Herminia Rodríguez, presidenta de ASPE; y Lluis Monset, presidente de ACES.
La
Ley de Gestión Pública no tiene el visto bueno de la
sanidad privada. La norma, impulsada por el Ministerio de Sanidad, ya ha iniciado su recorrido hacia el ámbito político. La intención es clara:
limitar la gestión privada en el Sistema Nacional de Salud (SNS) a tres situaciones especiales. Este marco ha hecho saltar las alarmas, y es que tanto los organismos del ámbito privado como
los propios médicos han sacado a relucir en este periódico los distintos efectos que tendrá esta Ley para todo el sistema sanitario. Esas críticas no han hecho mella en la propia legislación, que
ya se encuentra en proceso de audiencia pública hasta el próximo 4 de marzo. Tanto que, como ha podido conocer
Redacción Médica, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) y la Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES), las
dos patronales de la sanidad privada, enviarán sus aportaciones con dos ejes principales: la
sostenibilidad y la accesibilidad.
El Ministerio de Sanidad busca dar un giro a su política sanitaria. La
Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) nace con el objetivo de r
estringir la gestión privada en tres situaciones especiales. Estos
escenarios son cuando no sea posible la prestación directa; cuando se garantice la sostenibilidad financiera y eficiencia; y cuando se cumplan los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio. No obstante,
aún quedan varios pasos para que esta norma se convierta en realidad.
Las aportaciones de la privada a la Ley de Gestión Pública
Uno de estos avances se centra en el
proceso de audiencia pública. Unas horas después de que el Consejo de Ministros aprobase el Anteproyecto de Ley, Moncloa emitió el
documento completo con todas las claves de la norma. Esta publicación ha sido analizada tanto por la
Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) como por la
Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES), que según ha podido saber
Redacción Médica, ya
preparan sus aportaciones.
La patronal de la sanidad privada a nivel nacional,
ASPE, tiene claro cuál será su siguiente paso. El organismo presidido por Herminia Rodríguez ahonda en el que es
el principal debate que gira en torno a esta norma. El mismo que ha salido a relucir en los últimos meses y que ha causado algunos enfrentamientos entre el Ministerio de Sanidad y distintas organizaciones y protagonistas del sector privado:
el de la colaboración público-privada.
En sus palabras, ASPE explica que sus aportaciones se centran en defender
este sistema mixto como “una herramienta legítima, reconocida constitucionalmente y sometida a control público, que ha demostrado su
capacidad para reforzar la respuesta asistencial del sistema, especialmente en escenarios de elevada presión”.
“El modelo de gestión debe decidirse en
función de criterios de eficacia, eficiencia y sostenibilidad, debidamente justificados en cada caso”, añaden desde la patronal. Más aún, insisten en que consideran “imprescindible” que “cualquier regulación parta de un diagnóstico riguroso y objetivo, que ya está sujeta a los mecanismos de supervisión administrativa y presupuestaria previstos en el ordenamiento jurídico”.
La respuesta de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) parecen
tener su propio resumen. Fuentes del organismo así lo deslizan, y es que detallan que su idea es
orientar el debate hacia “lo esencial”. “Garantizar la mejor atención al paciente y la sostenibilidad del sistema sanitario, utilizando de forma responsable todas las herramientas que la ley permite”, concluyen.
La posición de la Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES) va en línea. Como patronal de la sanidad privada en la comunidad autónoma, el organismo insiste en que enviará sus aportaciones en el caso que se mantengan
“planteamientos que puedan afectar al modelo organizativo y competencial de Cataluña”. Asimismo, la organización presidida por
Lluis Monset critica que “la norma intenta ser una norma restrictiva a la colaboración público-privada cuando tendría que ser todo lo contrario”.
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"La concertación sanitaria no equivale a privatización"
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Tal y como avanzan fuentes de esta patronal a
Redacción Médica,
sus aportaciones se centrarán en tres ejes. El primero de ellos se centra en el “modelo sanitario y enfoque no ideológico de la provisión”. ¿En qué consiste? Las voces cercanas a la presidencia de ACES lo especifican: “Sostendremos que la
calidad, la equidad y la accesibilidad del sistema no dependen de la forma jurídica del gestor, sino de la planificación, la gobernanza, los mecanismos de control y la evaluación pública”.
A su vez, hacen una especial referencia a las concesiones sanitarias. Cabe recordar que, como informó este periódico, este aspecto no tiene carácter retroactivo, por lo que aquellos contratos que ya estén en vigor no se podrán ‘tumbar’. “La concertación no equivale a privatización: cuando la financiación, la cartera de servicios y la supervisión son públicas, el servicio mantiene su carácter público.
El debate debe centrarse en cómo garantizar mejores resultados en salud, no en excluir apriorísticamente determinadas fórmulas de gestión”, apunta ACES en este aspecto.
El segundo de sus ejes se centra en la s
ostenibilidad, capacidad y accesibilidad del sistema. “Advertiremos del riesgo de que limitar la provisión privada reduzca capacidad asistencial sin que exista un análisis previo que acredite que el sistema público puede absorber esa actividad de forma inmediata.
Introducir rigideces organizativas en un contexto de listas de espera estructurales puede traducirse en mayores demoras y menor accesibilidad”, avanza la sanidad privada catalana. Así, también añade que “la sostenibilidad del
SNS exige utilizar de forma eficiente toda la capacidad instalada disponible y mantener instrumentos flexibles de gestión que permitan responder a la demanda asistencial”.
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"No existe una mayoría parlamentaria para aprobar esta norma"
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El
debate sobre la colaboración público-privada ha vuelto a surgir de la mano de esta norma. Precisamente, el tercero de sus temas gira en torno al marco jurídico y el
“respeto al reparto competencial” de este sistema sanitario mixto. ACES recuerda que las comunidades autónomas son las encargadas de la “organización y gestión de los servicios de salud”. Por lo tanto, “una regulación que limite de forma generalizada determinadas fórmulas organizativas puede alterar el equilibrio competencial, generar inseguridad jurídica y provocar tensiones institucionales”.
Las dos patronales de la sanidad privada coinciden: a la norma no apunta a tener ningún futuro. “Se trata de una reforma sensible, porque afecta a la estructura organizativa del sistema sanitario en distintas comunidades autónomas. Creemos que en estos momentos no existe mayoría parlamentaria para aprobar esta norma si mantiene su espíritu restrictivo”, insiste la organización de Lluis Monset.
La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), en manos de Herminia Rodríguez, remite a este periódico a las declaraciones que emitió poco después de conocer las líneas generales de la Ley de Gestión Pública: “
La norma parece nacer con escasas —cuando no nulas— posibilidades de prosperar, al contradecir el marco jurídico vigente de competencias autonómicas en un modelo de descentralización sanitaria aprobado desde 2003”.
Las informaciones publicadas en Redacción Médica contienen afirmaciones, datos y declaraciones procedentes de instituciones oficiales y profesionales sanitarios. No obstante, ante cualquier duda relacionada con su salud, consulte con su especialista sanitario correspondiente.
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