"Seguridad jurídica" en la no retroactividad de la nueva ley de conciertos

La sanidad privada se encuentra inmersa en una encrucijada. La Ley de Gestión Pública abre una etapa para este sector, y es que su aprobación en el Consejo de Ministros ha avivado, una vez más, el debate por la colaboración público-privada. Una unión de sistemas sanitarios que tiene detractores y firmes escuderos que ya han lanzado sus primeras reacciones ante esta norma impulsada por el Ministerio de Sanidad. Moncloa no ha tardado en dar a conocer las principales claves de este Anteproyecto, donde destaca la no retroactividad. En otras palabras, que no se ‘tumbarán’ las concesiones sanitarias que ya hayan sido concedidas con anterioridad. Un punto que el sector de la sanidad privada, tal y como ha confiado a Redacción Médica, ve con buenos ojos porque “aporta seguridad jurídica a los acuerdos” ya existentes.

Las valoraciones comienzan a surgir dentro del sector.  La Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES), la patronal de la sanidad privada en Cataluña, es una de esas organizaciones que se ha alzado a favor de la defensa de la colaboración público-privada. Precisamente es esta entidad la que ahora aborda con este periódico uno de los principales asuntos que el gabinete de Mónica García aventuró a Redacción Médica tras la comparecencia de la líder de Sanidad en el Consejo de Ministros. La no retroactividad de las concesiones sanitarias.

Las concesiones sanitarias se ‘libran’ de la Ley de Gestión Pública

La primera reacción es tajante. La patronal presidida por Lluís Monset asegura que valora “positivamente” esta falta de retroactividad en aquellos contratos que ya cuenten con una firma. “Aporta seguridad jurídica a los acuerdos y concesiones existentes, lo cual es fundamental para la estabilidad del sistema sanitario y la confianza de los operadores”, añade la organización. Sin embargo, deja un último apunte, y es que asegura que su principal preocupación consiste en que este Anteproyecto es “absolutamente negativo para este sistema”.

La no retroactividad no va a ser objeto de debate. Así lo afirma el presidente de ACES a Redacción Médica. ¿Por qué? Porque “la importancia es de la norma en sí, y en caso de que no se quisiera que no tuviera efecto retroactivo, serían los mismos redactores de la norma los que lo expondrían”.

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"Este Anteproyecto es absolutamente negativo para el sistema"

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Otro protagonista de la sanidad privada también aborda esta misma cuestión. “El hecho de que la norma no sea retroactiva demuestra que el Estado tiene un margen limitado para intervenir en los contratos que firman las comunidades autónomas, que al final son quienes organizan los servicios de salud según las competencias que tienen”, subraya a lo largo de la conversación con este periódico.

“Esta limitación protege la seguridad jurídica y evita siempre que el Gobierno pueda modificar derechos y obligaciones ya pactados en contratos públicos con empresas, no solo en sanidad, sino en cualquier sector”, concluyen estas voces al respecto.

La ley, en ojos de la privada catalana

El presidente de ACES, Lluís Monset, busca ir más allá de esta no retroactividad, y se une a las críticas de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) y la Fundación IDIS a esta norma y sus efectos en la asistencia sanitaria. “Es un intento de imposición por razones de política interna y de ideología marxista”, apunta el líder de la patronal catalana. Sus declaraciones sobre esta Ley de Gestión Pública activan las llamas de ese debate de la colaboración público-privada, y es que la organización incide en que los supuestos que recoge la legislación “no sostienen ni la décima parte de los ciudadanos, ni mucho menos de los representantes de ellos”.

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"Es un intento de imposición por razones de política interna y de ideología marxista"

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“Toda la exposición de motivos es un pretexto falaz para desarrollar una ley absolutamente perjudicial e innecesaria que enmiende las actuaciones liberalizadoras que no privatizadora”, destaca Lluís Monset cuestionado sobre este asunto. El presidente de ACES se apoya en la memoria colectiva, y recuerda que “España siempre ha tenido un servicio sanitario de carácter público en el acceso y la financiación”.

Los flecos de la norma siguen en el análisis de las organizaciones, así como de los profesionales sanitarios, que viven de primera mano las consecuencias de la implementación de esta legislación en el sistema sanitario español. No obstante, este Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) aún tiene que pasar el filtro político.

“La ley no tiene mayoría política ni social para aprobarse”, aventura Lluís Monset a Redacción Médica. Como represente de la Associació Catalana d'Entitats de Salut, el presidente incide en que, al igual que sucede en “cualquier otro ámbito de la vida”, en el caso de que “existieran defectos de adaptación de cambios progresistas que se pudieran implantar” tendrían un camino delimitado. “No requieren más que de la buena gestión y de la adecuada vigilancia de las administraciones que en el caso de Sanidad corresponde a las comunidades autónomas”.

La Ley de Gestión Pública reabre un debate

El Ministerio de Sanidad tiene un objetivo con este giro de guion. Así lo expresó Mónica García, líder de la cartera, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. Fue ahí donde la ministra ahondó en las razones que habían llevado al organismo a impulsar este proyecto normativo -que ya está en proceso de consulta pública-, a la par que desglosó las tres situaciones “especiales” en las que se prevé limitar la gestión privada del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Estas son cuando no sea posible la prestación directa; cuando se garantice la sostenibilidad financiera y eficiencia; y cuando se cumplan los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.

Esa regla es la que aviva ahora el debate de la colaboración público-privada, que en los últimos meses ha estado en boca de diversos protagonistas del sector privado. La Fundación IDIS, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES) y distintos protagonistas de la talla de Ana Pastor, exministra de Sanidad, han participado en esta discusión que ahora vuelve a estar bajo el foco de la esfera pública.

La polémica ya es una realidad. La sanidad privada no ve con buenos ojos el movimiento de Moncloa, y saca a relucir sus efectos tanto en los pacientes como en la propia sostenibilidad del sistema. Ahora será el ámbito político el que decidirá el destino final de esta Ley de Gestión Pública, que apunta a ser un punto de inflexión para el sector sanitario privado en el país.