El Gobierno reconoce que la tramitación de la norma será "delicada" a nivel técnico

El Gobierno mantiene su “compromiso” de aprobar este mismo 2025 el proyecto de Ley de gestión pública e integridad
Las ministras Mónica García (Sanidad),Pilar Alegría (portavoz) y Diana Morant (Ciencia). Europa Press.


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El Gobierno mantiene su “compromiso” de aprobar este mismo 2025 el proyecto de Ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), destinado a blindar la gestión directa en la prestación de servicios sanitarios y limitar, por tanto, el papel de la empresa privada. Reconoce el Ejecutivo, eso sí, que el proceso será tan delicado como “complejo” desde un punto de vista técnico, dado que la norma tendría “un enorme impacto” en centros y establecimientos de salud.

El gabinete de Pedro Sánchez responde de esta forma a una pregunta escrita registrada en el Congreso por el PP, que ya advirtió de la “manifiestamente deficiente” planificación normativa de un Gobierno, apunta, “incapaz” de sacar adelante sus propuestas. Entre ellas, la citada Ley de gestión pública e integridad del SNS, que parece haber quedado encallada (acumula más de 50 prórrogas en el plazo de presentación de enmiendas en la Cámara Baja) después de que el pasado año se lanzara el texto normativo a consulta pública para recabar las opiniones de organizaciones y particulares afectados.

Advierten los populares en su consulta escrita de que se trata “de un caso especialmente grave por haber fracasado también el Ministerio en su aprobación el año pasado, pues ya estaba prevista (la Ley) dentro del Plan Anual Normativo de 2024 y no se cumplió su aprobación”.

Aunque las expectativas del Gobierno no son tan negativas. En la respuesta que ha registrado en el Congreso, el Ejecutivo reconoce que “las circunstancias políticas, económicas o sociales pueden cambiar”, por lo que la programación normativa prevista puede desviarse en ocasiones del plan anual. “Asimismo, es necesario señalar que, en muchas ocasiones, el propio procedimiento […] puede sufrir demoras por distintas razones, como es la elevada cantidad de propuestas o alegaciones que se reciben en los trámites de consulta pública o audiencia, la necesidad de recabar informes no previstos inicialmente, o la complejidad técnica de la regulación proyectada”, añade.

Asunto "delicado" desde un punto de vista técnico


En este escenario, el gabinete de Sánchez reitera que sigue “manteniendo el compromiso de aprobar en el año 2025 el proyecto de Ley de gestión pública e integridad del SNS”. Aunque asume que esta norma “tendrá un enorme impacto en la gestión de los centros y establecimientos sanitarios, los cuales vienen desarrollando su praxis conforme a un texto normativo de 1986, como es la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad”. Es decir, que se trata de un asunto “delicado y complejo, desde el punto de vista técnico, abordar dicha materia”.

"Por otra parte, cabe señalar que cualquier regulación en esta materia requiere un análisis de la compatibilidad con el sistema de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y la legislación en materia de contratación pública por lo que hay que actuar de manera conjunta con diversos Ministerios", zanja.

Las tres ramas de la 'Ley Darias'


Lo cierto es que el tiempo se agota y solo quedan un pequeño puñado de consejos de ministros por celebrarse antes de que finalice el ejercicio. Aunque el propio Ministerio de Sanidad aseveró a Redacción Médica a finales de agosto de su intención de ‘acelerar’ tanto esta Ley de gestión pública, que es una de las tres partes en las que se troceó la frustrada ‘Ley Darias’ junto a la de Equidad y Cohesión del SNS y la de Universalidad, que se encuentran en trámite en la Cámara Baja.
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