García hace pedagogía de su Ley de Gestión: "Protegerá el modelo catalán"

Tiene trabajo por delante la ministra de Sanidad, Mónica García, para convencer al nacionalismo catalán de las bondades de su proyecto de Ley de Gestión Pública. La portavoz de Junts en la Comisión de Sanidad del Congreso, Pilar Calvo, ha exteriorizado este miércoles sus reticencias en torno a una norma que bajo su punto de vista vulnera las competencias de salud del Govern. Un extremo que la mandataria progresista niega: “El modelo catalán tiene históricamente consorcios y conciertos con entidades públicas o sin ánimo de lucro -ha defendido-. Es lo que queremos proteger”.

García ha sido protagonista en el pleno que se celebra este miércoles en la Cámara Baja, donde ha sido interpelada por Junts acerca de los efectos que tendrá sobre el sistema catalán de salud el proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad. La norma, aprobada hace una semana en Consejo de Ministros, va dirigida a blindar la gestión directa de hospitales y demás centros sanitarios frente a la “proliferación de modelos privados”. Estos solo se permitirán en tres situaciones excepcionales: cuando no sea posible la prestación pública, cuando se garantice la sostenibilidad financiera y eficiencia y cuando se cumplan “requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad de servicio”.

La Ley, ha reiterado la ministra García, no ‘castiga’ a la sanidad de Cataluña. Al contrario: “Lo que hay que hacer es deshacer las falacias sobre que el sistema catalán es un sistema privatizado -ha incidido-. Este responde al sistema Bismarck (frente al Beveridge que impera en el la mayor parte del territorio nacional) desde hace más de 40 años y tiene históricamente consorcios y conciertos con entidades públicas o sin ánimo de lucro”.

La ministra de Sanidad ha reiterado la diferencia entre los conciertos de Cataluña y aquellos que obcecan en el “lucro”. “El modelo catalán y la Ley de Gestión Pública lo que quieren es poner coto a los que quieren hacer caja y mejorar la salud de la gente”, ha sentenciado.

Fuentes del Ministerio ya avanzaron a este periódico que sería necesario realizar un ejercicio de pedagogía en torno de una norma que, insisten, pone el foco en el “lucro” de los organismos privados, no de todos los conciertos. En Cataluña, zanjan, “no les afectaría en nada”.

“No tiene por qué ser público, pero no puede haber ánimo de lucro; esa es la diferencia. Lo que no puede ser que la sanidad se convierta en un parque temático con modelos privados que no funcionan”, sentencian.

Injerencia sobre la gestión sanitaria catalana

En su turno de réplica, Calvo ha subrayado que los consorcios del servicio de salud catalán, por ejemplo el que mantienen con el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, dan acceso a la red a cerca de ocho millones de ciudadanos. En este sentido, ha denunciado que la Ley de Gestión Pública “es una injerencia competencial”, pues es el Govern “el que manda sobre su gestión sanitaria”.

“La Ley tiene un efecto secundario, que es el desmantelamiento del sistema sanitario catalán construido hace siglos, haciendo redes de centros públicos y privados para beneficio de todos”, ha remarcado.