Sanidad priorizará 3 leyes clave en su agenda contrarreloj de legislatura

El Ministerio de Sanidad ha pisado el acelerador antes del parón veraniego para tratar de cumplir su agenda normativa durante los últimos meses de legislatura, asumiendo que Pedro Sánchez apurará el ciclo político en las Cortes para convocar elecciones generales a mediados de 2027. Con la reciente aprobación, en el Consejo de Ministros, del proyecto de ley de Organizaciones de Pacientes, son ya cinco las iniciativas elaboradas por Sanidad que están cociéndose en el horno de la Cámara Baja. Algunas, como la Ley de Universalidad y la Ley de Equidad y Cohesión, llevan dos años cogiendo telarañas en la fase de enmiendas a la totalidad. Y a las dificultades crecientes para reunir apoyos suficientes en la Cámara se suma el hándicap del tiempo, que comienza a apremiar para lograr que (si no todas, sí las que el Gobierno considera más importantes) reciban el visto bueno mayoritario de las Cortes y entren en vigor.

En el ministerio prefieren mirar al horizonte con cierto optimismo aduciendo que las normas que atañen a la sanidad, aunque a veces se usen como arma arrojadiza, son más propensas que otras a “aglutinar” en el Congreso voces a priori opuestas entre sí. Sin embargo, no ocultan que la situación es compleja (el cerco judicial en torno al PSOE ha hecho tambalear una vez más los cimientos de la legislatura) y que, por tanto, lo ideal es priorizar determinados proyectos. La Ley de Organizaciones de Pacientes es, precisamente, uno de los que resuena con fuerza en ese sentido, pero en el Paseo del Prado también quieren apostar fuerte por otros dos, si bien ninguno de estos ha llegado aún al trámite parlamentario.

Uno es, a pesar de los conflictos crecientes en torno suyo, el nuevo Estatuto Marco. El otro, más cerca de elevarse en segunda vuelta al Consejo de Ministros, es la Ley de los Medicamentos. Voces de peso en Sanidad resaltan que, a pesar de la gran complejidad de este segundo proyecto normativo, el departamento cuenta con “el aval de toda la Farmacia”. “Esta ley la tenemos que sacar”, subrayan.

El panorama del Estatuto Marco, cuyo anteproyecto sigue en audiencia pública (el plazo para presentar alegaciones acaba el 26 de junio), es menos alentador por el rechazo de los sindicatos médicos, el conflicto abierto con las comunidades autónomas y el enfado de los sindicatos del Ámbito de Negociación que, en enero, firmaron la reforma con el ministerio y ahora reivindican el texto pactado entonces. Su tramitación parlamentaria no comenzará en ningún caso antes del parón veraniego, aunque el objetivo es que el Consejo de Ministros lo apruebe como proyecto antes de que acabe 2026. Pese a todos los hándicaps, en Sanidad vuelven a apelar al optimismo: “En un mundo ideal, lo tendríamos que aprobar”.

Para conseguirlo con Mónica García aún al frente del ministerio, debería ser antes de abril. García ya confirmó que concurriría como candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aún no las ha convocado, pero, el pasado abril, fuentes de Sanidad trasladaron a este periódico que a la ministra le quedaba aún “casi un año” al frente del departamento.

La cuestión es que, una vez iniciados los respectivos trámites en las Cortes, la pelota está en el tejado de los grupos parlamentarios. La bala que le queda a partir de ese momento al ministerio es empujar por que se agilicen las negociaciones de enmiendas a los proyectos que considera preferentes. Según ha podido saber Redacción Médica, ya ha habido al menos una reunión al respecto, fuera de agenda, entre Sanidad y Sumar, cuya interlocución suele ser directa en tanto en cuanto pertenecen al mismo signo político. Fuentes del socio minoritario del Gobierno indican a este periódico que aún es pronto para fijar una hoja de ruta definitiva, aunque sí matizan que, en consonancia con lo que deslizan desde el Paseo del Prado, las leyes de Organizaciones de Pacientes y de los Medicamentos son “claves” en este momento.

Dos silencios significativos

Llama la atención que ninguna de las dos partes mencione el proyecto de Ley de Gestión Pública, a pesar de la importancia que el ministerio le dio hace meses, cuando se filtraron los audios del exCEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, ordenando a sus directivos que rechazaran pacientes no rentables en el Hospital de Torrejón, del que la empresa es concesionaria, para maximizar los beneficios económicos. Redacción Médica avanzó por partida doble la intención de Junts de registrar una enmienda a la totalidad a la ley, y en el Gobierno y en Sumar dan por hecho que Vox también lo hará, lo cual pone cuesta arriba su tramitación.

Precisamente las reticencias de Vox, pero también del PP, al proyecto de Ley de Universalidad llevaron al ministerio a mover ficha por la vía del Real Decreto para sacar adelante algunos de los principios sobre los que se asienta la norma. En marzo, el Consejo de Ministros aprobó eliminar las trabas administrativas que, desde 2012, limitaban el acceso de inmigrantes indocumentados al Sistema Nacional de Salud (SNS).

Otros proyectos de Sanidad en el tintero

Tampoco aluden ni Sanidad ni Sumar a la actualización de la de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, con la que se busca adaptar el marco de clasificación profesional del SNS a la normativa europea. El plazo para enviar aportaciones en fase de consulta pública terminó el 16 de abril. La norma no quedó incluida en el Plan Anual Normativo (PAN) del Gobierno de 2026, un documento que, cabe recordarlo, contiene las leyes y reales decretos que el Ejecutivo tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros. Pero fuentes gubernamentales restan importancia al hecho de que una norma no esté reflejada en el PAN: eso, dicen, ni impide ni dificulta elevarla a Moncloa.

El otro proyecto de ley con el sello de Sanidad que se tramita en el Congreso (aparte del de Organizaciones de Pacientes, el de Equidad y Cohesión, el de Universalidad y el de Gestión Pública) es el de Alcohol y Menores, que sigue esperando que se cierre el plazo para registrar enmiendas a la totalidad. Se da por hecho que Junts vetará la norma, aunque en el Gobierno también temen que el PNV haga lo propio, algo que voces de la organización vasca no descartaron a este periódico.

Al margen de los proyectos que han salido del ministerio, en Sumar quieren pujar fuerte por la Proposición de Ley sobre ratios de Enfermería, que lleva en las Cortes desde primeros de 2025. Si bien la norma partió de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) del sindicato Satse, el Gobierno busca hacerla suya matizando el texto original para que las ratios se establezcan según la complejidad de los cuidados. Al menos Sumar (está por ver si el PSOE hará lo mismo) registrará varias enmiendas al articulado en ese sentido.