaria. Un asunto que posteriormente se solucionó con una inyección económica por parte del Gobierno. 

A ello se suman, además, las quejas de CSIF, uno de los sindicatos presentes en el Consejo General de Muface, que acusó la situación que atraviesa el remanente de tesorería de la mutualidad. Concretamente, la organización ha remarcado que este ha pasado de los 282.250.731,55 euros que había a diciembre de 2024 a los 7.994.046,56 marcados el pasado julio, la última fecha sobre la que se conocen datos. 

En medio de este contexto, Muface ha dado un nuevo paso para controlar su situación financiera. Al menos así lo explica el Boletín Oficial del Estado (BOE), que en su publicación de este miércoles ha dado luz verde a la adhesión de dos sistemas de la Intervención General de la Administración del Estado (IGEA), el organismo responsable de la supervisión económica y financiera de la Administración. 

Estos sistemas son Canoa, ccuya actividad principal se centra en realizar una contabilidad analítica normalizada de cara a analizar con detalle los costes y la información financiera de organizaciones públicas; y Sorolla2, de gestión económico-presupuestaria e inventario de bienes para apoyar las tareas de contabilidad y administración del patrimonio. 

Asimismo, si bien no hay un dato aproximado de la cuantía económica de la que se dispondrá para estos convenios (que tendrán una duración de tres años y empezará el 1 de abril de 2026), lo cierto es que el BOE desglosa distintas tablas de datos con el monte de cada actividad. Esta cuantía, como ha podido esclarecer Redacción Médica, se sitúa entre los 70.000 y los 72.000 euros en total, que será lo que se prevé que Muface tenga que pagar en periodo 2026-2029 por la utilización y mantenimiento de estos sistemas. 

El convenio rural del mutualismo en Castilla y León

El de la situación financiera no es el único asunto que aborda el BOE. Otra de las resoluciones presentes en el documento de Moncloa se centra en la rúbrica de Muface y de sus 'hermanos', Isfas y Mugeju, de la adenda de prórroga y cuarta modificación del convenio rural en Castilla y León. 

Este contrato, firmado tanto por los líderes de las mutualidades como por el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, está en vigor desde el 1 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2029. 

El texto, como ha podido analizar este periódico, es similar al último que se firmó. No obstante, sí que existe una modificación, y es que tanto el Gobierno autonómico como las mutualidades han cambiado las cuantías del precio de asistencia sanitaria por persona, que se ajustan al concierto sanitario actual. 

Muface comienza a dar los primeros pasos este 2026. Un avance que pretende complemenetarse con su plan de acción para este periodo, en el que la receta electrónica concertada de la mutualidad, esa herramienta que permite retirar medicamentos sin necesidad de presentar un talonario en papel, apunta a ser una realidad en todo el país. Y es que en este momento quedan cuatro comunidades por 'conquistar', Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Comunidad Valenciana. En los próximos meses se descubrirá si este gran deseo de Muface en materia digital se convierte en realidad.