Sanidad adapta la Ley de Gestión Pública por el temor al veto de Junts

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), una norma que limita la gestión privada de la sanidad pública. Desde que el Ministerio de Sanidad anunció el texto el pasado mes de febrero, su articulado ha estado en el centro del debate. Sobre la mesa, las críticas de la sanidad privada, pero también de la derecha española. Así, a las objeciones de PP y Vox se sumó la oposición de Junts, cuya portavoz sanitaria, Pilar Calvo, denunció que la norma atenta contra el sistema de conciertos catalán.

Ahora, una vez finalizada la fase de consulta pública, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado, en respuesta a las preguntas de este medio, que la norma inicia su tramitación parlamentaria tras incorporar algunos cambios menores solicitados por el Gobierno catalán. Además, respecto a las críticas de Junts, asegura que su departamento ha “hablado” con la corporación.

La cuestión catalana, en el centro del debate de la Ley de Gestión Pública

La cuestión catalana ha sido uno de los principales focos de fricción en el debate sobre la Ley de Gestión Pública. Las negociaciones comenzaron en 2024, pero el estallido de la polémica en torno al Hospital de Torrejón de Ardoz, gestionado por Ribera Salud, llevó al departamento de Mónica García a acelerar la tramitación del texto para aprobarlo en primera vuelta en el Consejo de Ministros. Eso ocurrió en febrero. Ahora, tres meses después, el Ejecutivo ha dado luz verde a la norma en segunda vuelta. Sin embargo, las críticas desde Cataluña persisten. El modelo catalán sustenta el 65 poor ciento de sus servicios sanitarios en acuerdos de colaboración.

En este sentido, fuentes de Junts ya inisitieron a este periódico en que la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) del anteproyecto legislativo no solo establecía la gestión directa como vía preferente en el Sistema Nacional de Salud, sino que además situaba a Madrid como único centro de decisión. Una cuestión que, desde la formación de Carles Puigdemont, consideran un ataque directo al modelo sanitario catalán.

No obstante, desde el inicio de las negociaciones, la ministra de Sanidad defendió que la norma no afectaría al sistema catalán. “El modelo que ustedes tienen en Cataluña no se ve afectado porque ustedes no tienen ánimo de lucro”, insistió García durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. Así, hoy se ha vuelto a reafirmar en sus declaraciones tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, donde ha insistido en que el Estatut De Catalunya ya blinda su modelo sanitario.

En este sentido, a las preguntas de si el texto había sido modificado tras las alegaciones recibidas durante la fase de consulta pública, la ministra ha explicado que únicamente se han introducido “algunos cambios menores” relacionados con las demandas del Govern catalán. “Pero eran muy pequeños porque ya está todo blindado para preservar el modelo que tienen ellos”, ha asegurado. Por otra parte, respecto a las críticas de Junts, García ha insistido en que “ya se ha hablado” con el grupo parlamentario. Además, ha recordado que Pilar Calvo estuvo presente en una reunión mantenida con representantes del entramado sanitario catalán, en la que el propio sector concluyó que esta ley no les afectaba.

La derecha parlamentaria y la sanidad privada se oponen a la ley de García

Junts no es el único frente de oposición. La Ley de Gestión Pública también ha generado un fuerte rechazo en la sanidad privada, que la ha calificado como un “ataque frontal a la colaboración público-privada”. Por el momento, el sector ya presentó una amplia batería de alegaciones al considerar que las medidas orientadas a restringir o reducir este modelo perjudican a los pacientes, disminuyen la capacidad de respuesta del sistema sanitario y limitan el papel de la iniciativa privada. Además, advierten de que la norma podría frenar la inversión, la innovación y el uso eficiente de los recursos.

Las fuerzas conservadoras también han mostrado su rechazo al proyecto legislativo. El PP ya acusó al Ejecutivo de “criminalizar” la colaboración público-privada. Por su parte, Vox se ha posicionado igualmente como un firme defensor de este modelo dentro del Sistema Nacional de Salud, lo que anticipa una complicada negociación parlamentaria. Ahora, tras su aprobación en el Consejo de Ministros, queda por ver si la norma incorporará durante su tramitación algunas de las reivindicaciones de la sanidad privada o del resto de grupos parlamentarios.

El modelo sanitario catalán: un sistema histórico y particular

El sistema catalán de salud se distingue por el Siscat, una red de utilización pública que integra centros de diversa titularidad (pública, privada sin ánimo de lucro y privada concertada) bajo una financiación común. Su estructura se basa en la separación de funciones: el CatSalut actúa como el ente público encargado de planificar y comprar los servicios, mientras que la provisión la ejecutan distintos proveedores, desde el Institut Català de la Salut (ICS) hasta fundaciones, consorcios o entidades religiosas que operan dentro del sistema público.

Esta particularidad nace de una tradición histórica de iniciativa social y local, donde mutuas y fundaciones crearon infraestructuras sanitarias que el sistema público terminó integrando en lugar de sustituir. De este modo, conviven centros con gestión administrativa directa junto a otros que poseen autonomía de gestión propia, pero todos ellos garantizan la cobertura universal y gratuita para el ciudadano, quien accede a los mismos servicios independientemente de si el hospital es gestionado por la Generalitat o por una entidad concertada.