La SEMG sostiene que la reincorporación gradual ayudaría a adaptarlas a cada situación clínica y laboral

La 'ventaja' de Familia en la baja parcial al conocer "patología y trabajo"
Francisco José Sáez, responsable de Gestión y Salud Laboral de SEMG.


La propuesta de permitir una reincorporación gradual al trabajo tras bajas médicas prolongadas -la llamada incapacidad temporal (IT) parcial- es vista con buenos ojos por parte de los médicos de Familia. Así lo defiende Francisco José Sáez, responsable de Gestión y Salud Laboral de la Sociedad Española de esta especialidad (SEMG), que considera que se trata de una medida “correcta” y más adaptada a la realidad clínica de muchos pacientes. Además, asegura que los especialistas de Primaria pueden valorar conjuntamente el estado clínico del paciente y las exigencias de su puesto de trabajo.

“Nos parece muy apropiado que se pueda hacer así, porque no debe ser una vuelta al trabajo tan radical o tan brusca”, señala Sáez, que asegura que la sociedad científica ya ha trasladado esta postura al Ministerio de de Inclusión, Seguridad Social y  Migraciones.

Una figura que permitiría adaptarse al paciente


Desde el punto de vista de la Atención Primaria, el principal valor de la IT parcial sería ofrecer una alternativa intermedia entre la baja completa y el alta médica, una situación que los médicos se encuentran con frecuencia en consulta. "Hay mucha gente que, según el tipo de enfermedad y el trabajo que realiza, podría incorporarse parcialmente sin mantener una situación que a veces es absurda”, explica.

Como ejemplo, cita casos de pacientes con problemas de espalda operados que desempeñan trabajos sedentarios. “Desde el punto de vista sanitario y funcional, lo lógico sería permitir su incorporación si es posible”, apunta. El mismo razonamiento se aplicaría a otras situaciones en las que la patología no impide cualquier actividad laboral, sino solo determinadas funciones. “Alguien con pérdida de visión no puede conducir, pero sí podría desempeñar otro tipo de trabajo”, señala.

Beneficio clínico y económico para el paciente


Más allá del criterio médico, Sáez destaca también el impacto económico que podría tener la medida. La prolongación de bajas innecesarias puede generar, según afirma, dificultades para los trabajadores. “Desde el punto de vista económico, la IT a veces genera un problema serio para el paciente”, afirma, por lo que considera positivo que exista la posibilidad de reincorporarse parcialmente cuando sea clínicamente viable.

Además, defiende que el trabajo puede incluso favorecer la recuperación en determinados casos: “Hay pacientes que, al volver a su actividad, pueden mejorar parcialmente su situación de salud”.

¿Más carga burocrática para primaria?


Sáez subraya que el papel del especialista de Familia es esencial porque permite unir dos elementos clave: el estado clínico y el tipo de trabajo. “El médico conoce la patología del paciente y también en qué trabaja, y esa combinación es la que permite decidir correctamente”, explica.

En este sentido, defiende que el sistema español, en el que el médico de Atención Primaria gestiona las bajas, es una ventaja frente a otros modelos europeos. “En países como Alemania o Reino Unido no siempre es el médico quien tramita la baja”, apunta.

Sobre el posible impacto en la carga de trabajo, Sáez considera que la medida no debería suponer un problema añadido para los médicos de Familia si se diseña correctamente. “La orientación clínica ya existe. No se trata de añadir una carga burocrática, sino de dar una herramienta más para ajustar mejor la situación del paciente”, sostiene.

En su opinión, la clave está en que la decisión se base en el criterio clínico del profesional que ya sigue al paciente. “No debería ser una obligación rígida, sino una posibilidad de valoración”, añade. 

En cuanto a la viabilidad del sistema, el responsable de SEMG considera que la Atención Primaria está preparada para asumir este modelo en todo el país, aunque reconoce que pueden existir diferencias organizativas entre comunidades autónomas. En cualquier caso, defiende que el modelo no debería suponer un obstáculo institucional. “No habría problema en que las comunidades lo implementaran si se acuerda a nivel general”, concluye.
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