La Fundación presenta sus alegatos a la norma basándose en 9 principios

 IDIS tacha de "ataque" la Ley de Gestión Pública y presenta alegaciones
Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS


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La Ley de Gestión Pública ha reabierto las cicatrices. El debate de la colaboración público-privada, ese sistema que aúna los dos modelos sanitarios, vuelve a estar bajo los focos. La norma, aprobada por el Consejo de Ministros e impulsada por el Ministerio de Sanidad, ha hecho saltar las chispas que giran en torno a esta alianza en el ámbito de la salud. Por el momento, aún quedan unas horas para que el Anteproyecto de esta legislación, que se encuentra en proceso de audiencia pública, cierre su periodo de aportaciones. La sanidad privada ya ha enviado sus alegatos, tal y como avanzó Redacción Médica. Tanto las organizaciones del sector como HM Hospitales han hecho llegar sus propuestas al departamento de Mónica García. Ahora la Fundación IDIS se suma a esas alegaciones, y detalla los principios en los que se basan sus palabras dirigidas al Ministerio. Todo ello con un apunte: "El Anteproyecto de Ley de Gestión Pública representa un ataque frontal a la colaboración pública-privada".

Ese es uno de los tantos detalles que deja la Fundación IDIS, encargada de aglutinar a las empresas de la sanidad privada, en un comunicado emitido este martes. El organismo presidido por Fernando Campos se ha mostrado contrario a este Anteproyecto de Ley de Gestión e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Un rechazo que llega, no obstante, con una serie de alegaciones que el IDIS ya ha remitido al Ministerio de Sanidad, y que se basan en nueve principios


La privada responde a la Ley de Gestión Pública


La Ley de Gestión Pública persigue un objetivo claro: limitar la gestión privada en el SNS. Para ello, la norma impulsada por el Ministerio de Sanidad establece tres escenarios excepcionales. Estos son cuando no sea posible la prestación directa; cuando se garantice la sostenibilidad financiera y eficiencia; y cuando se cumplan los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio. 

Así lo detalla el anteproyecto que, en breves, cerrará su periodo de alegaciones. Precisamente, la Fundación IDIS es una de las que se suma al resto de organizaciones del sector, como la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) o la Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES), en su enumeración de apuntes contra la Ley de Gestión Pública


La sanidad privada es "un actor relevante dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS)"



"Es prioritario mejorar los mecanismos de control y evaluación comparativa de resultados clínicos, seguridad, productividad y eficiencia en todas las instituciones sanitarias, tanto de gestión directa como indirecta, con el fin de reforzar la transparencia y favorecer la mejora continua del sistema sanitario", comienza uno de los principios del IDIS. Unas palabras que prosiguen con otra 'base' para sus alegaciones: el protagonismo de la sanidad privada y sus beneficios en el sistema sanitario. 

La Fundación ahonda en el que el sector privado es "un actor relevante dentro del Sistema Nacional de Salud", y destaca que contribuye a su funcionamiento, seguridad jurídica, visión a largo plazo y garantía de calidad. 

Las declaraciones del IDIS siguen haciendo referencia directa a la norma. "El Anteproyecto de Ley representa un ataque frontal a la colaboración pública-privada, y no tiene en cuenta que esta no constituye un elemento excepcional, sino estructural dentro del sistema sanitario español", indica la organización. A ello suma que "las medidas orientadas a su restricción o minimización resultan contrarias a los intereses de los pacientes, merman la capacidad del sistema para responder de forma ágil a las necesidades asistenciales y limitan el rol del sector privado, lo que supone una traba a la inversión, a la innovación y al uso eficiente de los recursos".


"La prohibición de concesiones provocaría medidass lesivas para la eficacia y calidad del sistema"



Con el foco en los pacientes y ese 'tapón' a la sanidad pública, la Fundación IDIS manifiesta su oposición a manifiesta su oposición a "aquellas fórmulas que puedan ralentizar o dificultar la tramitación de mecanismos de colaboración público-privada". De nuevo, el debate sobre este modelo sanitario mixto vuelve estar en boca de los protagonistas del sector. 

El organismo presidido por Fernando Campos continúa con una alusión a la "prohibición de fórmulas de concesión administrativa que conlleven obra y prestación de servicios sanitarios y la vinculación a la red pública mediante convenio exclusivamente a hospitales privados sin ánimo de lucro serían medidas lesivas para la eficiencia y la calidad del sistema sanitario".

Si en algo pone el foco el IDIS es en la "creciente complejidad del sistema sanitario". Algo que, en sus palabras, "hace inviable que el Estado pueda ser proveedor único a la hora de afrontar las necesidades de la población". "Esto está en contradicción con la realidad actual donde hay un sistema plural, participando en el SNS distintos agentes: el sector público, las entidades privadas que colaboran en el servicio público en distintas formas, el sistema de mutualismo administrativo, las Mutuas de Accidentes de Trabajo, etc", añade. 

La invasión de competencias sanitarias se alza como el séptimo alegato de la Fundación de la sanidad privada. Un tema que, según se desprende del comunicado, puede generar incertidumbre. 

"Los obstáculos y restricciones que se proponen en este Anteproyecto de ley para la colaboración pública-privada en el sector sanitario serían especialmente graves y lesivas si su alcance se extendiera al sector sociosanitario, ya que este está constituido, en su gran mayoría y en toda España, por plazas privadas concertadas con el sector público", prosigue el octavo de los puntos que aborda el IDIS.

El organismo encargado de aglutinar a las empresas de la sanidad privada finaliza con un último apunte. La Fundación IDIS manifiesta en el documento su oposición a la derogación la Ley 15/1997, ya que considera que esta legislación "ha permitido el desarrollo de fórmulas de colaboración para sostener el funcionamiento del sistema sanitario español".
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