España aprueba en gestión del gasto sanitario con dos cuentas pendientes

España ha consolidado en los últimos años una estructura institucional robusta para monitorizar el gasto sanitario, tanto en el ámbito público como en el privado. El informe Buenas prácticas en la institucionalización de las cuentas de salud, publicado recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), habla de que, en líneas generales, España ha adoptado el marco internacional Un Sistema de Cuentas de Salud 2011, desarrollado conjuntamente por la OCDE, la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de Estadística de la Unión Europea. No obstante, también se aprecian dos aspectos a mejorar: la falta de un grupo consultivo técnico permanente y el uso de mecanismos informales para obtener datos clave del ámbito privado. Lo que la OCDE llama “acuerdos entre caballeros”.

Según el documento, el sistema de dación de cuentas del gasto sanitario en España aúna dos enfoques complementarios. Por un lado, el Ministerio de Sanidad elabora las Estadísticas de Gasto Sanitario Público (EGSP) con datos proporcionados por las 17 comunidades autónomas desde un punto de vista “ascendente”. Son cifras que sólo incluyen el gasto público. Por otro, están las cuentas que se llevan a cabo “de forma centralizada con un enfoque descendente” e incluyendo el gasto privado y el de atención a largo plazo, de acuerdo al Sistema de Cuentas de Salud de 2011, que en el informe se describe como “un hito en la creación de un estándar global de conceptos y límites en la contabilidad de la salud, lo que ha llevado a una mejora medible en la comparabilidad internacional de los datos sobre gasto y financiamiento en salud, así como a una mayor relevancia de dichos datos”.

Esa dualidad permite cubrir tanto la perspectiva territorial como la global, y está respaldada por una base legal. La OCDE valora que las cuentas sanitarias españolas estén incluidas en el Plan Nacional de Estadística, que se actualiza cada cuatro años y se aprueba por Real Decreto, por lo que “tiene carácter obligatorio”. Al respecto, añade que Ley General de Sanidad establece, en su artículo 82, que las comunidades autónomas han remitir “puntualmente” al Ministerio de Sanidad “sus presupuestos aprobados” y que también tienen que informar de su ejecución, “así como de su liquidación final”.

Falta de un órgano asesor permanente

Sin embargo, se señala que tal estructura carece de uno de los pilares que sí tienen en cuenta otros países con sistemas más maduros: un órgano asesor técnico permanente. “En los Países Bajos y España, no existen grupos sistemáticos que asesoren sobre la producción de cuentas de salud”, reza el documento, en el que, en todo caso, se reconoce que, “cuando ha sido necesario”, en España sí se ha consultado a expertos “sobre cuestiones específicas”. Este tipo de comités, que existe en países como Canadá, Corea y Suiza, “brindan un instrumento que ayuda a garantizar un alto nivel de calidad en las cuentas de salud y puede fortalecer la legitimidad de los resultados”.

El segundo punto débil de España identificado en el informe afecta al proceso de recopilación de datos, especialmente del sector privado, un ámbito en el que España recurre, en parte, a acuerdos informales con proveedores de datos. “Parte de la información está a disposición del público -por ejemplo, del Ministerio de Hacienda-, mientras que el resto de los proveedores de datos se rigen por ‘acuerdos entre caballeros’”, señala la OCDE, que identifica al Instituto Nacional de Estadística (INE), las aseguradoras privadas, los proveedores de seguros de los funcionarios -con Muface como principal exponente- y “otras direcciones” del Ministerio de Sanidad entre esos proveedores.

El gasto sanitario en las decisiones políticas

A pesar de estos hándicaps, la OCDE reconoce que ha habido intentos por integrar estos datos en las decisiones políticas. Por ejemplo, “en España, los datos de la Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP) se usaron para fundamentar un análisis del gasto sanitario que se presentó en una conferencia de los presidentes de las 17 comunidades autónomas”. No obstante, esas iniciativas siguen siendo puntuales a nivel general. En el informe se indica que el “uso generalizado de las cuentas de salud para fundamentar las políticas de salud” es “claramente un objetivo importante en última instancia”, pero apunta que su influencia puede ser “limitada”.
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Para avanzar hacia una institucionalización plena, la OCDE considera en que no basta con producir los datos, sino también integrarlos en el debate público, mejorar la trazabilidad de su origen y reforzar los canales de asesoramiento técnico. “Es fundamental que las cuentas de salud puedan adaptarse para responder a las necesidades cambiantes -y crecientes- de información sobre el gasto en salud”, se concluye en el documento.