Listas de espera en Andalucía: cuando los sindicatos sanitarios se olvidan a los pacientes

Lo que ha pasado esta semana con los sindicatos profesionales sanitarios, de médicos y enfermeras, en Andalucía, manifestándose en contra de que la Consejería licite un concurso para la colaboración de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas me parece de una gravedad excepcional por las consecuencias que tal propósito traería a los pacientes.

Y no sé si me preocupa más el silencio generalizado alrededor de tales manifestaciones.

Me parece grave porque, como ahora veremos las demoras en Andalucía no se pueden permitir muchas salidas de tono. Me parece grave porque no es razonable que a estas alturas, siendo profesionales del sector y conociendo los recursos que dispone la sanidad pública, vayan en contra de que se colabore con el sector privado a través de un sistema tan simple como la derivación de pruebas y actos; nada que ver con la denostada “privatización”.

Me parece grave porque los que trabajan en el sector privado también son profesionales sanitarios y les están perjudicando de forma directa. Y sobre todo me parece grave porque por encima de los intereses ideológicos -ya sabemos de qué pie cojean quienes rechazan la colaboración público-privada a través de los simples conciertos- ante todo son profesionales de la Salud y debería de prevalecer un poquito esa ética profesional al hacer que defiendes tus intereses sin perjudicar, ya no lo de los otros compañeros del sector, si no los de lo más sagrado: los pacientes.

Vamos por partes

¿Qué ha pasado?. Los hechos.

La sanidad andaluza atraviesa una de las etapas más críticas de su historia reciente. Las listas de espera alcanzan cifras récord, con miles de ciudadanos que aguardan meses —e incluso años— para poder operarse o simplemente ser atendidos por un especialista.

Así, a finales de 2024, 194.159 pacientes aguardaban una intervención quirúrgica en Andalucía, lo que supone el 23% del total nacional siendo la cuarta comunidad con mayor tasa de espera por cada 1.000 habitantes y la segunda con mayor tiempo medio de demora: 176 días, 50 días más que la media española 

En cuanto a consultas externas, 866.248 personas estaban a la espera de una cita con un especialista, representando 103 pacientes por cada mil habitantes. Es decir, más del 10% de la población. Más alarmante aún: el 56,5% de esas citas superaban los 60 días.

La Consejería de Sanidad ha anunciado una licitación para hacer listas de espera en el sector privado por un montante de algo más de 500 millones de euros en cuatro años. Esto supone, aproximadamente el 3% del presupuesto sanitario de la Junta, lo que por cierto, es inferior al 4,5% que se destinó a conciertos en el año 2015.

Con todo esto, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) argumenta que “el dinero público se debe invertir exclusivamente en la sanidad pública”, mientras que Satse, el sindicato de Enfermería, llega a afirmar que “los conciertos generan desigualdad” y ponen en riesgo la equidad del sistema. Declaraciones contundentes, pero que, cuando se contrastan con los datos, se desmoronan. Y lo que es peor: corren el riesgo de situar a estas organizaciones más cerca de la ideología que de los pacientes porque lo que proponen -la supresión de los conciertos con la privada-, sólo los proponen los grupos más extremistas. ¿De verdad piensan los médicos y las enfermeras de la pública así?

¿De qué partimos?. Los datos.

Desde 2015, el presupuesto sanitario andaluz ha pasado de 8.000 millones a más de 14.000 millones en 2024. Un incremento del 67% en menos de una década. Pese a ello, la productividad del sistema público no ha mejorado de manera proporcional. La actividad asistencial apenas ha crecido y las listas de espera, lejos de reducirse, han seguido aumentando.

Un ejemplo especialmente significativo lo encontramos entre 2022 y 2023 cuando hubo una dismunición significativa de los conciertos que se resintió en las listas de espera.

Así, en 2022, Andalucía realizó más de 47.000 intervenciones quirúrgicas mediante conciertos con la privada, lo que representó alrededor del 20% de toda la actividad quirúrgica del sector público de la comunidad. Repito, el 20%. En 2023, sin embargo, esa cifra cayó en picado: menos de 28.000 operaciones concertadas, una reducción cercana al 40% debido al fin de los acuerdos en algunas provincias.

Por su parte, el presupuesto de Sanidad de la Junta creció en ese año 1.300 millones de euros; un 10,7% sin que ello, como vamos a ver ahora, compensara para nada la demora para los pacientes.

Las consecuencias.

• El número total de pacientes en espera quirúrgica pasó de unos 172.000 en junio de 2022 a 192.561 en junio de 2023. Es decir, un 11-12% más en solo un año.

• Más grave aún: los pacientes que superaron el plazo máximo legal de espera (normalmente 180 días) pasaron de 10.992 en 2022 a 36.004 en 2023. Un incremento del 227%.

Ante estos datos, que son objetivos, ¿nos atrevemos a vaticinar que pasaría si se quitaran los conciertos, como piden los sindicatos, en los pocos más de 125 millones al año que suponen?

Las cifras son demoledoras: el año en que se redujeron drásticamente los conciertos, las listas se dispararon y, con ellas, la desesperación de miles de ciudadanos.

Ante este escenario, resulta legítimo preguntarse: ¿dónde está el beneficio de seguir pidiendo un aumento presupuestario si los resultados asistenciales no acompañan?

La respuesta es incómoda porque casi la mitad del incremento presupuestario se ha destinado a salarios. Que los profesionales mejoren sus condiciones es justo y necesario, pero si ese gasto no se traduce en más operaciones, más consultas o diagnósticos más rápidos, el sistema pierde legitimidad frente a los ciudadanos.

Mientras tanto, quienes esperan en las listas no perciben mejoras: siguen acumulando demoras que, en muchos casos, deterioran su salud de forma irreversible.

Uno de los argumentos más repetidos por quienes critican los conciertos es que “ponen en riesgo la equidad” del sistema. Pero esta afirmación sólo pretende manipular burdamentemente a la opinión pública porque confunde equidad con exclusividad pública.

La equidad real significa que cualquier ciudadano, independientemente de su renta o lugar de residencia, tenga derecho a recibir atención en un tiempo razonable. Si el sistema público está saturado y recurrir a la red privada concertada permite reducir esperas, entonces los conciertos son una herramienta de equidad, no lo contrario.

Decir que derivar pacientes a centros privados genera desigualdad es un sofisma: la desigualdad la genera el hecho de que un paciente tenga que esperar más de un año para una operación que condiciona su vida diaria.

Los sindicatos sanitarios tienen una misión esencial: defender los derechos laborales de los profesionales. Pero no deben olvidar que estos profesionales son, ante todo, servidores de los pacientes. Cuando sus discursos se alejan de esa perspectiva y se centran únicamente en preservar parcelas de poder o en mantener posiciones ideológicas extremas, a costa de aquellos, pierden credibilidad. Su conducta es, llanamente, indefendible. Los conciertos con la sanidad privada no son una traición al sistema: son una válvula de oxígeno necesaria para que este no colapse.

Los sindicatos profesionales tienen ahora una disyuntiva: seguir atrincherados en argumentos ideológicos o abrir los ojos a la realidad de los pacientes y si no les puede la soberbia, corregir su actitud. Si optan por lo primero, estarán perdiendo de vista su responsabilidad más básica y la autoridad que puedan pretender tener no solo ante la Administración, sino ante la sociedad en su conjunto.

Y acabo con una licencia. Porque todo el mundo sabe que soy el presidente de un grupo hospitalario privado importante y lo más sencillo es decir que estoy barriendo a mi favor. Pero defiendo esta postura, al igual que en otras ocasiones defiendo el sector sanitario público con ahínco, aunque no me beneficie, así que me voy a permitir el lujo de firmar este artículo como médico que soy, por que ante todo y por encima de todo, me importan todos los pacientes: los privados y los públicos.