La privada redirige su colaboración a las CCAA contra las listas de espera

La colaboración público-privada en sanidad necesita una reforma. Esta idea la han compartido distintos actores del sector privado en los últimos meses. Ana Pastor, presidenta de la Fundación AMA, abogaba por una reforma del modelo; la Fundación IDIS, encargada de aglutinar a las empresas privadas, planteaba una ley de garantías; y otras entidades y sindicatos han llamado al consenso. Ahora es la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) la encargada de explicar a este periódico los últimos avances.

“La colaboración en el sector privado es una herramienta útil para aliviar la prestación asistencial”, apuntan desde la patronal. Desde ASPE la idea es clara: el modelo público y el privado son 'hermanos’. Pueden convivir el uno con el otro. Eso es lo que han defendido en los últimos meses, especialmente desde que empezaron a ofrecer sus recursos para ‘desatascar’ el engrosamiento de las listas de espera del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Es en este punto, tras ese 'estamos dispuestos', en el que las fuentes consultadas por ASPE señalan a Redacción Médica los últimos avances. “No hemos realizado ningún ofrecimiento formal al Ministerio de Sanidad en relación con la colaboración público-privada para abordar el problema de las listas de espera”, confían desde la patronal. No obstante, el hecho de que no haya habido una conversación directa con Sanidad no implica que la patronal no haya tomado cartas en el asunto.

La organización, presidida por Carlos Rus, cuenta que es consciente de la situación. “Es uno de principales retos del sistema sanitario”, subrayan al respecto. Es por ello que, con el objetivo de reducir la presión asistencial en las listas de espera, la patronal ha comenzado una conversación con otros protagonistas: las comunidades autónomas.

“Mantenemos contacto directo con ellas”, comentan desde ASPE. Las voces consultadas por este periódico también hacen referencia a que las comunidades son “administraciones competentes en materia de gestión sanitaria”. Es por ello que, en sus palabras, “cualquier avance pasa necesariamente por esa interlocución territorial”.

Los retos de la colaboración público-privada

Más allá de esta presión asistencial que desde las distintas entidades privadas se ha puesto sobre relieve en los últimos meses, lo cierto es que ahora las comunidades autónomas viven también sus propios problemas. En el caso del País Vasco, la colaboración público-privada ha dinamitado el Pacto de Salud por Osakidetza.

El modelo es una de las 24 líneas del acuerdo que comenzó a gestarse hace un año con la llegada del actual lehendakari, Imanol Pradales, al poder. Fue entonces cuando Alberto Martínez Ruiz fue nombrado consejero de la comunidad y se planteó este Pacto de Salud. Una alianza en la que están implicados agentes públicos, universidades, o sindicatos, entre muchos otros

Uno de los grupos de trabajo de este Pacto de Salud por Osakidetza es la colaboración público-privada. La única línea que no ha seguido adelante en primera ronda y que tendrá que volver a redactar su texto el próximo 27 de junio.

Es en este escenario en el que la privada también ha tratado de jugar un papel. En este caso ha sido la Fundación IDIS, que en conversación con este periódico lanzó una petición para “superar las barreras ideológicas” y llegar a un “consenso” en el Pacto Vasco de Salud.

Ese es uno de los escenario que plantea la colaboración público-privada. También lo es el de los conciertos sanitarios, que en los últimos meses ha estado sobre relieve con la crisis sin precedentes de Muface, la mutualidad que dota de asistencia sanitaria a más de un millón y medio de personas. 

La colaboración público-privada continúa siendo uno de los asuntos que la sanidad tiene sobre la mesa. Un pilar, según lo denominan distintos actores del sector sanitario, clave para las listas de espera de todo el país.