15 nov 2018 | Actualizado: 09:45
Jue 14 agosto. 19.31H
En un país que ha tenido colegiación obligatoria para las profesiones sanitarias (salvo en contadas excepciones autonómicas que la Justicia ya ha corregido), y que gasta entre 60.000 y 200.000 euros en formar, por poner un ejemplo, a un médico, no se comprendía cómo no había un registro que hiciera una fotografía real de los recursos humanos de los que dispone su Sistema Nacional de Salud (SNS). Un disparate que ha llevado a formar profesionales y a crear plazas MIR o EIR a ojo de buen cubero, según el aire que percibían las comunidades autónomas en muchos casos, pero sin conocer realmente qué especialidades eran deficitarias o en cuáles había excedente. Ahora, con el decreto del registro de profesionales recién estampado este jueves en papel oficial, se abre una nueva perspectiva. Lejos parecen aquellos experimentos con gaseosa como los que se realizaban en tiempos de Bernat Soria, cuando el propio Ministerio de Sanidad externalizaba estudios a supuestos especialistas que hacían previsiones que no se aguantaban con los datos de las organizaciones profesionales en la mano, y que solo servían para distorsionar la realidad. Ahora que la Dirección General de Ordenación Profesional que encabeza Javier Castrodeza ha logrado plasmar el texto en el Boletín Oficial del Estado, es el momento de que las mencionadas organizaciones profesionales, las consejerías, y todos los organismos implicados en que el registro sea una realidad, colaboren (por supuesto el Ministerio también). Porque ya hay pocas excusas para decir dentro de unos años que las previsiones en recursos humanos fueron fallidas, y que el Estado se gastó millones de euros en formar médicos o enfermeros para luego mandarles al paro y dejarles sin perspectiva profesional y personal. Con un registro de profesionales eso ya no debe volver a suceder.