Sanidad limitará a 3 casos "excepcionales" la gestión privada en el SNS

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la primera Ley sanitaria de calado de 2026, bautizada como de ‘Gestión Pública e Integridad’ del Sistema Nacional de Salud (SNS), que viene a blindar el modelo de gestión directa frente a la “proliferación de modelos privados”.

La de Gestión Pública es una de las normas en las que se troceó la fallida Ley Darias de Equidad, Universidad y Cohesión. El Ministerio de Sanidad inició su tramitación en mayo de 2024, aunque los tiempos se dilataron por la complejidad del propio proyecto. La polémica surgida en el Hospital de Torrejón de Ardoz, gestionado por Ribera Salud, cuyo CEO, Pablo Gallart, fue señalado por supuestamente instar a su equipo a priorizar el beneficio económico a la atención a los pacientes, reavivó el debate sobre la conveniencia de consolidar esa gestión directa de la sanidad.


“Se cierra una etapa y damos portazo a ese modelo que permitía que el lucro entrara en la gestión pública, vamos a ponerle coto a esos modelos que han detraído recursos para engrosar las carteras de unas cuantas empresas”, ha defendido, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Sanidad, Mónica García. 

En este sentido, el texto de la norma viene a reconocer, entre otros principios fundamentales del SNS, su “universalidad, accesibilidad, sostenibilidad, calidad y eficiencia”, cuya aplicación “alcanza a todos los centros, servicios y establecimientos del SNS, reforzando el papel de las administraciones públicas en su titularidad y gestión”.

Sanidad establece, de esta forma, que la gestión directa puede ser la prestada por la propia administración sanitaria competente como mediante consorcios constituidos entre varias entidades públicas. Y limita la privada a tres “situaciones excepcionales”:

• Cuando no sea posible la prestación directa.
• Cuando se garantice la sostenibilidad financiera y eficiencia.
• Cuando se cumplan los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.

Auditorías sobre la gestión sanitaria privada

El Ministerio de Mónica García pretende establecer un procedimiento de evaluación previa “obligatorio” para estos casos, de forma que sea necesario presentar una memoria justificativa “elaborada por la administración sanitaria” y un análisis de un comité compuesto por “personas expertas del ámbito sanitario, representantes profesionales y la sociedad civil” la publicación. También se exigirá otro informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) “para analizar la sostenibilidad financiera”.

Además, la Ley elimina definitivamente fórmulas contractuales mixtas que vinculaban la infraestructura con la prestación del servicio, ha informado Sanidad.

El régimen jurídico de los consorcios sanitarios quedará de igual manera establecido en la Ley, incluyendo su adscripción obligatoria a una administración sanitaria, la sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y control de cuentas, la auditoría obligatoria de las cuentas anuales y la regulación del personal, que podrá ser funcionario, estatutario o laboral, según su procedencia.