Primaria vertebra en 5 ejes la mejora de la gestión de bajas en España

El gasto por incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes alcanzó los 33.000 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 14 por ciento respecto al año anterior y más de un 60 por ciento en comparación con hace una década. Estas cifras han reactivado el debate sobre la sostenibilidad del sistema y han centrado la presentación del informe 'La Incapacidad Temporal en España: diagnóstico, desafíos estructurales y propuestas de reforma', elaborado con la participación de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y promovido por la Fundación Economía y Salud.

El documento plantea que la incapacidad temporal no puede entenderse como un fenómeno aislado ni como un mero instrumento administrativo, sino como una realidad compleja que integra factores sanitarios, sociales, laborales y económicos. En este sentido, los expertos coinciden en la necesidad de de una reforma estructural basada en la coordinación institucional, la eficiencia del sistema sanitario y la corresponsabilidad de todos los actores implicados.

Y es que el catedrático de Economía de la Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha, Álvaro Hidalgo, ha subrayado la dimensión del problema al recordar que "más de un millón y medio de personas cada día no van a trabajar por encontrarse en situación de incapacidad temporal", apuntando que el aumento del gasto se explica tanto por el crecimiento del número de casos como por la prolongación de muchos procesos de baja. En algunos casos, ha indicado, esta situación se debe a déficits de coordinación entre instituciones o a la falta de recursos humanos suficientes para agilizar diagnósticos y tratamientos.

Propuestas de reforma y sostenibilidad del sistema

Así, Hidalgo ha defendido que el informe no se limita al diagnóstico, sino que incorpora una propuesta concreta de actuación. Según ha explicado, el documento plantea "cinco medidas estratégicas" dentro de una hoja de ruta a corto, medio y largo plazo orientada a garantizar la sostenibilidad del sistema de protección social.

La primera es la mejora de la coordinación entre instituciones, para reducir la duración innecesaria de los procesos de baja derivados de la falta de comunicación entre niveles administrativos y sanitarios. La segunda es el refuerzo de los recursos humanos y organizativos, especialmente en los ámbitos donde los retrasos en diagnósticos o tratamientos prolongan la incapacidad.

La tercera medida se centra en la agilización de los procesos clínicos y administrativos, con el objetivo de reducir tiempos de espera y mejorar la capacidad de respuesta del sistema. La cuarta apuesta por una gestión más eficiente de los recursos sanitarios y económicos, orientada a garantizar la sostenibilidad de la protección social sin comprometer la cobertura.

La quinta medida plantea preservar el carácter de equidad de la incapacidad temporal, asegurando que siga cumpliendo su función de protección de ingresos para quienes no pueden trabajar por motivos de salud.

En palabras de Hidalgo, el objetivo es "garantizar la continuidad de un sistema que permite la equidad para aquellas personas que transitoriamente pierden sus ingresos económicos como consecuencia de una situación de frenada transitoria".

La incapacidad temporal como pilar del Estado del bienestar

Por su parte, Vicente Pallarés, vocal de la Junta Directiva Nacional de Semergen, ha insistido en que "la incapacidad temporal no es un trámite administrativo”, sino "uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar". Según ha explicado, la gestión de la IT debe basarse en tres funciones esenciales: la protección de la renta del trabajador, la garantía del tiempo clínico adecuado para la recuperación y la cohesión social basada en la solidaridad colectiva.

A partir de este diagnóstico, Pallarés ha propuesto tres grandes líneas de reforma. En primer lugar, una modernización del sistema de gestión clínica, que permita mejorar el seguimiento de los pacientes y adaptar los tiempos de recuperación a la realidad médica de cada caso.

En segundo lugar, una mayor integración entre los distintos agentes implicados -Atención Primaria, mutuas, inspección médica, servicios de prevención y Seguridad Social- mediante sistemas de información compartidos que eviten duplicidades y agilicen decisiones.

En tercer lugar, ha defendido un cambio de modelo hacia la recuperación clínica y la reincorporación laboral progresiva, evitando tanto las reincorporaciones prematuras como las bajas innecesariamente prolongadas.

En este contexto, Pallarés ha advertido de que la actual situación responde a una "fuerte tensión estructural" derivada del envejecimiento poblacional, la transformación del mercado laboral y el aumento de patologías musculoesqueléticas y de salud mental.

Por eso, ha subrayado que "la escasa comunicación entre los distintos actores implicados" es uno de los principales factores que prolongan los procesos de baja y dificultan la recuperación.

Absentismo e incapacidad temporal: una distinción clave

A esta reflexión se ha sumado Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León (Cescyl), que ha defendido la necesidad de distinguir con claridad entre incapacidad temporal y absentismo laboral. "No son expresiones sinónimas", ha advertido, subrayando que el primero es un derecho vinculado a la salud, mientras que el segundo implica una ausencia voluntaria del trabajo.

Cabero ha planteado que la principal reforma necesaria es la creación de un modelo de gestión coordinado entre administraciones, adaptado al sistema autonómico español. Según ha explicado, la actual fragmentación institucional dificulta la eficacia del sistema. En este sentido, ha propuesto otras tres grandes líneas de actuación. La primera es una coordinación real entre comunidades autónomas, Seguridad Social, empresas, mutuas y agentes sociales, con objetivos compartidos en materia de reducción de la IT.

La segunda es la optimización de los recursos sanitarios disponibles, orientando parte de ellos también a la reducción de la duración de las bajas mediante una mejor gestión clínica, diagnóstica y de seguimiento. Mientras, la tercera línea es el refuerzo de los mecanismos de control y prevención del fraude, algo que "existe" aunque ha matizado que "no hay evidencia científica de que las personas quieran estar enfermas o prolongar voluntariamente una incapacidad temporal".

Igualmente, ha defendido la necesidad de avanzar hacia modelos de reincorporación laboral progresiva y flexible, ya que no todas las enfermedades afectan de la misma forma a la capacidad de trabajo. En algunos casos, ha señalado, el propio empleo puede formar parte del proceso de recuperación si se adapta adecuadamente.