Sanidad reparte 59 millones a las comunidades para salud mental y suicidio

El Consejo de Ministros también ha autorizado este martes la propuesta de distribución territorial de algo más de 56,8 millones de euros para hacer efectiva la Estrategia de Salud Mental 2022-2026 durante el actual ejercicio presupuestario. El montante se divide en dos grandes bloques: 39 millones de euros que las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) habrán de destinar a acciones en materia de salud mental y 17,83 millones de euros para la prevención del suicidio.

El acuerdo, que será sometido próximamente al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns), mantiene las cuantías del año anterior. La partida de 39 millones de euros destinada a salud mental se articula a través del Plan de Acción 2025-2027. Estos fondos se distribuyen en 26,8 millones de euros para gastos corrientes, incluyendo la posibilidad de financiar gastos de personal ligados estrictamente a la ejecución de proyectos; y en 12,2 millones de euros destinados al equipamiento necesario para el desarrollo del plan.

Las actuaciones se centrarán en ocho líneas estratégicas, entre las que destacan el refuerzo de los recursos humanos, la atención comunitaria, desinstitucionalización, la asistencia basada en derechos, y el abordaje específico de la salud mental perinatal, infantil y adolescente.

Por su parte, los 17,83 millones de euros dedicados a la prevención del suicidio buscan estructurar las actuaciones para abordar la conducta suicida en España a través de un enfoque integral. El presupuesto se desglosa en 12,83 millones de euros para gastos corrientes y equipamiento del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio, y 5 millones de euros para gastos de inversión.

Este plan, según Sanidad, prioriza líneas de actuación enfocadas en la sensibilización, la prevención en colectivos vulnerables y el fortalecimiento del abordaje sanitario.

Modelo de reparto para "garantizar la equidad"

“Para garantizar la equidad”, los fondos se distribuirán entre todas las comunidades autónomas, a excepción de la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco, debido a su régimen foral, y las ciudades de Ceuta y Melilla a través del Ingesa, siguiendo un modelo de reparto que asigna un 5 por ciento de forma lineal para asegurar un importe mínimo a cada territorio y el 95 por ciento restante en función de criterios poblacionales.

Para acceder a estos créditos, las administraciones destinatarias deberán adherirse a las actuaciones financiadas y aportar una memoria detallada de los proyectos y el importe destinado.

Como novedad, la equidad, la promoción de los derechos y el enfoque comunitario se establecen como criterios obligatorios para la aprobación de los proyectos. Además, se considerarán criterios de excelencia la participación la incorporación de personas expertas por experiencia y la intersectorialidad.