Universalidad del sistema sanitario y contradicciones políticas y sindicales

Hace unos días se cumplió un año desde la aprobación del proyecto de ley de universalidad del sistema sanitario español por el Consejo de Ministros y de su entrada para tramitación en el Congreso de los Diputados.

Desde entonces y hasta hoy la propuesta legislativa sigue navegando en el proceloso mar de los despachos políticos y parlamentarios sin que hayamos podido saber si su contenido continúa estancado en el punto de partida o si, es motivo de negociaciones entre los distintos partidos de la coalición gubernamental.

Salvo que unos y otros hayan decidido mantener un secreto impenetrable, algo inaudito y poco comprensible, mucho nos tememos que el proyecto en cuestión deba estar durmiendo el sueño de los justos.

No insistiremos en la disculpa que nace de la debilidad parlamentaria del actual gobierno de coalición y sus inestables aliados. Pero, con ser importante, es muy posible que este argumento no sea precisamente la única ni la principal explicación de la paralización del este proyecto de ley del campo sanitario, si no el más importante, desde luego el más simbólico de toda la legislatura.

La Ley General de Sanidad del año 1986 no consiguió promulgar totalmente la universalidad de acceso a la sanidad pública, derecho que tuvo que esperar a la Ley General de Salud Pública de 2011 para formalizarse, aunque sin apenas transcendencia práctica --no solo para el desarrollo de la salud pública-- puesto que el real decreto-ley 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, una de las primeras iniciativas legales del Partido Popular al recuperar el poder,  la desactivó.

---

"La presencia en el gobierno de coalición de una izquierda del Partido Socialista llevó, hace ahora un año, al primer plano político la necesidad de reconsiderar el descafeinado concepto de universalidad de los años 80"

---

Aquellas decisiones, no hay que seguir engañándose, están en el origen de muchos de los problemas que sigue padeciendo nuestra sanidad, comenzando por los ya seculares de la Atención Primaria y Comunitaria, siguiendo por los más generales de financiación del sistema y culminando en los de recursos humanos.

Las circunstancias políticas generales que en los años 80 del siglo pasado llevaron a los gobernantes a no desligar del todo el derecho a la asistencia sanitaria pública a la cotización laboral y a contemporizar con sectores sociales (funcionariado, judicial y militar) para mantener sus privilegios parecen seguir vigentes hoy.

La presencia en el gobierno de coalición de una izquierda del Partido Socialista llevó, hace ahora un año, al primer plano político la necesidad de reconsiderar el descafeinado concepto de universalidad de los años 80 y, con ello a la aprobación del mencionado proyecto de ley por el gobierno, pero todo parece indicar que podemos quedarnos, una vez más, en una mera declaración de intenciones sin ninguna traducción legislativa transformadora del actual estado de cosas de nuestro sistema sanitario.

La renovación del concierto de Muface ilustra ostensiblemente la correlación de las fuerzas políticas en litigio, que ha vuelto a acabar con la derrota, no por esperada menos traumática, de los defensores de una universalidad real, efectiva, del sistema sanitario.

Un escenario en el que, a la impotencia de los partidarios de la genuina universalidad, se ha sumado un corporativismo sindical de corto plazo. Comisiones Obreras, UGT y los sindicatos de funcionarios, defensores teóricos de lo público, no han dudado en sumar sus fuerzas en la defensa de la atención privada, aduciendo una, improbable por no demostrada, incapacidad del sistema sanitario público para absorber con garantía de calidad la asistencia de los colectivos procedentes de las mutuas.

Anteponiendo el supuesto beneficio de poder acudir directamente a la Atención Especializada, sin tener en cuenta los riesgos de consumismo y de iatrogenia que comporta una asistencia ajena, en general, de dispositivos de Atención Primaria que, si funcionan adecuadamente, se deben preocupar de los pacientes más que de sus enfermedades.

Visto lo anterior, tal vez sea que más que debilidad parlamentaria del Gobierno, sean las contradicciones políticas y sindicales del centro-izquierda político, las causas últimas de la persistencia de este problema conceptual que lastra gravemente nuestro sistema sanitario.