Los médicos de la privada temen la Ley de Gestión Pública: "Es más presión"

El debate gira, una vez más, en torno a la sanidad privada. La aprobación del Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) en el Consejo de Ministros parece haberse convertido en un aliciente más para poner en el foco a la colaboración público-privada. Los médicos de la sanidad privada temen que esta norma pretende "reducir sus oportunidades de participación en la actividad asistencial del Sistema Nacional de Salud (SNS), especialmente allí donde existían modelos de gestión concesional o conciertos estables". Así lo explican a Redacción Médica fuentes del sector de la sanidad privada, que añaden que esta ley traerá "mayor presión laboral indirecta".

La norma afectará a los profesionales. Esa es la idea que sacan a relucir las voces consultadas por este periódico, que inciden en que este Anteproyecto "limita de manera estructural la colaboración público‑privada, estableciendo que los hospitales públicos solo podrán recurrir a entidades privadas en casos estrictamente excepcionales y cumpliendo simultáneamente condiciones de imposibilidad de prestación pública, sostenibilidad financiera y estándares de calidad".

Lo cierto es que la idea principal del Ministerio de Sanidad consiste en limitar la gestión privada del Sistema Nacional de Salud (SNS) a tres casos excepcionales. Estos escenarios son cuando no sea posible la prestación directa; cuando se garantice la sostenibilidad financiera y eficiencia; y cuando se cumplan los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.

Los efectos en los médicos de la privada

Las palabras de las voces consultadas por este periódico, conocedoras del sector privado de primera mano, se centran en desglose de lo que supondrá esta ley de Gestión Pública sanitaria para los médicos de la sanidad privada. Es precisamente aquí donde, además de mencionar esta mayor presión laboral indirecta, en la que subrayan que "si cae la demanda derivada desde la pública y se estrechan los marcos contractuales", también señalan que tendrán "menos actividad dentro del SNS en ámbitos donde la colaboración estaba institucionalizada" y "una posible reconfiguración de sus condiciones profesionales al quedar restringidos modelos mixtos o escenarios de cooperación".

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"La sanidad privada seguirá existiendo, pero con menos capacidad de integrarse en la red pública"

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Esa es la imagen que dejará la norma del Ministerio de Sanidad para los médicos del sector privado. Al menos así lo relatan estas fuentes a lo largo de la conversación con Redacción Médica, donde también dejan otra idea clave: "la sanidad privada seguirá existiendo, pero tendrá menos capacidad de integrarse funcionalmente en la red pública". Ese es el futuro que le depara a este modelo sanitario con el aterrizaje de la Ley de Gestión Pública que ya ha obtenido la luz verde de Moncloa.

Lo cierto es que las medidas incluidas en este Anteproyecto resultan, en palabras de estas mismas voces, “perjudiciales” para el trabajo de los profesionales sanitarios del sector privado. Principalmente, los médicos. En este sentido, el primero de los resultados se centra en una reducción del “perímetro operativo” en el que estos facultativos puedan prestar servicios financiados por el SNS. No es el único, y es que al listado remitido por estas fuentes se suma la dificultad de la “existencia de circuitos mixtos públicos-privados, que en algunos territorios "ofrecían estabilidad laboral y volumen asistencial”.

“Estas limitaciones se derivan directamente de la eliminación de fórmulas de gestión privada y de la conversión de la externalización en una vía ‘excepcional’”, apuntalan sobre el origen de estos defectos incluidos en uno de los apartados de este Anteproyecto.

La ‘batalla’ de la sanidad privada

La sanidad privada parece vivir en su propia encrucijada desde hace meses. El debate del sistema de colaboración público-privado ha puesto sobre relieve al sector, y ha provocado las reacciones de sus protagonistas.

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La ley traerá "una menor capacidad de expansión del SNS mediante concesiones"

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Este modelo, el de esa unión entre ambos sanitarios, se ha sumergido en una etapa de fricciones en la que se ha puesto el foco en la externalización de servicios o en la construcción y gestión de centros sanitarios.

Precisamente es este último apartado, el de la posibilidad de eliminar definitivamente fórmulas contractuales mixtas que vinculaban la infraestructura con la prestación del servicio (incluido en el Anteproyecto de ley), es el que destacan estas voces. Así, las voces expertas en sanidad privada consultadas por este medio inciden en que este bloque traerá consigo diversas consecuencias para el sector en su conjunto.

Por un lado, habrá una “menor capacidad de expansión del SNS mediante concesiones, lo que obligará a reforzar la provisión pública directa”. Primer punto sobre la mesa, pero la enumeración continúa. A este efecto se suma un “aumento de la presión asistencial en el sector público”, que se agudiza en aquellos espacios donde la colaboración público-privada se alzaba como el remedio para “absorber parte de la demanda”.

La implicación en la presión asistencial

Estas voces siguen a su paso con más claves. Y es que la sanidad española encarará una “mayor necesidad de inversión pública para cubrir el hueco asistencial que antes gestionaban operadores privados”. Así lo trasladan a este periódico en una conversación en la que también comentan una “previsible ralentización temporal de la capacidad de respuesta” en el caso de que la reversión de algunos de los servicios sanitarios no esté acompañada de “recursos suficientes”.

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"La norma trasladará más carga a los centros públicos"

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“La norma, en definitiva, trasladará más carga hacia los centros públicos, que deberán absorber actividad sin el apoyo estructural previo del sector privado”, concluyen sobre las implicaciones de la norma. Una ley a la que, sin embargo, no ven un recorrido “garantizado”. ¿Por qué? Porque según estas fuentes “la propia norma tiene muy complicado salir adelante tal como está redactada por falta de apoyos y por los plazos parlamentarios”.

Los médicos de la sanidad privada achacan los obstáculos de esta ley a otros aspectos. Principalmente, según detallan, uno de los problemas que encara la norma se centra en la existencia de un clima político “polarizado” en el que la existencia de comunidades autónomas que se alzan como defensoras de este modelo público-privado. Su implantación, por lo tanto, estaría sujeta a un debate con los distintos protagonistas políticos, a “intentos de modificación técnica y jurídica” y a su consecuente implementación progresiva en la que las posturas de los distintos territorios tendrán su propio papel.