El CES vincula el modelo de Muface al encarecimiento de fármacos privados

El Consejo Económico y Social (CES) de España vincula directamente la “segregación” en la asistencia sanitaria de los 1,6 millones de mutualistas al encarecimiento de los medicamentos que los hospitales adquieren directamente del sector privado. En su Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de 2024, el órgano consultivo del Gobierno añade que, aunque la firma del nuevo concierto sellado en abril sirvió para superar la reciente crisis de Muface, el modelo “afronta desafíos estructurales como el envejecimiento de la población mutualista que presionará los costes requiriendo ajustes presupuestarios adicionales, entre otros”. No es el único reto sanitario sobre el que se llama la atención en el documento. El CES, entre otras cosas, advierte del aumento exponencial de las listas de espera y lamenta la “insuficiente” capacidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) para “absorber la demanda de atención creciente”.

El Ministerio de Función Pública y las aseguradoras Adeslas y Asisa sellaron el 30 de abril la continuidad del modelo Muface de aquí a 2027 por 4.808 millones de euros, 1.276,5 más que el concierto anterior. Dos factores, según el CES, explican que las aseguradoras demandaran un incremento en la prima que, durante meses, no satisfizo el Gobierno: “un contexto de incremento de los costes debido al aumento de la demanda de prestaciones -sobre todo desde la pandemia-“ y “el impacto de la inflación en los suministros tanto sanitarios como en los salarios y la energía”.

Tras ello vino la publicación del informe de la Airef en el que se proponen “dos reformas estructurales” del sistema mutualista: por un lado, transformar la actual adscripción obligatoria en un régimen voluntario, previa elaboración de un proceso consultivo a los mutualistas”, para “racionalizar el sistema y generar ahorros tanto para los funcionarios como para las arcas públicas al eliminar las aportaciones de aquellos que opten por abandonar el sistema mutualista”; por otro, incorporar progresivamente a los nuevos mutualistas en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

La segunda opción está fundamentada “en la ineficiencia que supone para los modelos de aseguramiento de salud de riesgo compartido la segregación de un subconjunto de la población, las dificultades que genera para la gestión integral de la salud pública y la preferencia revelada en los últimos años por la modalidad pública de los nuevos mutualistas de los cuerpos más numerosos”. Al respecto, señala el CES que, según datos de 2023, la mayoría de mutualistas -774.000- sigue optando por la atención privada, pero que la opción pública -con 329.000 mutualistas hace dos años- “ha registrado un avance significativo en los últimos años, con un 72 por ciento de los nuevos funcionarios optando por esa modalidad”. El ministro de Función Pública, Óscar López, ya dijo a primeros de este mes que está “abierto” a aprobar “mejoras” en Muface.

De acuerdo al CES, el modelo dual “genera importantes sinergias y tensiones económicas”. En la memoria se indica, en primer lugar, que, las mutualidades destinan “una cantidad significativa de su presupuesto” a la atención sanitaria, “con un gasto per cápita mutualista generalmente inferior al del SNS”, algo que conlleva “un ahorro neto estimado para las arcas públicas”. Sin embargo, se advierte de que “la segregación del colectivo mutualista limita las economías de escala”, una circunstancia que afecta “particularmente” a la adquisición de medicamentos hospitalarios: “Los precios privados pueden ser considerablemente más altos que los públicos en algunos casos”.

El "problema estructural" de las listas de espera

Al margen de ello, el CES identifica el aumento de las listas de espera en Atención Especializada como “un problema estructural que se ha agravado a raíz de la crisis sanitaria de 2020”. El órgano consultivo señala que, a pesar de “la profusa actividad desplegada en los hospitales públicos en 2024, año en el que se realizaron más de 3,7 millones de intervenciones quirúrgicas”, a finales de ese año había “846.583 pacientes en espera para ser intervenidos quirúrgicamente” y “casi 4 millones de personas aguardaban su primera cita con médicos especialistas”. El tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica se situó en 126 días. Aunque son datos algo mejores que los de 2023, en el documento se advierte de que “la insuficiente capacidad del sistema para absorber una demanda de atención creciente” sigue tensionando el SNS.

Gasto sanitario al alza

Otro de los aspectos estudiados en el documento es el gasto sanitario. En 2023, se elevó en España a 97.661 millones de euros en el ámbito público según la Estadística de Gasto Sanitario Público, lo cual representó un crecimiento del 6,2 por ciento respecto al año anterior. No obstante, debido a la inflación, “muy probablemente el aumento real del gasto sanitario público no llegó a alcanzar el 3 por ciento”.

En términos comparativos europeos, el esfuerzo total de gasto sanitario -público y privado- en España equivale al 9,7 por ciento del PIB según datos de la OCDE, fruto de “un crecimiento muy significativo en la inversión pública en salud”. Esa cifra lleva a España a ocupar “una posición intermedia” entre otros países europeos. En cuanto al gasto privado, la inversión española es del 2,5 por ciento del PIB, por encima de la media de la Unión Europea del 2,1 por ciento.

Cambio asistencial con aumento de teleconsulta

En la memoria se analiza también el cambio en el modelo asistencial sanitario forzado por la pandemia de Covid-19. En 2019, el sistema predominante era claramente presencial, con 335,7 millones de consultas en centros de salud -el 91,5 por ciento- y 18,1 millones de teleconsultas -el 4,9 por 100-. La llegada del coronavirus en 2020 redujo las consultas presenciales en un 29 por ciento, mientras que las teleconsultas experimentaron un “incremento explosivo” del 600 por ciento. Tras ello ha habido una “recuperación gradual de las consultas presenciales”, aunque sin alcanzar los niveles previos a la pandemia: actualmente representan el 74 por ciento.

El pico de las teleconsultas se alcanzón en 2021, con un 37 por ciento del total, para luego descender paulatinamente hasta el 23 por ciento en 2023. “Este nivel, aunque decreciente, sigue siendo cinco veces superior al de 2019, lo que posiblemente refleja un cambio estructural en el sistema que puede aportar ventajas como una mayor accesibilidad y eficiencia, pero al mismo tiempo podría comprometer la equidad en el acceso y la propia calidad asistencial, siendo necesario profundizar en la evaluación de sus efectos, más allá de las opiniones de los propios pacientes”, analiza el CES.