La Ley de Gestión Pública llegará herida al Congreso por el modelo catalán

Aunque todavía queda un paso para que la Ley de Gestión Pública de Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) llegue a las Cortes, la reciente comparecencia de Mónica García en la Comisión de Sanidad del Congreso sirvió, entre otras cosas, para certificar algo previsible: el Gobierno lo tendrá difícil para salvar el escollo de la derecha de cara a aprobar la norma. A las reticencias de PP -que acusa al Ejecutivo de “criminalizar” la colaboración público-privada- y Vox -que define ese modelo mixto como “eficaz y eficiente”- se suman las de Junts, cuyos votos, a la postre, continúan siendo fundamentales para avalar o tumbar cualquier iniciativa legislativa. Su portavoz sanitaria, Pilar Calvo, afeó este martes a García el impulso de una ley que, según lamentó, atenta contra el modelo catalán de conciertos. Fuentes del partido independentista confirman a Redacción Médica que, cuando el texto se eleve a la Cámara Baja, presentarán una enmienda a la totalidad, y aunque reconocen no haber mantenido ningún contacto con otros grupos al respecto, auguran un futuro negro al proyecto: “Es un problema conceptual e ideológico. Esta ley no se va a aprobar”.

Cataluña ha estado en el foco desde que el Ministerio de Sanidad retomó a finales de 2025 el proyecto de Ley de Gestión Pública, cuya tramitación comenzó en mayo de 2024. La polémica en el Hospital de Torrejón de Ardoz, gestionado por Ribera Salud, hizo que el ministerio pisara el acelerador para elevar el texto en segunda vuelta al Consejo de Ministros. Fue en febrero. Durante los meses anteriores, García había repetido varias veces que el modelo catalán no se vería afectado por la nueva norma, redactada con el objetivo de “sacar el lucro” de la sanidad pública dando prioridad a la gestión directa de los servicios sanitarios. En ello insistió la ministra este martes en el Congreso: “El modelo que ustedes tienen en Cataluña no se ve afectado porque ustedes no tienen ánimo de lucro”.

Dos claves "inaceptables" para Junts

Pero las fuentes de Junts consultadas por este diario contradicen la versión ministerial basándose en dos claves de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) del anteproyecto legislativo. Según el documento, en la ley “se determina la gestión directa como la vía preferente en el Sistema Nacional de Salud”. Además, “se clarifica y organiza en una única sede normativa la relación de los modelos de gestión indirecta, que deberán estar debidamente motivados y ser sometidos a un procedimiento de evaluación previa”. “Es decir, se revisa en Madrid y se decide en Madrid”, traducen desde Junts. “Esto es inaceptable, se carga el modelo. El Estatut de Autonomía dice claramente que la parte de planificación y organización es de la Generalitat”, subrayan.

Los de Carles Puigdemont recuerdan que el 65 por ciento de los servicios sanitarios en Cataluña se prestan mediante acuerdos de colaboración con entidades privadas, un modelo “histórico” que “ha funcionado hasta la fecha” y que, según sostienen, se vería perjudicado de forma colateral por la Ley de Gestión Pública: “Hay una guerra con el Gobierno de Madrid que viene de la Asamblea, pero aquí estamos en el Congreso, y en el Congreso tiene que haber un respeto competencial”. Por eso, dicen, no darán marcha atrás a la hora de cumplir la amenaza anunciada en noviembre, después de romper su relación con el Gobierno: registrar una enmienda a la totalidad a todo aquel proyecto legislativo que llegue a las Cortes.

La postura de Junts contrasta con la de ERC en la forma, aunque no del todo en el fondo. Los republicanos catalanes reconocen a Redacción Médica que no analizarán el anteproyecto de ley hasta que no se inicie su tramitación parlamentaria, pero sí avanzan que no se opondrán a la norma si se cumple una premisa: “En Cataluña tenemos un sistema que funciona muy bien, así que vamos a vigilar que se mantenga”.

Sumar "peleará" por la Ley de Gestión Pública

Pese a las dificultades que entrañará la negociación, en Sumar no renuncian a la Ley de Gestión Pública: “La vamos a pelear. Tenemos claro que vinimos aquí, en parte, justo para eso, para hacer una ley que impida la privatización de la sanidad”. Fuentes del grupo plurinacional insisten en la idea repetida por Mónica García: “El anteproyecto de ley sólo se refiere a entidades con ánimo de lucro, cosa que no ocurre en el sistema catalán. Esta ley es para evitar que se derive el dinero público, los impuestos, a empresas que se benefician atendiendo nuestros problemas de salud”. Quien no aclara su postura es el socio mayoritario de Gobierno. Fuentes del PSOE indican a este medio que es pronto para pronunciarse sobre el futuro de un anteproyecto de ley que aún no ha llegado al Congreso.

El PP ve en la ley un fin "electoral" de García

Para el PP, las consecuencias de la entrada en vigor de un proyecto normativo como este serían “nefastas” para el SNS: “No responde ni a los problemas ni a las necesidades de la sanidad, sino al objetivo electoral de Mónica García”, según fuentes del partido. “En este caso, además, sorprende que el Gobierno intente criminalizar esta colaboración público-privada, cuando es el modelo que utiliza el Ministerio de Sanidad allí donde tiene competencias, como son Ceuta y Melilla”, apuntan.

Desde el Grupo Popular aprovechan para exigir a García que, “en lugar de abrir nuevos frentes por motivos sectarios y electoralistas”, se centre en solucionar “los problemas reales del SNS” como “la falta de profesionales y recursos o la conflictividad que ha creado con su falta de diálogo y consenso”: “El Ministerio de Sanidad está para servir a los ciudadanos, no para convertirse en plataforma electoral de quien ostenta la cartera”.

Redacción Médica también ha intentado recabar la opinión de Vox, pero, al cierre de esta información, no ha obtenido respuesta del partido. En cualquier caso, los de Santiago Abascal nunca han ocultado su defensa por la colaboración público-privada en el SNS. “Es necesaria para una sanidad eficaz y eficiente”, dijo el portavoz sanitario del partido en el Congreso, David García Gomis, en una entrevista concedida a este periódico en 2024.