Cataluña se "alinea" con Sanidad tras revisar la Ley de Gestión Pública

El Govern de la Generalitat de Catalunya, partidos políticos, patronales sanitarias y asociaciones hicieron un frente común en su día frente al Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que se ha convertido en Proyecto de Ley y que este martes ha aprobado el Consejo de Ministros del Gobierno de España para iniciar la tramitación parlamentaria. Según la ministra de Sanidad, Mónica García, se han incorporado algunos cambios menores solicitados por el Govern, con los cuales confía que se pueda aprobar en el Congreso de los Diputados.

Tras el impulso de Sanidad a la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Gestión Pública "para blindar la sanidad pública y derogar la Ley 15/97 que abrió la puerta a la privatización", según García, el Departament de Salut ha comentado a Redacción Médica que "está alineado con el Ministerio". Por tanto, se entiende así que el Gobierno ha recogido las alegaciones de la Generalitat, pero queda por ver si el nuevo texto convence a los catorce diputados de Junts y ERC y también a los distintos agentes sanitarios.

Sin embargo, esta normativa provocó en su momento cierta contraposición por parte de la Generalitat, los partidos independentistas, patronales sanitarias como La Unió, el Cercle de Salut o la l'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa (Aceba), que emitieron sendos comunicados y presentaron sus alegaciones. La consellera de Salut, Olga Pané, anunció el pasado febrero que presentaría alegaciones, defendió el sistema sanitario catalán y aseguró que "no tiene nada que ver con el de Madrid".

En este sentido, el Cercle de Salut, una especie de 'think tank' sanitario catalán y que presidía hasta mediados de 2024 Pané, destacó el valor de la diversidad organizativa en la provisión de los servicios. Según expuso durante su posicionamiento en relación con el Anteproyecto de Ley en marzo, el sistema sanitario catalán constituye "un modelo singular de organización plural, arraigado en su trayectoria fruto de la falta de inversión histórica del Estado para dotar Cataluña de un sistema sanitario adecuado a las necesidades asistenciales y reconocido por su capacidad para integrar, bajo liderazgo político, administraciones, consorcios, fundaciones, mutualidades, cooperativas, instituciones religiosas y entidades de base asociativa sanitaria en un dispositivo accesible a todos los ciudadanos, eficiente y de reconocida calidad asistencial".

Para esta institución, "la fortaleza de este modelo reside precisamente en su capacidad de articular una red asistencial pública (Siscat), con diversidad de formas jurídicas y organizativas, todas sujetas a los mismos criterios de planificación, requisitos de autorización y acreditación, mecanismos de financiación homogéneos e idénticos sistemas de evaluación y control públicos".

Críticas al Anteproyecto de Ley de Gestión Pública

El Cercle de Salut expuso que compartía "plenamente el objetivo de preservar, fortalecer y mejorar el SNS, garantizando la universalidad, la equidad en el acceso, la calidad asistencial y la transparencia y la correcta rendición de cuentas en la utilización de los recursos públicos". No obstante, consideraba que el Anteproyecto "parte de un diagnóstico incompleto y sesgado sobre el funcionamiento real del sistema público de salud en los diversos territorios del Estado  y, en especial, Cataluña, donde se ha demostrado históricamente que es posible compatibilizar financiación, planificación, evaluación y control públicos con una pluralidad de entidades proveedores, de naturaleza pública o privada, sin que esto perjudique la sostenibilidad del sistema, la equidad en el acceso a los servicios, la capacidad de resolución y la calidad de la asistencia sanitaria". Tanto es así que, al menos, los gobiernos de la órbita del PSC, Junts o ERC han mantenido el mismo modelo hasta ahora.

Para esta institución, "la identificación automática entre sistema sanitario público y gestión pública directa constituye una visión reduccionista", por lo que el elemento decisivo "no es la uniformidad de la fórmula jurídica del prestador, sino la existencia de un marco robusto de planificación, financiación, acreditación, evaluación de resultados y exigencia de responsabilidad desde la Administración sanitaria competente, acompañada de una gestión leal, sostenible, eficaz y de calidad por parte del proveedor de los servicios, que esta Administración debe garantizar". Así, el Cercle de Salut se mostró a favor de la flexibilidad y la innovación para afrontar nuevos retos y pidió respeto a la distribución de competencias en el marco de un Estado plural, además de evidenciar cuatro discrepancias con los ejes centrales del Anteproyecto.

Las alegaciones de patronales y asociaciones

En el caso de La Unió, su directora general, Roser Fernández, defendió en una entrevista a Redacción Médica las tres alegaciones que la entidad había presentado al Proyecto de Ley de Gestión Pública e integridad del SNS "para que no afecte al modelo sanitario catalán". Fernández puso de manifiesto que en Cataluña un 65 por ciento del SNS está concertado, por lo que es estructural, y reclamó que pueda haber gestión directa, indirecta o mixta.

También incidió en que el modelo catalán está "lejos de publificarlo todo y de la iniciativa especulativa", ya que en Cataluña "las empresas de capital riesgo no tienen sitio en la concertada". Por todo ello, Fernández aseguró que confiaba en que se llegara a un acuerdo para aprobar esta ley preservando el modelo sanitario catalán.

También Aceba presentó sus alegaciones a la normativa, compartiendo "plenamente el objetivo de reforzar el sistema público de salud, garantizar la equidad en el acceso a la atención sanitaria pública y mejorar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos". Como el Cercle de Salut, esta asociación consideró que "el Anteproyecto de Ley que impulsa el Gobierno de España parte de un diagnóstico simplista y sesgado sobre el funcionamiento del sistema sanitario público, que lo distancia de ese objetivo y que, de aprobarse en los términos propuestos, tendrá consecuencias negativas para su futuro desarrollo".